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La universidad del CGH
Ricardo Tapia
El pliego petitorio del CGH es un excelente ejemplo de la búsqueda de una universidad populista, una universidad-pueblo, en donde la esencia de una verdadera universidad -la academia, la generación y la transmisión del conocimiento y de la cultura- queda totalmente desplazada por una demagogia disfrazada de "democracia", en la que los méritos académicos y el saber pierden todo su valor al quedar invalidados por la fuerza de los simples números. En este tipo de universidad, todos deben votar para elegir a las autoridades, desde el rector hasta los directores, y para decidir quién y cómo se ingresa a la UNAM, e incluso para evaluar qué proyectos de investigación son buenos, válidos y deben realizarse, y cuáles no. No importa si se acaba de ingresar al CCH hace seis meses, la opinión y el voto sobre todas las cuestiones académicas vale lo mismo que el de un investigador o profesor emérito. ¿No dijo ya el CGH, cuando decidió el cierre de los institutos, que ellos revisarían los proyectos, mediante la formación de una comisión para "indagar el tipo de investigaciones que se están desarrollando con el fin de detener las que no son prioritarias para la población"? ¿No es éste un incalificable atentado a la libertad de cátedra e investigación? ¿Qué sigue? ¿Los planes de estudio, los criterios para otorgar nombramientos, promociones y estímulos al personal académico, además, por supuesto, los requisitos de ingreso, permanencia, egreso y titulación de los estudiantes? Todo decidido en las magnas asambleas (o mínimas, pues es muy curiosa la "democracia" del CGH, donde se impide opinar a quien no está de acuerdo con los radicales: ¿habrá que recordar sus propias alambradas?). Así, lo que está en riesgo en estos momentos es precisamente caer en esta universidad populista y demagógica, lo cual, en opinión de muchos académicos, sobre todo de quienes hemos entregado nuestra vida a la docencia, a la formación de recursos humanos de calidad y a la investigación, es la destrucción total, un verdadero aniquilamiento de nuestra máxima casa de estudios, que a lo largo de muchos años había logrado convertirse en un baluarte de la excelencia académica. Se repite incansablemente que la solución a este conflicto es el diálogo. Pero, ¿cómo llegar a un acuerdo en un diálogo con quienes han repetido hasta la saciedad que ese diálogo no es negociación porque sólo levantarán el paro y abrirán la universidad hasta que se acepten los seis puntos de su pliego petitorio?; ¿cómo, cuando quienes dicen eso tienen allanada la universidad por la fuerza, cuando por la violencia trataron de impedir las clases extramuros, cuando han agredido, física y verbalmente, a quienes piensan distinto a ellos y lo quieren expresar, como en la marcha de investigadores en Ciudad Universitaria hace unas semanas?; ¿cómo, cuando después de procurar y promover el diálogo de varias maneras la Comisión de Encuentro nombrada por el rector Barnés tuvo que concluir, en julio, que ese diálogo no era posible?; ¿cómo, cuando hace apenas unos días la Comisión de Contacto del Consejo Universitario determinó que "no podemos pronosticar que las condiciones mejoren, en vista de la susceptibilidad del conflicto a agentes externos y al predominio de los sectores intransigentes del movimiento estudiantil. Continuar con la fase de acercamiento y búsqueda de alternativas tendría sentido sólo en el caso de que se observara un importante cambio en la dinámica del movimiento estudiantil"? El congreso democrático y resolutivo es la solución, dicen muchos, sin reconocer que éste es sólo uno de los puntos del pliego petitorio, por lo que además tendrían que aceptarse los otros puntos, entre los cuales está la impunidad para todos los actos delictuosos que los paristas han cometido. ¿Por qué no el congreso, se dice, si ahí se podrían dirimir las diferencias y llegar a conclusiones que satisfagan a todos? Por supuesto que para el CGH, especialmente para su grupo más radical, éste es un razonamiento congruente, pues: 1) ignora o desprecia la legislación universitaria, y eso es lo primero que quiere destruir; si ya descalificaron a la Junta de Gobierno en su ejercicio de elección del nuevo rector, ¿qué importa el Consejo Universitario (CU), el cual simplemente tendría que acatar lo que el congreso decida?; 2) de acuerdo con su comunicado del 9 de septiembre de 1999, ese congreso tendría que definirse, exclusivamente por ellos y por el CU, antes del levantamiento de la huelga, en todos sus términos, incluyendo "la convocatoria, la agenda, la composición, los mecanismos de elección de los delegados, las reglas de funcionamiento y los tiempos de la realización del congreso democrático y resolutivo". Es decir, el CGH quedaría como responsable, en igualdad de condiciones con el CU, de la organización del congreso, aun antes de levantar el paro. Es imposible no concluir que este congreso democrático y resolutivo pone en las manos del CGH todas las decisiones, por la simple razón que el CU tendría que negociar (suponiendo que ésta sí fuera negociación, lo cual dudo enormemente a la luz de la actitud de los paristas durante siete