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Nada más falso. Está claramente demostrado que este gastado argumento no tiene sustento empírico en ningún país del mundo, incluido, por supuesto, Estados Unidos, nación a la que muchos de estos apologistas del "asesinato legal" voltean a ver como ejemplo de lo que debe ser el combate al crimen y la administración de justicia.

Las estadísticas son más que elocuentes. En el vecino país del norte la pena de muerte fue restablecida en 1974, y en 38 de 50 estados es legal; no obstante, en esa nación no sólo no se ha reducido el número de delitos sino que la criminalidad y la violencia han aumentado en números absolutos. Según un reporte, 36 mil estadounidenses fallecen anualmente por hechos de sangre (El País, 28/II/99).

Howard Sinn, historiador y autor del libro Una historia del pueblo de Estados Unidos, que ha vendido más de 500 mil ejemplares, sostiene que en esa nación hay más gente en la cárcel que en cualquier otro país del mundo: 1.7 millones de personas, una cifra que se duplicó en diez años. "Pero si contamos a quienes están en alguna parte del sistema judicial (dentro o fuera de la cárcel, bajo libertad condicional, etcétera) hablamos de seis millones de personas, igual al número de estudiantes matriculados en las universidades de Estados Unidos" (La Jornada, 24/I/99). Es decir, hay más presos por habitante que los que había, por ejemplo, en Sudáfrica en la época del apartheid.

Pero la pena de muerte no sólo es completamente ineficaz como método preventivo. Su puesta en práctica también ha evidenciado lo falible e incompetente del sistema de justicia estadounidense. Decenas de inocentes han sido condenados a morir en los últimos 20 años. En el informe titulado "Inocencia y pena de muerte", Richards Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, indica que las pruebas del ADN aplicadas en los últimos años revelaron errores en el caso de 69 condenados a la pena capital, lo que demuestra que hay más inocentes en espera de ser ejecutados de lo que se creía y, además, que el incremento en la tendencia a aplicar este tipo de pena a los procesados va acompañada de un aumento en el número de errores.

Por fortuna, estas 69 personas pudieron salvar la vida pero, ¿cuántos inocentes hay entre los 400 individuos ejecutados en Estados Unidos en las últimas dos décadas o entre los casi tres mil 500 que se encuentran en el llamado corredor de la muerte? Según Dieter, "por cada seis personas que hemos ejecutado en los pasados veinte años, descubrimos una persona en el pasillo de la muerte que es inocente".

Cifras en verdad aterradoras que adquieren mayor gravedad, si esto fuera posible, cuando se constatan las conductas abiertamente discriminatorias y racistas de gran parte del aparato jurídico estadounidense. A pesar de lo que se diga, los prejuicios raciales de policías, jurados, jueces y fiscales siguen enraizados profundamente. No en balde, de acuerdo con el centro dirigido por Dieter, 50% de los sentenciados a muerte en Estados Unidos pertenecen a las minorías, aunque éstas sólo representan 20% de la población penal.

En este contexto, menudean los procesos plagados de irregularidades en donde el supuesto delincuente es latino o afroestadounidense. Viene a nuestra memoria el sonado caso de Anthony Porter, un negro acusado de haber asesinado a una pareja en 1982, pasó 16 años de su vida en el corredor de la muerte y estuvo varias veces a punto de ser ejecutado. Porter pudo ser liberado a principios de este año gracias a las investigaciones de un profesor de periodismo y cuatro de sus aguerridos alumnos que tras exhaustivas indagaciones recrearon la escena del crimen y pudieron demostrar las múltiples anomalías e inconsistencias del proceso y, de paso, descubrir al verdadero asesino. Es decir, realizaron el trabajo que un prejuiciado y racista aparato de justicia se negó a hacer. Lamentablemente, los finales no siempre son felices.

Recordamos a nuestro compatriota Irineo Tristán Canales, ejecutado en Texas en 1997 luego de un juicio plagado de anomalías: nunca, por ejemplo, se le permitió contratar un abogado y fue inducido, con engaños, a firmar una declaración autoinculpatoria redactada en inglés, idioma que desconocía. Como éste ha habido y hay decenas de casos.

A raíz del incalificable asesinato del niño Braulio Suárez, muchas voces se han alzado en demanda de legalizar la pena de muerte. Incluso, en lo que parece ser un acto más de oportunismo político, Francisco Labastida se ha pronunciado por llevar a cabo un debate nacional sobre el tema. Ciertamente hay crímenes que constituyen una afrenta no sólo para las víctimas y sus familiares, sino para toda la sociedad que, con justa razón, reacciona con cólera y desasosiego. Empero, es necesario no olvidar que legalizar la pena capital no únicamente constituiría un grave retroceso; como hemos pretendido demostrar en este texto, implantar esta pena no reduciría ni erradicaría la criminalidad y sí daría lugar a graves errores. Lo que hace falta en México es pugnar por un mejoramiento real, auténtico, del aparato de justicia, tan permeado por la ineficiencia y la corrupción, y castigar el crimen con mayor severidad, pero sobre todo poner un hasta aquí a la impunidad. Es inconcebible que las procuradurías no sepan cómo integrar las averiguaciones previas (remember el caso "Chucky"), y que 90% de los delitos se queden sin castigo. La tarea es ardua, sin duda, pero la pena capital no sería la panacea, sino más bien su antítesis

José Antonio Gurrea C. es redactor de etcétera. Correo: jgurrea@etcetera.com.mx