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barandal No dan la talla
Ciro Murayama
Que las elecciones en México son caras es una evidencia más grande que la Pirámide del Sol. Y con las carencias acumuladas y agraviadas que tiene el país, es difícil que a alguien le pueda gustar que se canalice tanto dinero a los procesos electorales (ese nimio detalle en el que descansa la legitimidad de las instituciones democráticas, como apuntaba Ortega). Sin embargo, más allá de los gustos, había y hay la necesidad de resolver el tema de la llegada a los poderes públicos por una vía electoral clara, transparente, pues de ello depende que contemos con un piso común para atender y resolver las mil asignaturas pendientes que hay en materia de equidad, justicia, etcétera. Ahí descansa la gobernabilidad y la viabilidad de una convivencia medianamente civilizada. Así lo entendieron los partidos y los legisladores al aprobar la reforma electoral de 1996 y las que se han acordado en las entidades federativas para sus elecciones locales. Los montos que en estos días se discuten para los institutos electorales en buena medida vienen determinados por la ley: prerrogativas a los partidos, financiamiento público a los mismos, recursos para las campañas, además de todo el capítulo de gastos en la organización de los comicios y mantenimiento de los propios institutos electorales. A la fecha, salvo ocurrencias, no han aparecido análisis serios que desmonten las propuestas de presupuesto de los institutos electorales por contener partidas innecesarias o injustificadas. Aun así, cada quien está en su absoluto derecho de creer y opinar que el gasto en las elecciones es excesivo, que debería canalizarse a otros asuntos y limitarse severamente. Pero sólo los legisladores pueden aprobar, rechazar o modificar las propuestas de financiamiento. Esa es su atribución y obligación como poder de la Federación y en las distintas entidades. Y a quien no le competa, puede quedar a disgusto, pero nada más, ahí está la Constitución. Esta situación legal, sin embargo, no es compartida, obviamente, por el Ejecutivo del Distrito Federal, que quiso recortar el presupuesto del Instituto Electoral del DF (IEDF) cuando no tiene esa atribución. Se siguió, además, sobre los presupuestos de la Comisión de Derechos Humanos, del Tribunal Electoral y del Tribunal Superior de Justicia del DF, que son organismos autónomos, cuyas partidas no se deciden ni modifican por el jefe (hoy jefa) de gobierno de la capital. En el caso del IEDF, su Consejo General aprobó el 19 de noviembre un presupuesto de mil 266.3 millones de pesos, de los cuales 507.9 (40.1%) corresponderían a las prerrogativas de los partidos políticos; 375.24 (29.6%) al Programa de Apoyo a las Elecciones (el IEDF organizará tres elecciones: la de jefe de gobierno, la de jefes delegacionales y la de diputados locales); 358.55 (28.4%) al programa ordinario y 24.67 (1.9%) a gastos de instalación. Con este proyecto el Consejo General del IEDF consideró que podría organizar las elecciones locales del 2000 y conseguir, también, la normalización de sus actividades a unas semanas de que se cumpliera un año de la promulgación del primer Código Electoral del Distrito Federal. El día de la aprobación, el acuerdo fue remitido a la jefa de gobierno para que lo incluyera en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. Pero el 30 de noviembre, el proyecto de presupuesto que recibió la Asamblea Legislativa tenía una cifra de 356.3 millones de pesos para el IEDF. Esta modificación, en vez de la pura inclusión, contradice lo establecido por el Código Financiero del Distrito Federal y por el Código Electoral del DF, que incluso para los que no somos abogados son bastante claros en esta materia. Además, la suma de los 356.3 millones no alcanza, como es obvio, ni para cubrir el monto del financiamiento público a los partidos políticos que se establece con base en el artículo 30 del Código Electoral. Para decirlo en breve, si hubiera espacio legal para que fructificara la propuesta que envió la jefa de gobierno para que el Instituto Electoral conduzca los procesos electorales en el DF, nos quedaríamos sin comicios locales el año próximo. El lunes 6 de diciembre, en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, el secretario de Finanzas de la ciudad, Armando López Fernández, explicó que el Ejecutivo decidió turnar una propuesta distinta porque su secretaría no recibió a tiempo el documento del IEDF. Los diputados exhibieron copias de los acuses de recibo: a la oficina de la licenciada Robles los documentos y la información complementaria llegaron desde el 19 de noviembre y a la Secretaría de Finanzas el 22 del mismo mes, ocho días para incluirlos en la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. A partir de ahí, la propia Asamblea decidió citar a los responsables de los órganos autónomos para que el fin de semana pasado expusieran, por sí mismos, la fundamentación de sus propuestas. La Asamblea, con apego a la legalidad, se hizo cargo de sus responsabilidades y, finalmente, habrá recursos suficientes para el proceso electoral en la capital. El asunto puede quedar en el anecdotario de las tentaciones autoritarias o del desconocimiento de la división de poderes en México, pero justamente un sistema de partidos, una convivencia democrática y la alternancia en el poder están ahí para erradicar esas prácticas. Y esta vez, el gobierno de la ciudad no dio la talla Ciro Murayama es economista por la UNAM. Realizó estudios de postgrado en la Universidad Autónoma de Madrid. |
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