meses) bajo la amenaza permanente de que no se abra la universidad hasta que no se acepten las condiciones del CGH. Es decir, la organización del congreso repetiría la historia del pliego petitorio y, por supuesto, en caso de no aceptarse las propuestas del CGH en cada uno de los puntos de la organización del susodicho congreso, el CU sería acusado de intransigente, como lo fue el rector, como lo fue la Comisión de Encuentro, como lo ha sido cualquier instancia que defienda los principios académicos y la legislación universitaria. Y, por cierto, ¿dónde queda en esta historia el resto, la enorme mayoría, de la comunidad universitaria? Olvidada, abandonada, sin poder expresarse, pues el CGH insiste en ser reconocido como el "único interlocutor". Es claro, así, que para el CGH todo es sencillo: hágase el congreso como yo quiero, cúmplanse todos los puntos de mi pliego, y después veré si abro la UNAM. Me asombra, honestamente, cómo hay académicos que apoyan la realización del congreso resolutivo en estas condiciones. Creo que todo lo anterior demuestra que no es posible llegar a una solución por medio del "diálogo", cuando éste debe realizarse con quien lo define como la imposición de sus puntos de vista, sustentada en la violencia que representa el cierre de las instalaciones universitarias y las amenazas de más exigencias y más endurecimiento si no se aceptan sus propuestas. Mientras tanto, la universidad sigue deteriorándose, en su prestigio, en pérdidas económicas, en el desperdicio del talento de los verdaderos estudiantes que, desesperados, han encontrado otras opciones o están en vías de hacerlo, o bien, y esto es lo más triste, debido a su situación económica o familiar no tienen otras opciones y tendrán que olvidarse de sus estudios. La UNAM sigue deteriorándose en el desaliento, la desesperación y la impotencia de sus profesores e investigadores, aun de aquellos cuyos institutos no han dejado de trabajar, al vivir día tras día la destrucción progresiva de la universidad académica, que ha sido su vida y a la que ellos con su labor han fortalecido. Debemos repetir que en la UNAM se realiza más de 50% de la investigación científica y humanística, así como de la educación de postgrado de todo el país, que es la UNAM la institución que más ha nutrido de cultura, educación y conocimientos a la sociedad durante muchos años. Nuestra universidad no se merece lo que le está sucediendo. Se dice también, desgraciadamente incluso por altos funcionarios gubernamentales, que al no encontrar una solución satisfactoria al conflicto, la UNAM reconoce su incapacidad para actuar con la razón y la creatividad que se esperarían de su responsabilidad. Nada más injusto, como nada más injusto que por este tipo de apreciaciones el rector Barnés haya tenido que renunciar. En el panorama que acabo de describir, ¿qué opciones tiene la razón?, ¿qué puede hacer la inteligencia de una institución que no tiene más armas que las académicas, ante una fuerza cuya naturaleza es precisamente la violenta negación de la academia, y que se siente cada vez más segura y ensoberbecida ante la impunidad de que goza porque quien puede aplicar la ley se niega a hacerlo, aduciendo que sería represión, mientras que permite ostensiblemente la violencia del lado de los paristas? Finalmente, quisiera hacer un llamado al nuevo rector, Juan Ramón de la Fuente, llamado que estoy seguro comparten los más distinguidos académicos de la UNAM: solucionar el conflicto no es entregar la universidad al populismo y a la demagogia. ¿De qué serviría lograr que se abra la universidad a cambio de ceder los principios académicos que definen su esencia y rigen sus funciones? Es preferible una universidad cerrada que convertida en una institución inmersa en la mediocridad, sometida al asambleísmo y a los intereses de grupos o partidos políticos, en la que los estudiantes se graduarán porque son parte del pueblo y la investigación científica y humanística quedará reducida a lo que las asambleas consideren como prioritarias para la población. ¿Qué hacer? En el más que probable caso de que el CGH persista en su actitud aquí reseñada, no veo más soluciones que: 1. Lograr, no sé cómo, el fin de la injerencia de partidos políticos. 2. La aplicación de la ley, atendiendo a las denuncias levantadas por la UNAM, lo cual no quiere decir represión. 3. El reinicio de todas las actividades sustantivas de la UNAM en las instalaciones universitarias. 4. La organización, por parte del CU, de una serie de foros de discusión sobre la universidad, cuya agenda incluya todos los temas que se juzguen pertinentes mediante la participación de toda la comunidad universitaria, y la realización de tales foros durante el año 2000. Las conclusiones serían estudiadas, y en su caso aprobadas, por el Consejo Universitario, el cual podría ser ampliado con diversos miembros de la comunidad, de acuerdo con el tema de que se trate Ricardo Tapia es investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Texto basado en las palabras del autor en la reunión con las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Educación del Senado, el 18 de noviembre de 1999. |
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