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La tregua se dio a conocer una vez que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Eusko Alkartasuna (EA), decidieron firmar, junto con Euskal Erritarrok (EH) -la marca electoral de ETA-, el "pacto de Estella" (al que se sumó también la inefable coalición de Izquierda Unida), a partir del cual impulsarían "el proceso de construcción de Euskal Herria", una patria independiente. Además, la tregua se produjo en un clima de creciente rechazo al terrorismo por parte de la sociedad española, que se movilizaba masivamente cada que se perpetraban acciones violentas (nunca, desde el crimen contra abogados laboralistas perpetrado en la calle de Atocha en Madrid durante el franquismo, habían salido tantos españoles a las calles a mostrar su repudio como cuando fue asesinado el joven concejal del Partido Popular, Miguel Angel Blanco, en 1997).

Ahora, a 14 meses sin atentados, ETA argumenta que abandona la tregua porque el PNV y EA no han cumplido con su pacto: crear un espacio institucional propio y soberano de los vascos -que incluiría regiones del País Vasco, Navarra y parte del sur de Francia- y no han llegado a la ruptura definitiva frente al PP y PSOE. En su último comunicado, la banda terrorista dice textualmente que en el gobierno del País Vasco "PNV y EA daban importancia a la gestión habitual, adhiriéndose al marco estatutario de La Moncloa, y no a las iniciativas encaminadas a poner en marcha el nuevo marco jurídico-político". Es decir, reprochan que esos partidos no se separaran de la constitucionalidad en que gobiernan ni desconocieran, así, no sólo a España sino al propio marco institucional de la Unión Europea, es decir, por no hacer imposibles.

A los gobiernos español y francés ETA les acusa de continuar con la represión hacia sus militantes, cuando en realidad lo que hubo fueron detenciones por delitos ya cometidos y sobre personas con orden de aprehensión o por faltas que ETA continuó realizando, como el robo, en septiembre pasado, de seis toneladas de explosivos en Francia, a raíz de lo cual se capturó al asesino del profesor Francisco Tomás y Valiente.

Al mismo tiempo, desde el gobierno español se inició el proceso de reacercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco, la liberación de algunos de ellos por razones humanitarias (los enfermos terminales) y se ofreció a 304 activistas que permanecían en el extranjero acusados de diversos delitos que no fueran de sangre la vuelta a España anulando las causas penales que tuviesen pendientes, para lo cual incluso acudieron enviados del gobierno de Aznar a mantener contactos en México y Venezuela.

Entre ETA y el gobierno español hubo, asimismo, encuentros, que fueron cancelados por la organización terrorista luego de una infructuosa charla sostenida en Zurich en mayo anterior. Desde el principio la negociación resultaba difícil, pues el gobierno habría de atender el tema de los presos -a lo que se oponían sobre todo las organizaciones de familiares de las víctimas- pero no podía pactar la fragmentación de España ni acordar la modificación constitucional fuera de los espacios previstos para ello, ni excluyendo a los sectores mayoritarios de la sociedad vasca y española en su conjunto, así como a las fuerzas políticas legales. Esa dificultad también era clara para ETA y ni siquiera atribuye a la dilación de las pláticas el fin de la tregua.

El reinicio de las acciones violentas más parece deberse a la incapacidad de la organización terrorista de arrastrar a todo el entorno nacionalista a una ruta de abierto enfrentamiento con España que ni los propios vascos respaldan mayoritariamente, como probaron las dos elecciones realizadas en el tiempo que duró la tregua. En octubre de 1998 y en junio de 1999, los vascos votaron por los partidos nacionalistas y constitucionalistas en partes prácticamente iguales, y además el voto al nacionalismo no implica un refrendo al independentismo a ultranza, como lo demuestra, también en España, la postura de Convergencia i Unió en Cataluña.

Siendo así, lo que dio al traste con la estrategia de ETA fue la pluralidad de la sociedad vasca, mostrada en la voluntad de su sufragio, que impide identificarla con el proyecto del nacionalismo radical. Porque la gente iba a votar y cotidianamente vivía sin la zozobra de la muerte (aunque continuó el terrorismo "de baja intensidad" que afectaba sobre todo a ediles de los partidos no nacionalistas), pero en ese escenario ETA no estaba ganando lo que aspiraba y no pudo tolerar que el resto no dejara de perder.

Por tanto, la tregua no era una convicción, una vocación, sino un paso en la instrumentalización de su objetivo supremo, la creación de la patria -aunque sus eventuales habitantes no comulguen con esa idea-, y por eso la abandonan. La estrategia, ahora, vuelve a ser la de las armas, la del ejercicio de la violencia de unos pocos sobre el resto, la de la imposición de puntos de vista por la vía del terror, y eso, sencilla y dolorosamente, se llama fascismo.

Por ello no puede haber postura intelectual ni moral que no condene a ETA, a sus métodos, y se solidarice con una población que, sin deberla ni temerla, vuelve a vivir amenazada por el tiro en la nuca o la explosión en el supermercado

Ciro Murayama es economista por la UNAM. Realizó estudios de postgrado en la Universidad Autónoma de Madrid.