Estruendo y furia en Seattle
María Cristina Rosas

1. Según el texto clásico de la "transitología"(1) se entiende por transición "el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro". Por ende -continúan los autores de este libro- "las transiciones (a la democracia) están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia (...). Lo característico de la transición es que en su transcurso las reglas del juego político no están definidas (...) (y) son objeto de una ardua contienda; los actores no luchan sólo por satisfacer intereses (...), sino también por definir las reglas y procedimientos cuya configuración determinará probablemente quiénes serán en el futuro los perdedores y los ganadores". Tomando como base estas ideas tratemos de precisar la naturaleza de los dilemas y problemas implicados en el debate sobre la transición mexicana.

El primer dilema concierne a la cuestión sobre si es correcto hablar, para describir la evolución del sistema político nacional, de una "transición a la democracia". Aunque el uso de la expresión se ha generalizado ampliamente, y hasta el actual Presidente de la República la ha utilizado, lo cierto es que para importantes sectores del oficialismo priista no debiera hablarse así, por cuanto desde la revolución mexicana existe una democracia que se ha ido perfeccionando sin necesidad de modificaciones constitucionales esenciales. De modo que esa evolución y las reformas y pactos que la han jalonado remiten, en todo caso, a un "perfeccionamiento o profundización" de una democracia preexistente, y no al paso de un régimen autoritario a uno democrático.

Aunque es obviamente difícil compartir esta visión edulcorada de lo que fue el viejo sistema de partido prácticamente único, debe reconocerse que señala una de las peculiaridades decisivas de nuestro tránsito político: que el punto de partida autoritario del mismo no fue ni una dictadura militar ni una dictadura personal ni tampoco un sistema totalitario; fue un singular sistema político que pudo combinar con éxito las formas de la democracia representativa con una lógica autoritaria, corporativa, sustentada en un amplio consenso social. Un sistema, entonces, autoritario pero hegemónico capaz de incorporar, reconocer y negociar los intereses y las aspiraciones de la gran mayoría de la población, posibilitando un largo periodo de estabilidad política para el país. Elemento clave de este sistema y de su lógica fue el mantenimiento de un monopolio prácticamente absoluto sobre la distribución de los cargos públicos, asegurando una concentración casi ilimitada del poder en manos del titular del Ejecutivo en turno. Límite y razón de la supervivencia y la flexibilidad de ese poder fue el principio de no reelección absoluta de los presidentes, lo que evitó la derivación en una dictadura personal y permitió una sorprendente capacidad de renovación e innovación de ese sistema sui géneris, mezcla lograda de democracia aparente y autoritarismo real.

Algunos analistas también rechazan que pueda hablarse de una transición en México aduciendo que lo que en todo caso ha existido es una mera liberalización, es decir, de acuerdo con el texto citado inicialmente, un "proceso que vuelve efectivos ciertos derechos, que protegen a individuos y grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros" (2) La efectivización de las garantías y libertades contenidas en la Constitución sería, según esta postura, lo que mejor describe nuestro cambio político, pues los procesos electorales han existido sistemática y regularmente desde la década de los años 30. Aunque es innegable la importancia que han tenido las luchas en torno a la vigencia de las libertades civiles básicas en nuestro proceso, al determinar el tránsito de una sociedad corporativamente controlada a una sociedad abierta, plural y exigente del respeto de sus derechos esenciales, esta perspectiva parece minusvaluar erróneamente el peso que en esta evolución han tenido las luchas, las negociaciones y las reformas concernientes a la transparencia, equidad y efectividad de los procesos electorales, así como la conformación correlativa de un pluralismo político competitivo. A la luz de la importancia de tales procesos para la liberalización misma, resulta un tanto escolástico sostener que ha habido liberalización sin democratización, sobre todo si pensamos que democratizar es distribuir el poder a través de comicios libres y regulares que hacen valer el poder del voto ciudadano. Como ha señalado José Woldenberg, en México, por la propia naturaleza peculiar del viejo sistema autoritario, parece imposible separar la liberalización de la democratización.

Una tercera manera de negar la transición mexicana, opuesta a la primera y diferente de la segunda, consiste en sostener que sólo habrá transición si y cuando el PRI pierda el poder concentrado en la Presidencia. Esta identificación del cambio democrático con la derrota del viejo partido oficialista se ve matizada en algunos casos por quienes señalan que el triunfo opositor en estados y municipios indica que la transición ya ha comenzado (aunque sólo en esos estados y municipios), pero que sólo podrá culminar realmente cuando el PRI sea desalojado de Los Pinos (o de Palacio Nacional). En cambio, en el extremo no faltan quienes insisten (muy presidencialistamente) en que la transición apenas comenzará con este desalojo y la configuración de un gobierno de transición a nivel nacional.

