El teatro de las identidades
Néstor García Canclini

Cuando el ya lejano 20 de abril un numeroso grupo de estudiantes colgaron banderas y cerraron los accesos de la UNAM declarando la huelga contra lo que consideraron antes y después como una conjura bautizada por ellos mismos como el "Plan Barnés", muy pocos creían en la posibilidad de que el conflicto se alargara más allá de final del mes o a principios de mayo. Aunque el grupo de inconformes agrupados, fundamentalmente, en las Facultades de Ciencias, Economía, Ciencias Políticas y Trabajo Social, además de los CCH y algunas prepas y ENEP (todo ello parte del monstruoso complejo institucional que llamamos UNAM) habían declarado sus propósitos casi desde un año antes, cuando la reforma al pase automático y el anuncio del estudio del incremento de las cuotas fueron las constantes discursivas de la rectoría barnesiana. En realidad, sus protestas y movilizaciones tuvieron escasas repercusiones en la comunidad estudiantil y académica de la universidad. Pero ahora, luego de más de siete meses de tomadas las instalaciones de la universidad, con la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas y la renuncia del propio Barnés, la institución está situada en el peor de los escenarios posibles, a sabiendas de que eso de "peor", como dice Martin Amis en Tren nocturno, es un término siempre elástico.

En estos largos meses, la opinión pública se ha poblado de ocurrencias, descalificaciones, adhesiones, actos de fe, intentos de exorcismos ideológicos y políticos, se han inventado conjuras y se han erigido mitos instantáneos. Han ocurrido algunos enfrentamientos en la calle entre paristas y estudiantes que se oponen a ellos, la policía capitalina ha sido hasta ahora una tímida fuerza vigilante de los acontecimientos, y el ahora ex jefe de gobierno del DF, Cuauhtémoc Cárdenas, se ha mantenido en la grisura característica de su ambigüedad política: "Mi postura está clarísima", declaró a fines de agosto, respondiendo a los paristas que le exigían una definición de estar con ellos o contra ellos. "Véanla en los periódicos", les mandaba decir con las decenas de periodistas que todos los días le siguen a donde va, con su acostumbrado rostro inexpresivo. Los paristas, por su parte, en estos meses rompieron con el ala moderada del movimiento, con los impulsores iniciales del movimiento (el PRD del DF), para seguir embelesados con los mensajes de aliento de Marcos, y enviando a varios de sus líderes a visitar a los encapuchados de Las Cañadas para apoyar sus demandas, ocurrencias y reclamos.

¿Cómo llegó a configurarse este escenario de empantanamiento y polarización en la máxima casa de estudios del país? ¿Qué factores han contribuido para generar un clima enrarecido donde el maximalismo y la intolerancia han ocupado el centro de una institución del saber? Ya muchos analistas y observadores han señalado algunos de ellos: conflictos intergeneracionales, "chiapanización" de la UNAM, debilidad de las estructuras del gobierno universitario, antiintelectualismo, largos años de ideologización e hiperpolitización, crónica debilidad financiera de la institución, un contexto de ambigüedad y abandono gubernamental de la universidad. Sin duda, todos esos factores juegan un papel específico para construir una explicación sobre la dinámica de enfrentamiento que desde abril hasta el momento de escribir estas líneas ha alcanzado su grado máximo de polarización en la universidad. No obstante ello, continúa sin haber una explicación consistente del modo como la coyuntura y las tendencias del pasado reciente confluyen en la huelga de la UNAM, de sus actores y motivos, y de las implicaciones que en el corto y el largo plazo puede traer el nudo ciego de la UNAM en el conjunto de la educación superior pública del país.

