La Universidad del CGH
Ricardo Tapia

El Poder Legislativo
Volga Cecilia del Riego

Sin embargo, lo anterior no será gratuito: sus errores pesarán más que sus intenciones y logros que, por cierto, se encuentran en entredicho. Y ello, por que sus desaciertos colocaron a la Universidad Nacional en la más grave crisis de los últimos 50 años.

No puede presumirse una reivindicación del ex rector, pero tampoco se podría aceptar una interpretación simplona que deje en Barnés toda la responsabilidad de lo acontecido, como falaz sería pensar que la llegada de Juan Ramón de la Fuente representa por sí misma la solución al problema que hoy día vive la universidad.

Desde mediados de 1996, la discusión en torno al sucesor de José Sarukhán se centró en dos nombres: Francisco Barnés de Castro y Juan Ramón de la Fuente. Contrariamente a lo que había sido una tradición implantada desde Pablo González Casanova, los candidatos más fuertes en la sucesión no se encontraban laborando en la administración universitaria, pues mientras que el primero se desempeñaba como director del Instituto Mexicano del Petróleo; el segundo ocupaba la titularidad de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, ambos contaban con una trayectoria universitaria por demás destacada. Francisco Barnés había desarrollado, al frente de la Facultad de Química, un exitoso programa de vinculación con el exterior que redituó en importantes ingresos extraordinarios para la universidad. Por su parte, el entonces secretario de Salud contaba en su haber el desempeño como director de la Facultad de Medicina y la Coordinación de la Investigación Científica, además de la tradición académica familiar y su indiscutible liderazgo académico. A la postre, De la Fuente declinaría su postulación pero el hueco fue rápidamente cubierto por José Yakamán, ex director del Instituto de Física y director adjunto de Conacyt, así como por Jaime Martucceli, entonces secretario General de la UNAM.

En ese contexto, no parece cierto el señalamiento sobre las carencias negociadoras de Francisco Barnés. Sin duda, ése era uno de sus activos más reconocidos, lo que contrastaba con el perfil de José Yakamán. Ambos habían participado como directores en el Congreso Universitario de 1990, y mientras que Yakamán sería recordado por los asistentes como pilar del sector "duro" dentro de las autoridades universitarias, Barnés se destacó como uno de los artífices en la gestación de los Consejos Académicos de Area, uno de los escasos frutos del encuentro.

Seguramente esa cualidad le debió abrir los espacios suficientes para alcanzar la rectoría. Por su formación y trayectoria, era evidente que ningún aspirante contaba con apoyos firmes entre los distintos sectores universitarios. El ala científica y la administración saliente tenían divididas sus preferencias, mientras que las áreas en ciencias sociales y humanidades nunca tuvieron un candidato fuerte dentro de sus filas. Así, Barnés debió distribuir, entre esos grupos, posiciones en la administración central de la universidad para afianzar su carrera a la rectoría, y muy probablemente eso explique en parte su posterior aislamiento.

Evaluar una gestión que apenas concluye no es tarea fácil, y menos aún cuando quedó truncada. Los indicadores apenas se llenan de contenido, y sin ellos difícilmente se pueden contrastar con las metas programadas. Y si éstas tardaron en darse a conocer -como fue el caso- la tarea se complica todavía más. Pese a lo anterior, me permito exponer algunos aspectos que podrían alumbrar sobre este periodo.

Uno de los aspectos esperanzadores que recogía la figura del nuevo rector radicaba en su trayectoria. Los rectores Carpizo y Sarukhán provenían de las esferas de los institutos de investigación, por lo cual las escuelas y facultades vieron en Barnés una reivindicación. Y en parte tuvieron razón. La universidad inició una generalizada revisión de sus planes y programas de estudio, aprovechando el impulso proveniente desde la administración anterior.

Asimismo, se buscó fortalecer la figura del personal académico de carrera de estas dependencias, tratando de elevar sus niveles académicos. La meta fue abrir anualmente 150 plazas de profesores de carrera, pero a partir de un nivel intermedio en las categorías definidas en el Estatuto del Personal Académico. Así, las nuevas contrataciones tendrán como base el postgrado y experiencia mínima de varios años en tareas de investigación y docencia.

A nivel organizacional, se apuntó hacia una mayor autonomía de las escuelas de la universidad ubicadas alrededor de la ciudad de México. Por una parte, a través del sistema de campus y la conversión de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales a facultades; por otra, homologando la condición del Colegio de Ciencias y Humanidades a la de la Nacional Preparatoria. Pero en general, el proyecto del nuevo rector parecía consistir en desprenderse de los que a su juicio sólo se habían convertido en lastres que impedían el desarrollo de la universidad, lastres sin duda añejos. El pase automático y el reconocimiento de las preparatorias populares prácticamente provenían de fines de los 60, mientras que las cuotas, es de todos sabido, tenían su origen en 1948.

En los dos primeros casos, y contra lo que muchos pensaron correcto, el rector decidió impulsar su reforma en pleno proceso electoral. La apuesta seguramente se basó en valoraciones de distinto orden, como el debilitamiento de la izquierda universitaria ligada al Partido de la Revolución Democrática. En efecto, en primer término esa izquierda no pudo ni supo digerir su fracaso en el Congreso Universitario de 1990; adicionalmente, los varios años de estabilidad interna no le permitieron desarrollarse, además que en ese año concentró su esfuerzo en la campaña electoral de la capital de la República. Los hechos demostraron que esa valoración fue acertada y la reforma se aplicó, no sin antes una huelga de unas cuantas semanas en el Colegio de Ciencias y Humanidades que al final se vio aislada y cuestionada en el interior de la propia institución.