Resultan obvias las motivaciones político-electorales (y en ocasiones hasta antisistémicas) de esta posición que identifica régimen autoritario con gobierno priista y régimen democrático con gobierno opositor. Pero quizá haya que reconocerle ser síntoma de una dificulta real: la concerniente a la anomalía que representa el PRI y su conflictiva y opaca relación con el Poder Ejecutivo. Que esa maquinaria enorme y compleja no acaba de convertirse en un partido político normal es evidente no sólo por su incapacidad para darse reglas y liderazgos propios, sino también por la permanencia de una enorme red de complicidades y clientelas que lo ligan con las burocracias de las instituciones estatales en todos los niveles, deformando, debilitando y pervirtiendo en muchos casos el funcionamiento de las mismas, así como dificultando las posibilidades de verdadera normalización de las contiendas electorales. Sin ser un partido de Estado en el sentido de los socialismos reales, el PRI no llega a ser un partido normal, es decir, una organización voluntaria e independiente del Estado, capaz de competir por los cargos públicos sin el apoyo y la dirección distante o cercana, sana o enferma, del titular del Poder Ejecutivo.

La permanencia de esta opaca, confusa y descompuesta coalición de intereses que conserva una enorme influencia en el aparato estatal, y que cobija desde las más añejas tradiciones autoritarias, clientelares y caciquiles del viejo sistema político, hasta las ambiciones y proyectos tecnocráticos y liberistas de los grupos que han gobernado al país en los últimos tres sexenios, es con toda seguridad el factor decisivo para explicar no sólo la resistencia del resto de los actores a reconocer la vigencia de la democracia en México, sino la dificultad teórica, conceptual, de dar por terminada la transición a la democracia en el país.

En efecto, si es incorrecto teórica y políticamente confundir el acceso a la democracia con la derrota del PRI y el triunfo de la oposición (o peor aún, de la "verdadera oposición"), también parece falso afirmar que hemos arribado a una democracia normal y cabal mientras el PRI siga siendo -como hasta hoy y a pesar de sus contiendas y conflictos internos- el partido del gobierno y no un partido en el gobierno. La obstinada posposición, por parte de sus operadores, de una verdadera reforma democrática de ese partido, su renuencia a dejar de utilizarlo como máquina de disciplinamiento y control de instituciones estatales cada vez más deterioradas y desprestigiadas por ello mismo, se ha convertido en la base fundamental de nuestra paradójica "transitocracia"(3) o transición permanente e interminable. Aun sin obviar las responsabilidades que cabe imputar a la inmadurez y a la falta de imaginación política de las oposiciones, es imposible no reconocer que la fuente primordial de los obstáculos que se oponen a la culminación pactada de nuestra dilatada transición se encuentra precisamente en la anomalía representada por el binomio PRI-gobierno. Lo que nos lleva a considerar los argumentos de quienes dan por terminada la transición.

2. Que una inmensa distancia separa al sistema político del México contemporáneo del que rigió hasta 1988 es algo que puede documentarse fácilmente. Cerca de la mitad de los mexicanos son gobernados por miembros de partidos distintos al PRI. Los medios impresos y electrónicos gozan de indiscutible libertad que en ocasiones se asemeja al libertinaje. Los comicios estatales, municipales y nacionales son cada vez más reñidos, y campea la incertidumbre democrática sobre sus resultados. Las autoridades electorales son autónomas de los gobiernos y las leyes que regulan los comicios han sido pactadas en lo esencial por todos los partidos, otorgando plena transparencia y credibilidad a sus resultados.(4)

Si esto es así, si la alternancia es ya una realidad en muchos estados y municipios, si los votos cuentan y se cuentan, ¿no tienen razón quienes afirman que la transición ha terminado y vivimos ya una democracia cabal, aun si se trata de una democracia de ínfima calidad en virtud de una serie de factores que pueden condicionar el funcionamiento, la calidad, pero no la existencia de la democracia? ¿No se cumple ya el requisito establecido por Przeworski, según el cual hay democracia cuando ninguna fuerza puede revertir el dictamen de las urnas, cuando, por ende, son los ciudadanos con su voto quienes deciden realmente la distribución de los cargos públicos y del poder? Después de todo, nadie, seriamente, ha sostenido que la democracia, para existir, tiene que dar lugar a gobiernos eficientes, virtuosos, intachables y carismáticos; como tampoco se puede señalar que la democracia, por existir, debe ser capaz de resolver los ingentes problemas y rezagos de las sociedades que gobiernan.

Por consiguiente, si en México se cumplen, aunque con excepciones y problemas circunstanciales (como los que existen en cualquier parte), todos o la mayor parte de los criterios y requisitos que los teóricos de la democracia liberal reconocen como propios de un régimen democrático, ¿por qué no asumir de una vez por todas que la transición ha terminado? ¿Por qué no dejar de hablar de transición para abordar los problemas de su consolidación, de su fortalecimiento o de su funcionamiento eficaz? ¿No hay acaso dificultades económicas, sociales, culturales, ecológicas y demográficas que deberían ocuparnos centralmente, justo para poder dar sentido y contenido racional a nuestra incipiente y precaria democracia? ¿No se ha convertido la llamada transitocracia, es decir, la pretensión de que la transición no ha culminado, en el mayor obstáculo para que nuestra democracia funcione normal y eficazmente? Uno podría estar tentado a responder afirmativamente todas estas preguntas, si no fuera porque ello parece presuponer que en las sociedades puede existir y funcionar normalmente una institución sin necesidad de que la mayoría de sus miembros reconozcan y se comprometan con sus reglas constitutivas.

