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Es inaceptable y alarmante que unas decenas de presuntos rancheros, montados en sus caballos, hayan obligado al Senado de la República a retirar de su agenda la discusión de la Ley de Concursos Mercantiles y a cancelar su sesión ordinaria. El senador perredista y dirigente de El Barzón, Juan José Quirino Salas, llevó hasta allí a los jinetes porque "fue equivocada la valoración que hicimos" de la iniciativa de ley que, por cierto, contaba con el apoyo de las fracciones parlamentarias del PRI y el PRD.

Sin embargo, lo esencial es que baste con reunir a un grupo de personas decididas a recurrir a la violencia, para imponer su voluntad a una de las dos cámaras del Congreso de la Unión. Peor aún, que el gobierno del Distrito Federal, obligado a garantizar la seguridad a las instituciones federales aquí asentadas, se haya negado a acudir en auxilio de los senadores que solicitaron el retiro de los barzonistas.

El Estado de derecho continuará deteriorándose en la medida que las autoridades federales o locales se abstengan de aplicar la ley a grupos que amenazan con el vandalismo, como los barzonistas y los paristas de la UNAM ahora, y los violentísimos grupos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el pasado no tan remoto. Uno de esos grupos -encabezado por la líder de la sección IX del sindicato magisterial en el Distrito Federal- asaltó y causó destrozos al recinto senatorial el año pasado, y privó de la libertad por varias horas a algunos senadores, incluida la líder de la mayoría, María de los Angeles Moreno. La policía aprehendió a los agresores, sólo para que poco más tarde el propio Senado retirara la denuncia de hechos que había presentado ante las autoridades judiciales.

Algo muy parecido ocurre en Chiapas. La Ley para el Diálogo establece que las órdenes de aprehensión giradas por la Procuraduría General de la República contra algunos dirigentes del EZLN, incluido Rafael Sebastián Guillén, tendrán vigencia únicamente mientras se esté llevando a cabo el diálogo. Hace años que los representantes del grupo armado se levantaron de la mesa de negociaciones, y la PGR no ha cumplido con las órdenes de aprehensión.

Por su parte, las autoridades electorales de Hidalgo declararon que el candidato del PRI a la alcaldía de Pachuca había triunfado por poco más de 20 votos, hoy sabemos -o creemos- que de forma fraudulenta. Los diputados panistas amenazaron con boicotear el paquete económico para el año 2000, y en unos cuantos días las mismas autoridades electorales abrieron algunas urnas y "encontraron" votos inválidos para el candidato del PRI, lo que le dio el triunfo al del PAN. Los diputados panistas volvieron sin más al trabajo, e incluso negaron haber hecho una amenaza que a todos consta que cumplieron.

Entiendo que de lo que se trata es evitar problemas mayores y no caer en provocaciones. Si se cumpliera la ley en Chiapas, las tensiones serían mucho peores que hasta ahora y el escrutinio internacional sería más severo. Si se aplicara la ley a los paristas de la UNAM probablemente la enfermedad se habría contagiado a otras universidades públicas y el gobierno habría tenido que aceptar y al menos denunciar las maniobras perredistas antes y durante el paro. Si se diera protección al Senado de la República, el gobierno de Rosario Robles tendría que enfrentarse a uno de los más conspicuos grupos perredistas: El Barzón, con las consecuencias políticas que ello entraña. Si se cumpliera la ley en el caso de Pachuca, el Instituto Electoral del estado debería ser sancionado, quizá con un juicio político, tanto por haber permitido el presunto fraude del PRI como por haber maniobrado para "descubrir" un número suficiente de votos inválidos como para dar el triunfo al PAN.

Todo esto se entiende. Lo que no se entiende es por qué entonces no se modifican las leyes que se han convertido en estorbos para la política, en vez de violarlas. No lo entiendo y lo reprocho porque la aplicación irrestricta y sin excepciones de la ley y la formación de una cultura de respeto al orden jurídico son, quizá, los únicos recursos que le quedan a la sociedad para evitar que fenómenos sociales como el vandalismo, la delincuencia y la impunidad, tanto de los hombres y mujeres de poder como de los grupos violentos, acaben por empujarnos a la ley de la selva, la que impera en países que han ido más lejos que nosotros en la impunidad selectiva como columna de la estabilidad social y política.

El señor Quirino debería ser enjuiciado por el Congreso de la Unión y sancionado con apego al marco legal vigente. Si se le deja impune, como evidentemente se le ha dejado, el Poder Legislativo y en especial la Cámara de Senadores serán corresponsables del debilitamiento de ese espacio vital de la República. Los senadores que el año pasado retiraron la denuncia contra los profesores que irrumpieron con violencia en su recinto son responsables de que Quirino haya enviado a sus rancheros con todo y caballos para imponer un cambio en la agenda. Ellos mismos serán responsables si mañana otro grupo de pelafustanes se posesiona de la Cámara y toma como rehenes a sus integrantes para exigir cualquier cosa, desde la derogación de las exigencias a los microbuses en la capital hasta la eliminación del sistema de calificaciones en la UNAM; desde la entrega de las calles a los comerciantes ambulantes hasta la negociación de los resultados electorales en el 2000 o la cancelación de los comicios

Renward García Medrano es periodista.