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La designación del nuevo rector despertó una oleada de voluntarista y benévola confianza en torno a la crisis de la UNAM.

Juan Ramón de la Fuente tiene sólidas y bien conocidas prendas. Es inteligente y sabe dialogar. Conoce a la universidad, en donde se formó y comenzó a hacer política. Comparte, por tradición y vocación, los principios de la universidad pública y autónoma. Antes de ser designado, la semana pasada, no se había contaminado en el intrincado conflicto de la UNAM.

Esas y otras virtudes del hasta ahora secretario de Salud eran apreciables y destacadas.

Junto a ellas ha podido anotarse su estrecha cercanía, al menos hasta ahora, con el gobierno federal.

Esa es ventaja e inconveniente. La ruptura que ya se advertía entre el rector Francisco Barnés y el Presidente de la República y que constituía un problema grave para una universidad cuyos recursos dependen 90% de la aportación federal, queda saldada con la designación de De la Fuente.

Pero por querer granjearse la simpatía del Presidente, la Junta de Gobierno tomó una decisión que matiza, hasta casi anular, la autonomía de la universidad.

La autonomía, como mucho se ha dicho, es la facultad de la universidad para regirse a sí misma. En términos formales, la designación del doctor De la Fuente no infringió esa garantía.

Pero la autonomía es también una actitud que, con prudencia y dignidad, establece distancias entre el gobierno y la universidad.

En este caso, quizá en busca de una decisión prudente, la Junta de Gobierno dejó a un lado el decoro deseable en las relaciones con el poder político.

En la medida en que se definan las relaciones entre la universidad y el gobierno acaso se aquilate mejor la actitud del rector Francisco Barnés, que procuró impulsar una reforma deseada en el poder político y además exigida en la sociedad y que, en ese empeño, de pronto se encontró en medio de un torbellino del que no pudo salir sino con su renuncia.

En busca de un culpable instantáneo para explicar la huelga y luego en pos de soluciones rápidas aunque fuesen ligeras, la sociedad y el gobierno dejaron solo al rector Barnés. En una cultura política insuficientemente desarrollada como la que todavía tenemos, es explicable esa reacción de algunos segmentos en la sociedad.

Pero el viraje del gobierno, que primero alentó a Barnés para que incrementara las colegiaturas y luego buscó sacrificarlo cuando el conflicto se entrampó, habla mal de la congruencia de la actual administración federal.

De esa administración formó parte muy destacada el doctor De la Fuente durante casi un lustro.

Ha sido uno de los hombres del Presidente. Ahora, sin dejar de serlo, tiene que ser antes que nada universitario.

En circunstancias ordinarias no tendría que existir contradicción entre una condición y otra. En estos tiempos, con un gobierno hostil a la educación superior de carácter público y tan receloso de las movilizaciones sociales que para evitarlas llega a preferir contemporizar a las presiones antes que defender principios básicos, a la universidad se le puede mirar de manera distinta desde el poder o desde el campus -o desde el exilio, como les sucede a millares de profesores y alumnos expulsados de sus sitios de trabajo y estudio-.

De la Fuente seguramente no olvida que hace tres años también Francisco Barnés gozaba del afecto y la confianza del Presidente de la República. En medio de esa relación se atravesó una huelga de la cual ni el rector ni el titular del Ejecutivo fueron culpables.

Esa huelga cumple 220 días este jueves. La negociación -que no la solución- ahora está en manos del médico cuya especialización en psiquiatría no le resultará estorbosa en los regateos con el Consejo General de Huelga. Claro, antes que nada necesitará de una cuidadosa pero firme actitud política.

Si algo le falló a Barnés fue la asesoría política. Si De la Fuente cuenta con ella, se advertirá a partir del próximo 29 de noviembre, para cuando está anunciado el primer encuentro con el CGH.

Por encima de la confianza del gobierno y de sus aptitudes personales, hoy la mayor ventaja de De la Fuente radica en la extendida esperanza que su designación ha suscitado, dentro y fuera de la Universidad Nacional.

Muchos mexicanos, con sincera ilusión, ven al ex secretario de Salud como el salvador que requiere la UNAM. Su imagen pública es de las más sólidas sobre todo a partir de la designación como rector. Esa confianza la comparten muchos de quienes, durante la demasiado breve consulta que emprendió la Junta de Gobierno, respaldaron a otros aspirantes a la rectoría.

Hoy, De la Fuente cuenta dentro de la universidad con un liderazgo que no se sustenta en principios académicos, sino en una suerte de expectativa casimágica. Llega con una fuerza que se deriva, entre otras fuentes, del vacío de autoridad que había en la UNAM. Esa confianza le da a De la Fuente un margen de maniobra importante, pero que no será permanente. Podrá revalidarla en la medida en que se conozcan sus propuestas y decisiones. Estará en riesgo de perderla si sus negociaciones duran más de lo que la templada paciencia de los universitarios pueda soportar, o si contemporiza con los huelguistas tanto que en vez de rescatar a la UNAM, sus gestiones la empujen más dentro del pantano en que se encuentra.

Entre otros, esa designación la aplaudieron los personajes relevantes en el PRD. Amalia García y Rosario Robles, López Obrador y el Ingeniero, el dirigente local Carlos Imaz y los perredistas que participan en la huelga: todos expresaron su beneplácito al nuevo rector.

Ese podría ser signo de civilidad y avance, porque en otras ocasiones los perredistas, por sistema, descalificaban cualquier designación de la Junta de Gobierno. Más que prudencia y cortesía, el consentimiento perredista se deba a un acuerdo entre el nuevo rector y las causas de ese partido en la universidad.

El problema es que la huelga no la sostiene el PRD. Por soslayar esa circunstancia, el gobierno federal y el anterior rector se equivocaron hace varios meses. Sería un error que De la Fuente no se puede dar el lujo de repetir