El poder y el vacío

Desde hace años el poder en la UNAM es multicéntrico. Un ejercicio de mapping permitiría situar en cada facultad, instituto o dependencia burocrática universitaria una compleja red de intereses que enlazan a diversos actores internos y externos. Las facultades tradicionales, por ejemplo, están dirigidas por catedráticos y profesionistas prestigiados, que imprimen un perfil peculiar a los equilibrios de poder interno, y constituyen los referentes ineludibles de cualquier decisión importante que afecte el rumbo de la universidad y de los establecimientos singulares, desde la designación del director o la reforma a los planes de estudio. Y no podía ser de otra forma: varias generaciones de académicos y de estudiantes, de profesionistas y líderes políticos se han formado bajo la influencia de médicos, ingenieros, economistas o abogados prestigiados, que individualmente o por medio de los colegios o barras de profesionistas a las que pertenecen, han logrado constituirse como los referentes legítimos de la orientación y formación de nuevas generaciones de universitarios.

Sin embargo, desde los años 70 a esa estructura tradicional de ejercicio del poder en la universidad se han superpuesto otras estructuras. La sindical, la estudiantil y la burocrática, en ocasiones de manera conjunta o separada, constituyen redes organizadas de poder que compiten o bloquean sistemáticamente la toma de decisiones importantes en cada escuela, facultad o centro de investigación universitarias. Estas redes actúan en los consejos técnicos, en los consejos de escuelas y asambleas de académicos, trabajadores administrativos o de estudiantes, e intentan sistemáticamente tener representación en el máximo órgano de gobierno de la UNAM: el Consejo Universitario. Frente a una instancia que ha sido cuestionada por su irrelevancia práctica, su variable influencia política y su sobrerrepresentación simbólica -la Junta de Gobierno-, los grupos organizados de la universidad transitan por las diversas instancias en función de su poder de bloqueo y su fuerza movilizadora, y son sus intereses corporativos, más que sus ideas y aspiraciones innovadoras, el motor de la parálisis o de los cambios en la universidad.

Este complicado y siempre frágil conjunto de arreglos institucionales en el ejercicio y distribución del poder en la universidad se reforzó aceleradamente en el curso de los años 80 y 90. Produjo típicos juegos de suma cero entre los actores y explica, por lo menos en parte, el grave estancamiento académico de muchas áreas institucionales de la UNAM. Pero el saldo políticamente más claro y preocupante de todo el proceso es que en el centro de la vida política de la universidad está el vacío, es decir, no existe un centro político lo suficientemente fuerte, capaz de imprimir un sentido reformador y juegos de suma positiva a los intercambios políticos que ocurren en la universidad nacional.

En consecuencia, el rector -la máxima figura simbólica de representación de la universidad- es una figura muy débil, atrapada en la gestión de los múltiples asuntos cotidianos de la administración universitaria, pero también limitado por la gran cantidad de intereses y riesgos que representan los diversos grupos, grupúsculos y organizaciones de la universidad. Cuidar la estabilidad y los delicados equilibrios internos es una de las funciones latentes, no manifiestas del rector y su administración, una labor ciertamente alejada de la necesidad de que, en un contexto de cambios acelerados y desafíos múltiples a las instituciones del saber, las universidades, sobre todo las públicas, emprendan reformas profundas a sus estructuras y orientaciones. El problema del poder en la universidad es pues, en el fondo, no tanto un problema de gobierno como de gobernabilidad, es decir, no parece consistir tanto un problema de estructuras de gobierno como de la relación entre la producción de demandas de gobierno y su procesamiento por parte de las autoridades de la universidad.

La política y las políticas

En ese complejo entramado de intereses y poderes, la política es, en coyunturas críticas como la actual, el arte del ejercicio de la fuerza, no de la persuasión. La autoridad de la rectoría y de los cuerpos colegiados de la universidad son presa fácil de aquellos que son capaces de movilizarse y bloquear las decisiones legales y legítimas de los cuerpos directivos de la universidad. Las reformas al reglamento general de pagos, y su práctica derogación en el transcurso del conflicto son muestras evidentes que las decisiones de la autoridad -en un escenario dominado por sus opositores- son vistos como actos autoritarios, cuestionados y, en el mejor de los casos, indiferentes para quienes como los ultras, creen firmemente que ha llegado la hora de la insurrección nacional desde Ciudad Universitaria. La frase de uno de los líderes de la huelga ante la propuesta de los maestros eméritos de devolver las instalaciones universitarias es elocuente de ese clima revolucionarista de fin de siglo que respiran todos los días los paristas universitarios: "Ceder en la huelga es como pedir al EZLN que entregue sus armas". Todo o nada, el código básico de la antipolítica, se ha convertido en la moneda de uso común entre los huelgistas de la UNAM.

