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cuentas claras
Enrique Contreras Montiel
Federalismo en los hechos Una de las disputas que más han gastado las relaciones sociales de los mexicanos ha sido la tradicional entre centralismo y federalismo. Sin embargo, hay un conjunto de consideraciones que no permiten encontrar una solución definitiva y producen un equilibrio frágil de la práctica federalista. Indudablemente, el ejercicio de los derechos federales empieza por los materiales. Los derechos políticos, sin capacidad para convertirlos en disponibilidad de recursos materiales, crean un vacío. Pero la pobreza de muchos mexicanos tiene una parte sustancial de sustento en la incapacidad de esos segmentos de la población para decidir no solamente sobre su participación política, sino sobre los recursos presupuestales que en teoría estarían destinados a su atención. Los números Al inicio de esta década, los gobiernos estatales filtraban a la prensa de vez en cuando, sobre todo en periodos de polémica presupuestal, versiones que apuntaban que el ejercicio presupuestal que realmente llevaban a cabo las entidades de la República era mínimo. Se decía que menos de 20 centavos de cada peso correspondía a los estados y el resto al gobierno federal. Algo hay de cierto, pues en 1990 solamente 15.78% correspondía a gasto federalizado, según se asienta en el presupuesto público. Hoy, en la propuesta presupuestal para el año 2000, se notan cambios sustanciales en esa materia: se propone que 365 mil pesos, de los 986 mil que componen el gasto primario, se registren bajo ese rubro, lo cual implica que ahora el gasto federalizado sería de 37%. En cambio, el presupuesto ejercido por el Poder Ejecutivo pasaría de 81.4%, en 1990, a solamente 59.1% para el año 2000. Más allá de la buena voluntad El mecanismo de distribución presupuestal entre las entidades de la República tiene en el Ramo 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) a uno de los principales instrumentos de asignación presupuestal federal. En 1990 la asignación a las entidades se hacía básicamente por medio de las participaciones federales, las cuales representaban 91.5% del presupuesto para las entidades. El presupuesto para el 2000 propone canalizar por ese medio solamente 43.9% del presupuesto. En cambio, los recursos que serían distribuidos por el Ramo 33 representarían 49.7% del gasto federalizable. Pero que ahora las entidades federativas dispongan de mayores recursos tampoco significa una absoluta discrecionalidad en su uso. En realidad, 88.2% del Gasto Programable Federalizado tendrá como destino su aplicación en programas de educación y salud. El caso es que la federalización presupuestal no cubre el principal problema, pues los recursos públicos no alcanzan para atender las necesidades sociales sustantivas. Ello se debe a que el presupuesto público muestra una tendencia descendente. Los ingresos públicos representaban, en 1990, 25.5% del PIB; en cambio, en el año 2000 apenas estarán pisando 20% |
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