la granja
Cuestionamientos
Raúl Trejo Delarbre

En los peseros de la ciudad de México se podía leer: "Bienvenida señora Robinson. En México no se respetan los derechos de los trabajadores del transporte".

Y así por el estilo. No era para menos: la visita de un relator especial es un fenómeno poco común, y sólo se da en lugares donde existe una grave preocupación sobre la violación a las garantías individuales.

Aquí, como todos sabemos, se han realizado reformas legales que atentan contra toda una tradición jurídica y que para colmo no han resuelto, sino agravado, el problema de la criminalidad.

Se apostó por el endurecimiento, sin acompañarlo de un esfuerzo serio para capacitar y modernizar, y los resultados están a la vista.

Por eso, entre otras cosas, fue importante la visita de la señora Robinson.

Creo que quedó claro que el esfuerzo por implementar una cultura respetuosa de los derechos humanos es a nivel mundial y que con ello se puede desmontar toda la propaganda -muchas veces impulsada desde el oficialismo- contra los defensores y las instituciones encargadas de velar por la legalidad.

Mary Robinson señaló que existe poca capacidad del Estado mexicano para sancionar las violaciones a las garantías individuales y que éstas por regla general quedan impunes. Esto lo dijo después de reunirse con víctimas de la matanza de Acteal.

Acteal, además de la memoria dolorosa a la que convoca, se puede convertir en un serio problema para el gobierno mexicano a nivel internacional.

La versión de la PGR, que apela a los resentimientos ancestrales entre comunidades, puede ser cierta, pero aterriza en un escenario de alto grado de incredulidad en el que este tipo de investigaciones no suelen ser celebradas por nadie.

Habría que insistir en que las conclusiones de la PGR no descartan las negligencias de las autoridades ni su falta de atención a un problema latente, pero generan un nulo entusiasmo dentro y fuera del país.

Mary Robinson también se refirió a la militarización "en algunas regiones del país". Lo anterior es de destacar, porque debemos avanzar a situaciones donde el Ejército tenga menos actividad, esto es, separándolo de actividades que deben recaer en la responsabilidad de las fuerzas civiles.

Es importante tener en cuenta que esto no se logrará sin un proceso de negociación con el EZLN y sin políticas que desactiven los afanes guerrilleros, pero la voz de alerta debe ser escuchada y no porque exista algún problema con el Ejército, sino porque esta institución no debe ser arriesgada en actividades para las que no está capacitada.

Ojalá que la visita de la relatora especial de la ONU sirva para impulsar una política de Estado alrededor de los derechos humanos. Debemos entender que sin un régimen jurídico adecuado y respetuoso, estaremos condenados a graves conflictos
en el futuro

Julián Andrade Jardí es subdirector de Información del periódico Crónica.