Pero más allá de los delirios izquierdistas de los ultras y sus simpatizantes y defensores, está el asunto de la actitud gubernamental frente a la Universidad Nacional. Luego de varias reformas a las políticas federales universitarias, basadas en un claro activisimo gubernamental por promoverlas y ponerlas en marcha, la década de los 90 ha significado un periodo de cambios importantes entre el Estado y las universidades públicas. Evaluación y autoevaluación, incentivos a la reforma de las estructuras académicas y administrativas, diversificación de modos y montos de distribución de recursos financieros, creación de nuevos instrumentos de política y organismos especializados dedicados a introducir cambios y evaluar el desempeño de las universidades (el Ceneval es el más célebre y cuestionado de ellos), forman la parte medular de la política modernizadora que el gobierno federal impulsa consistentemente desde hace una década.

Esa nueva ola modernizadora ha formado un "clima" de cambio que explica indirectamente las reformas universitarias de centros de enseñanza públicos tan importantes como las de Sonora, la Autónoma de Puebla o la de Guadalajara. Explica también la persistencia y, en algún sentido, la agudización de viejos problemas de pertinencia y calidad académica de las funciones universitarias. El caso es que esas políticas han impactado débilmente a la UNAM, en virtud tanto de su posición en el conjunto de las universidades públicas como en razón de su peculiar configuración interna. Ante ello, el gobierno federal -que, cabe recordarlo en los tiempos de la amnesia política, incluye tanto al Ejecutivo como al Legislativo- ha decidido una no política de reforma a la UNAM, disfrazada de respeto a la autonomía universitaria, la cual ha significado también un abandono paulatino de la responsabilidad gubernamental frente a los problemas de la universidad.

Asomarse al abismo

En esas circunstancias, el estallamiento y mantenimiento de la huelga universitaria son producto de tendencias fuertemente arraigadas en la UNAM. El largo proceso de erosión de la legitimidad de las autoridades universitarias en las franjas políticamente hiperactivas de la comunidad estudiantil, magisterial y sindical, la apuesta de algunos grupúsculos de la universidad por enlazar el conflicto interno con procesos externos, en un contexto de deterioro creciente de los recursos financieros y materiales de la universidad y de cuestionamiento creciente a la imagen pública de la institución, son varios de los elementos que ha puesto en juego el ya largo conflicto universitario. Todo parece indicar que sólo una reforma al ejercicio y la distribución del poder en la UNAM podrá preceder a una reforma institucional profunda y duradera, que intente acoplar la arritmia entre los cambios sociales y científicos con los cambios institucionales, y devuelva a las autoridades universitarias la legitimidad perdida. Pero ello también requiere de un cambio más radical y profundo en la universidad: colocar límites académicos y políticos a los grupos antisistema que sigue produciendo la universidad. A final de cuentas, la huelga se resolverá en algún momento, con todo y los altísimos costos que ha generado a los universitarios y a la sociedad mexicana. El problema es que de no iniciar una transformación en el perfil de la gobernabilidad universitaria, centrada en la cultura académica y en el prestigio basado en el conocimiento, la universidad seguirá caminando al filo de un largo abismo, con un cielo vacío, y con la imposición de dioses que niegan la única fuerza real de la universidad: el viejo arte del ejercicio de la razón y el desarrollo de la ciencia

Adrián Acosta Silva es doctor en Ciencias Sociales por Flacso, sede México.