En tal sentido, muy probablemente el rector pensó que ese triunfo, junto con el contexto anterior, y el apoyo que le brindaba el secretario de Gobernación, serían elementos suficientes para emprender la última reforma que habría de garantizarle la reelección: el aumento de cuotas.

Ciertamente es bastante cómodo señalar errores sobre lo sucedido. Pero también es necesario señalar que existían indicios de cambios gestados durante la administración de Barnés, así como inercias que no fueron valoradas suficientemente.

En primer lugar, ningún rector puede presumir de un apoyo irrestricto del gobierno. Para éste, la universidad prácticamente siempre ha sido un alfil en el tablero nacional. Y si a ello se agrega su cada vez menor margen de maniobra, resultaba exagerado pretender que eso bastaría para conjurar los futuros embates. Por otro lado, el hueco que fue dejando la izquierda filoperredista rápidamente comenzó a ser cubierto por grupos radicales, más entusiasmados con el subcomandante Marcos que con Cuauhtémoc Cárdenas.

Pero quizá nada pesó más que la desatención a importantes grupos universitarios. Por un lado, las reformas emprendidas en planes de estudio, estructura organizacional o formación del personal académico, aunque pertinentes, se basaron más en la apatía o la aquiescencia que en el convencimiento, por lo que la ausencia de consensos firmes en los cuerpos colegiados de la institución contribuyeron a la falta de respaldo. Ciertamente estos cuerpos no son suficientes, pero constituyen la base mínima indispensable para emprender esa transformación. Por ello, lo sucedido con el Colegio de Ciencias y Humanidades resulta por demás significativo, en tanto que esa dependencia venía de un largo proceso de cambios que permitieron sumar apoyos de profesores y alumnos. Paradójicamente el colegio se convirtió en un sector militante de las innovaciones implementadas por las autoridades universitarias.

Pero, por otro lado, los nombramientos y designaciones manifestaban decisiones erráticas y confusas. En la administración central, el manoseo de nombres para los distintos cargos al inicio de la gestión generó expectativas frustradas que debilitaron el apoyo al rector. Posteriormente, las designaciones de directores de facultades e institutos parecían derivar de una actitud del rector a ceder, antes que acordar, frente a los grupos dominantes en estas dependencias, por lo que los proyectos académicos de los directores no necesariamente compaginaban con el proyecto del rector.

Sólo desconociendo lo anterior puedo entender la decisión de Francisco Barnés por emprender la reforma al Reglamento General de Pagos. Creyó que bastaba el peso de la administración central y el apoyo gubernamental para sortear la segura impugnación. De ahí la suficiencia para afirmar, como dijo a Proceso, que estaba dispuesto a enfrentar una larga huelga. Sin embargo, la primera manifestación a la que convocaron las autoridades en Ciudad Universitaria para enfrentar el estallido de la huelga representó un inicial presagio del futuro. Apenas diez mil universitarios se congregaron, prácticamente los mismos que lo habían hecho un par de años atrás cuando la huelga en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y las sucesivas manifestaciones nunca rebasaron ese número.

Sin tener plena certeza para explicar lo anterior, podría aventurar dos posibilidades: o las autoridades universitarias -por la estructura organizacional de la institución o por incapacidad- no son capaces de movilizar a sus respectivas comunidades, o bien simplemente decidieron dejar solo al rector, haciéndole pagar facturas previas. No obstante, bajo ningún concepto son entendibles las reiteradas críticas al rector, cualquiera que éste fuera, como justificación para dejar al garete a la institución. Apoyar el retorno a las aulas no era, ni puede ser, apoyar al rector, simplemente es reclamar que la universidad cumpla con su papel, por más banal que parezca, y en ello los universitarios en general compartimos la responsabilidad.

Por otro lado, el argumento de la intransigencia polarizada entre el CGH y las autoridades como elemento para señalar el alargamiento de la huelga, además de justificatorio, me parece simplista. En cualquier parte hay opiniones divergentes y antagónicas, lo cual nada dice del valor que cada una pueda tener. Y por el contrario, aun suponiendo que ninguna fuera sensata o atinada, lo único que muestra la polarización es la incompetencia de los sectores moderados para articular un discurso atractivo y creíble.

Un aspecto adicional, por demás lamentable, fue el desinterés por allegarse la opinión del conjunto de los universitarios, profesores y alumnos. Lo entiendo del CGH, dado al asambleísmo sectario, pero no de las autoridades y demás grupos de peso en la universidad. Si en los últimos lustros la sociedad mexicana se ha desenvuelto a partir del discurso democrático, en donde todos cuentan, parece sorprendente que incluso en medio de la huelga no se haya hecho el mínimo intento por sumar opiniones, articularlas y, concretamente, involucrar a la comunidad. Prácticamente todo se redujo a que los universitarios dieran su consentimiento tácito a una u otra opinión, algunas bastante confusas, como el plebiscito organizado por varios académicos.

En ese contexto -y más allá de las habilidades y el reconocimiento de su persona- la designación de Juan Ramón de la Fuente sólo abre el espacio para la cohesión en torno a la figura del nuevo rector, lo cual ciertamente es un avance frente al rápido desgaste que sufrió Francisco Barnés. Pero todavía queda la duda, primero, si estos elementos serán suficientes para vencer la desconfianza y reticencias del Consejo General de Huelga y, segundo, si aun alcanzando un acuerdo satisfactorio, será posible recomponer las relaciones internas y la imagen de la institución