El cielo vacío de la UNAM
Adrián Acosta Silva

Definiendo la modernidad

La afirmación fuerte que se quiere elaborar es que en Chile se construyó un nuevo modelo de acumulación, en particular a partir de 1984, que no tuvo, como en otros países, la feble base de la especulación financiera. Es decir, la política de ajuste que se llevó a cabo en Chile fue efectivamente exitosa -amén del costo social y de la interdicción política, etcétera- puesto que fue uno de los primeros países en el concierto latinoamericano en superar el régimen social de acumulación basado en la autarquía de los mercados internos y de los actores políticos y sociales que le era consustancial. Este sistema de relaciones que se prolongó desde la postguerra hasta, prácticamente en algunos países, iniciando los 80 suponía: 1) una industrialización sustitutiva de importaciones centrada en el mercado interno; 2) una relación compleja con los sectores agrarios tradicionales que no fueron tocados -Chile- o fueron un sostén importante para mantener la viabilidad de este esquema -las rentas vía impuestos que erogaba la oligarquía Argentina-; 3) una forma de liderazgo populista centrada en la figura carismática de un líder o, como Chile, en la existencia de un sistema de partidos propiamente tal aunque con la presencia de grandes figuras carismáticas -Alessandri, Frei, Ibañez, Allende-; 4) la existencia de un pacto político que unía y beneficiaba a los sectores medios vinculados al Estado a un sector del empresariado crecido al amparo de éste y de una importante franja de trabajadores. El Estado, en este cuadro, era el referente central, y el corazón de este régimen consistía en la repartición de las ganancias estatales a los participantes del pacto 5) el Estado, por ende, no era un actor autónomo ni efectivo, sino cautivo del pacto social a que se aludió y, por tanto, débil e hipertrofiado. El clientelismo definía el tipo de relación entre grupos corporativos, partidos y el Estado.

Estas son las coordenadas básicas de la sociedad del bienestar que se gestó en América Latina, que tuvo avances importantes en consagrar derechos sociales pero al costo de una rigidez, enclaustramiento y falta de flexibilidad que termina por estallar cuando las condiciones internacionales habían cambiado. El calvario de diversos países del continente para modificar este modelo ha sido largo y complejo. Véanse los casos de Argentina, Ecuador, Venezuela, Perú (ajustes con retórica populista, o espiral de expectativas y líderes sin repertorio con fuertes componentes autoritarios).

En este marco, regímenes tan diversos recubiertos o no con una retórica neoliberal -ya en retirada- han buscado enfrentar lo inevitable: la apertura de las economías, la búsqueda de ventajas comparativas en el mercado mundial, la descarga de los enormes gastos del Estado, el orden de las cuentas externas e internas, el control de la inflación, la racionalización de los sistemas impositivos, etcétera.

Este fue el proceso que Chile sobrellevó y le ha permitido desde 1985 un no despreciable crecimiento económico, aunque con una caída apreciable desde el año pasado, y cierta imagen de liderazgo en el concierto latinoamericano. De este modo, la transición a la democracia en Chile, a diferencia de países como Argentina y Brasil, se efectuó básicamente con una economía saneada y en plena expansión económica. Los aspectos centrales fueron: 1) el protagonismo de una coalición de centroizquierda que administra la transición y da seguridad al mundo empresarial y logra comprometer a los sectores populares; 2) se efectúa una transición pactada sin rupturas a partir de la propia Constitución del régimen militar de 1980; 3) esto supone la existencia de ciertos dominios reservados autoritarios con los cuales hay que convivir: inamovilidad de los comandantes en jefe, Tribunal Constitucional, Consejo de Seguridad Nacional y, estelarmente, la existencia de senadores designados que son la válvula de seguridad de la derecha; 4) la percepción militar del deber cumplido y su retiro triunfante a los cuarteles (el contraste con Argentina es evidente).

Si las consideraciones precedentes son acertadas, la hipótesis adicional que aquí se señala es que la coalición de gobierno se encuentra en la difícil etapa -de resultado incierto- de pasar de un conglomerado que instaló la democracia, a uno que debe encabezar lo que se pudiera llamar una modernización difícil (parafraseando el lenguaje cepaliano referido a la sustitución de importaciones), una vez que la etapa "fácil" -el ajuste- ya se efectuó.

El papel de los actores políticos

La sociedad chilena ha cambiado de manera vertiginosa en estos años. Por lo menos se pueden anotar los siguientes síntomas de estos cambios:

° Sin que exista una recomposición radical de las preferencias políticas, éstas aparecen hoy más líquidas y volátiles. Por ende, las culturas partidarias han perdido el peso y la irradiación que tenían antaño.

° Está más marcada hoy en día una adscripción genérica a bloques políticos y menos a partidos, y más adhesión a liderazgos en donde se premian los atributos de la credibilidad, la capacidad de gestión -doers- y la estatura moral.

° Se ha producido una marcada rutina de la élite política que a menudo es vista a través de los medios como ajena a lo que acontece en la sociedad y más preocupada de peleas intestinas y desencuentros entre ella. Esto ha generado un caldo de cultivo para una visión que se ha extendido en contra de las élites políticas y de la política propiamente.

° El ethos de la modernización no logró convertirse en un nuevo mito de integración y movilización de energías sociales. La acción colectiva no se rige pura y simplemente por la lógica instrumental del consumo y del mercado. La política es el único lugar donde se genera un cemento social efectivo y duradero.

° Han surgido nuevos estratos y sectores sociales cuyo vector de integración ha estado básicamente centrado en el consumo y en la simbología de los medios de comunicación que percibe con distancia a la élite política tradicional y en general a las instituciones.

