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barandal Los alumnos
Ciro Murayama
Luis González de Alba, en su ensayo sobre la UNAM publicado en nexos de octubre, titula un apartado "Transición a la democracia estudiantil", en el que afirma: "_ sería ridículo someter a votación aquello que la universidad enseña, los métodos de calificación o la conformación de los exámenes; pero sí, y con urgencia, una voz estudiantil autentificada por los métodos democráticos que todos los ciudadanos exigimos en sindicatos, partidos y agrupaciones. La voz de los estudiantes debe ser legitimada por medio de una transición a la democracia estudiantil, tal y como unas elecciones limpias legitiman un gobierno y le dan autoridad moral". La preocupación que ha causado la irrupción de la ultra y su hegemonía indiscutible en el CGH, así como sus métodos que expresan por sí mismos la validez de los fines de los protagonistas radicalizados del actual conflicto, da lugar a la pregunta de cómo fue posible llegar a tan penoso escenario. La respuesta no es unívoca, pero hay sin duda un faltante en el diseño institucional de la UNAM para incorporar las preocupaciones de los estudiantes. Por tanto, veo oportuno retomar la idea de González de Alba e insistir sobre el tema. Lo haré, a riesgo de parecer un "abuelete cebolleta" con el "te lo dije", a partir de la propuesta que una corriente estudiantil (la CRU), de la que formé parte, difundió hace casi diez años. Una vez concluido el Congreso de 1990, nuestro diagnóstico sobre cómo se veía la participación del alumnado en la UNAM era así: "Existe un amplio desprecio a la opinión estudiantil en amplios y poderosos sectores de la corporación universitaria, que se refleja claramente no sólo en las más variadas formas de autoritarismo, sino también en el más puro desdén a la opinión o propuesta de cualquier estudiante, salvo cuando su opinión y su propuesta por fin logran sostenerse en medidas de presión y confrontación_ El resultado es que, como estudiantes, nos convertimos en el sujeto social de la Universidad con la menor existencia legal, con las menores formas de participación institucional, con la más restringida posibilidad de defenderse y exigir una mayor calidad educativa" y que, por tanto, era necesario "fundar el espacio institucional que permita la deliberación, el debate, la elaboración y, sobre todo, el consenso en torno a proyectos viables, razonables, propios de los estudiantes". Buscábamos superar un contexto proclive al enfrentamiento estéril y sobre temas trillados -sólo la gratuidad y las formas de gobierno- para pasar a un escenario donde con los estudiantes la reforma educativa en los asuntos nodales resultara viable. Propusimos, entonces, la creación de un colegio de estudiantes, entendiendo "al alumno como miembro cabal de la universidad, un integrante indispensable que, como cualquier otro, demuestre mediante la inteligencia de sus elaboraciones, el derecho a tomar parte de las decisiones de la universidad". El colegio tendría un carácter deliberativo y propositivo, democrático y plural, cuya finalidad principal era la de actuar como órgano de coordinación entre los consejeros electos estudiantiles y representar al alumnado frente a las autoridades colegiadas y personales de la UNAM. Sus funciones básicas serían, entre otras, presentar iniciativas y proyectos sobre los distintos asuntos universitarios y sobre funciones sustanciales de la universidad ante los diferentes órganos de gobierno de la institución; ser un órgano de consulta necesaria para la elaboración y aprobación de iniciativas de las autoridades universitarias que incidieran directamente en los asuntos de la enseñanza, del ingreso y formación de los alumnos; proponer proyectos a legislar y programas a desarrollar sobre los derechos y obligaciones de los estudiantes, etcétera. Sobre la composición del colegio, la propuesta dice que "estaría constituido, con derecho a voz y voto, por los consejeros universitarios alumnos y por los consejeros académicos alumnos; los consejeros técnicos de las escuelas y facultades también se considerarán para el funcionamiento del Colegio de Estudiantes con derecho a voz", con lo cual habría plena renovación cada dos años, evitando los vicios del "sindicalismo" estudiantil que tan pernicioso resultó en no pocas universidades de provincia. La propuesta -firmada por una veintena de consejeros universitarios alumnos y por estudiantes sin cargo alguno- fue presentada al máximo órgano colegiado de gobierno en la UNAM en la siguiente sesión a la asunción de los acuerdos del Congreso en 1990. Como es obvio, la iniciativa no prosperó. Si la mayoría de los acuerdos del Congreso quedó en el aire, la propuesta referida también formó parte de "lo que la inercia se llevó", la inercia de la no reforma que vive la UNAM desde hace demasiados años. Aun en 1992, cuando el tema de las cuotas fue debatido, expusimos la necesidad de actualizar el reglamento de pagos y, nuevamente, de crear el colegio de estudiantes y aprobar una carta de los derechos y deberes de los estudiantes de la UNAM. Pero una vez que fracasó el intento de actualización de cuotas, todo quedó, nueva e indefinidamente, en el tintero. Pervivieron, eso sí, la fragmentación de los estudiantes y las asambleas como método privilegiado de deliberación para los activistas, con los resultados que hoy padecemos. Con todo, sigue siendo válido que sin un marco de exigencia y obligación mutuas, entre la institución y sus alumnos, en una universidad compleja y masificada, el problema de la calidad de la educación, que es el vertebral, seguirá sin visos de mejoría. Esa es una conclusión que, por obvia que parezca, no fue lo suficientemente entendida en la UNAM, quizá porque finalmente venía de unos estudiantes que, para sustentarla, no les dio por cerrar nada Ciro Murayama es economista por la UNAM. Realizó estudios de postgrado en la Universidad Autónoma de Madrid. |
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