° Curiosamente ha surgido un populismo de derecha que ha aprovechado estas circunstancias de desidentificación con la política y las ha explotado para convertirlas en un fenómeno de marketing electoral inédito en la historia política nacional. Es la campaña de la antipolítica, de la distancia con los partidos políticos y las instituciones. Esto encierra peligros y un efecto dañino para la propia democracia chilena en tanto se socavan aún más los febles pilares del andamiaje democrático construido en estos años. En ello la derecha tiene una responsabilidad de primera magnitud: ella no ha resuelto sus problemas con la democracia ni con los factores económicos e institucionales que la resguardan, sólo los ha ocultado para buscar un rendimiento electoral de corto plazo.

Redefiniendo la política chilena

Tal redefinición supone sentar las bases de un desarrollo del país en lo que se pudiera denominar un consenso socialdemócrata. Este comprendería los siguientes aspectos: en primer lugar, la existencia de algún tipo de pacto entre el Estado, el empresariado y los trabajadores que supone un conjunto de compensaciones, tales como un acuerdo sobre impuestos, empleo, sindicalización y un conjunto de apoyos estatales en materia productiva. En segundo lugar, la cristalización por parte del Estado de una red de seguridad social adecuada referida a salud, educación, protección al desempleo y atención a la pobreza. En tercer lugar, la organización de un acuerdo sostenible en el tiempo con los actores sociales de mayor peso corporativo. En cuarto lugar, el desarrollo por parte del Estado de una política de ampliación de derechos ciudadanos y promoción de las libertades.

La reorientación del modelo económico que se llevó a cabo en Chile en la década de los 80 tuvo el mérito de anticipar los cambios inevitables que las economías latinoamericanas han debido enfrentar: apertura de las economías, desarme paulatino del histórico pacto populista, racionalización de los gastos del Estado, etcétera.

Las opciones

Si la alternativa es seguir con el actual modelo económico sin modificación alguna, sin duda se aseguran tasas interesantes de crecimiento pero al costo de una política de redistribución muy menguada. Por otra parte, si la opción es introducir ciertas variables políticas, naturalmente sin alterar los equilibrios económicos, adjudicándole un rol pro-activo al Estado, es posible compatibilizar en el largo plazo el crecimiento con el bienestar.

Así, una nueva etapa de desarrollo del país supone rediscutir sin tapujos con el empresariado un nuevo arreglo tributario. Como se sabe, a la entrada del régimen democrático en 1990 se produjo quizá el único acuerdo sustancial con el empresariado. Desde ese momento han existido iniciativas importantes, tales como el Foro de Desarrollo Productivo, pero en la práctica no se ha tocado el tema de la carga tributaria ni tampoco los grados de participación del sindicalismo -que se encuentra en proceso de renovación- en un pacto con la clase empresarial.

En términos de políticas de redistribución es extremadamente importante lo que se ha avanzado en las más diversas áreas. Sin embargo, más allá de afirmar que toda modernización produce naturalmente temores, ella siempre ha estado asociada -ver los casos europeos más clásicos- a un conjunto de políticas que no sólo han reducido la incertidumbre sino que también han generado una malla de protección desde el Estado que ha potenciado a los más débiles y entregado oportunidades a los más talentosos. La discusión en la socialdemocracia contemporánea más bien se centra en la eficacia de la administración de recursos, en una adecuada identificación de los beneficiarios y en la rigurosidad en combinar los periodos de protección social con adecuados incentivos para que las personas se integren al mercado (por ejemplo, la discusión británica en relación con las nuevas formas del seguro de desempleo).

En el plano de los acuerdos con los gremios, particularmente del sector público, también es menester constatar los avances en mejorías de salarios y en condiciones laborales en general. En el largo plazo se hará cada vez más patente la necesidad de un vínculo más estrecho entre remuneraciones y desempeño y de una gestión cada vez más descentralizada, sin perjuicio de contar con una matriz de orientación central común.

Finalmente, en referencia a la ampliación de derechos ciudadanos, si bien en los hechos ellos aparecen como una demanda elitista ligada a menudo a las clases medias ilustradas, estas políticas constituyen un imperativo del Estado en términos de generar una sociedad más culta, informada y despojada de vetos y protecciones ajenas a la voluntad individual. Iniciativas como la abolición de la detención por sospecha, el conjunto de derechos del consumidor plasmados en la ley de aprobación relativamente reciente -aún limitados- son muestras del empeño del gobierno en este sentido. Temas tan básicos como la abolición de la censura cinematográfica y la aprobación de una ley de divorcio reclaman una acción permanente del gobierno que debe proyectarse con vigor hacia el futuro.

¿Tiene sentido avanzar en esta línea política en el futuro? Como se ha dicho en otros lugares, la Concertación ha vinculado lo que en otros contextos sociales se ha verificado de manera asincrónica: en Chile una coalición de centroizquierda ha gobernado y simultáneamente ha resuelto gradualmente demandas sociales sin caer en políticas populistas.

Quizá en una economía como la chilena el consenso socialdemócrata tome más tiempo y sea más laborioso, pero ésta parece ser la única respuesta posible para armonizar el crecimiento económico con la integración social. En esta alternativa política volverá a aparecer el bloqueo institucional expresado en el Senado. Sólo una reforma global de amplia apelación ciudadana lo podrá destrabar. Lo anterior se ha visto ampliamente refrendado por el anuncio del Presidente en orden a presentar un proyecto de ley que le permita llamar a plebiscito para dirimir cuestiones sustanciales de la vida nacional. En estos días nos enteramos, al calor de las respectivas campañas electorales, que la derecha una vez más ha vetado el proyecto

Paulo Hidalgo es sociólogo. Profesor del Instituto de la Ciencia Política de la Universidad de Chile.

Ponencia presentada en el Congreso de Ciencia Política, 17 y 18 de noviembre, Santiago, Chile.