A riesgo de incursionar en un terreno casi metafísico, cabe señalar que un requisito para la existencia y el funcionamiento normal de una realidad social parece ser la conciencia, el reconocimiento colectivo de dicha existencia y, por ende, el compromiso mayoritario con sus reglas. A lo que se agrega el peso específico de nuestra tradición oficialista, que por mucho tiempo consideró posible decretar desde arriba el reconocimiento o no de la existencia de todo tipo de realidades sociales, desde las iglesias hasta los sindicatos y partidos. Uno de los efectos más conspicuos de este decisionismo ontológico ha sido una cultura de la simulación, en la cual existían oficialmente realidades inexistentes a la vez que no había oficialmente realidades existentes. Cultura que, naturalmente, dio paso a una sociedad escéptica, que descree de todo aquello que afirman las autoridades.

En función de lo anterior puede entenderse el rotundo escepticismo con el cual buena parte de la población (por no hablar de los actores interesados) recibe la noticia oficial de que ya vivimos una democracia cabal, una plena normalidad democrática. De ningún modo estoy proponiendo que entonces resolvamos el debate en cuestión apelando a encuestas, a pesar de que éste se ha vuelto el método favorito para no resolver todos los problemas actuales. Más bien quiero enfatizar que nuestra transitocracia se funda en algo más importante que un mero error conceptual: en el hecho social de que la mayor parte de los actores y de la población tiene buenas razones para no asumir que la transición ha terminado y, por consecuencia, para no comprometerse con las reglas institucionales, formales, existentes. Y este no reconocimiento es algo más que un problema subjetivo: es uno de los factores objetivos de nuestra anormalidad protodemocrática.

Como se decía en la cita del texto de O`Donnell y Schmitter, una de las características del periodo transicional es que en él se trata de "definir las reglas y procedimientos cuya configuración determinará probablemente quiénes serán en el futuro ganadores y perdedores". Así, que tanto el PAN como el PRD (por no hablar de los micropartidos) insistan en seguir discutiendo sobre reglas y procedimientos relativos a los comicios, a pesar de que los existentes hayan mostrado ser idóneos relativamente para procesar elecciones creíbles, quizá no sólo obedezca a meras razones de oportunismo político.

La tradicional identificación del PRI con el gobierno, y el peso abrumador de una burocracia estatal que en mucho sigue fiel a sus viejos reflejos y complicidades, no dejan de pesar negativamente sobre el sentido y la orientación que los electores otorgan a los comicios, ni dejan de afectar la presunta equidad global de los mismos. Si a ello agregamos el comportamiento parcial de buena parte de los señores de las finanzas y de los medios electrónicos, se explique éste por verdaderas afinidades programáticas, por constelación de intereses o por el simple temor a la incertidumbre democrática, tenemos que reconocer que la conducta opositora no carece totalmente de bases.

La cuestión es más grave si consideramos que una porción mayoritaria de los ciudadanos vota contra el PRI-gobierno, sea para expresar su malestar hacia el priismo y sus tradiciones; sea para manifestar su descontento con las políticas gubernamentales, aun si, en razón de la profunda división opositora, ello todavía no basta para derrotar a la vieja coalición de intereses en el poder. Ello genera un déficit de legitimidad creciente que agudiza las desventajas de un presidencialismo que se muestra incapaz de promover alianzas y pactos que le den lo que las urnas ya no le pueden dar: un consenso realmente mayoritario y sólido para sus políticas públicas.

Nuevamente es fácil responsabilizar a las fuerzas opositoras por su inmadurez, por su voracidad o por su cultura política. Pero también tendría que reconocerse que ni en el Congreso ni en el Ejecutivo las fuerzas oficialistas han mostrado realmente estar dispuestas a asumir su condición de primera minoría y a buscar otra cosa que acuerdos de emergencia, de toma y daca en el filo de la navaja, para mantener una gobernabilidad cada día más precaria e ineficiente.

Así, cada conflicto, cada dificultad y cada problema se transforman en rehenes de una lucha frontal por posiciones de poder; una lucha que carece de reglas vinculantes suficientes precisamente porque los actores no están dispuestos a comprometerse con las reglas existentes ni a pactar y reconocer nuevas reglas motivados por una desconfianza tan fundada como perversa. Fundada porque las oposiciones tienen buenas razones para desconfiar de un gobierno y un "partido" que constantemente dan muestras de no estar ni mínimamente dispuestas a modificar sus tradicionales relaciones paralegales y paralegítimas. Fundada porque por ello mismo estas oposiciones se sienten justificadas para desconocer acuerdos y compromisos, dando lugar a la recíproca desconfianza de las fuerzas oficialistas. Pero perversa también, porque sienta las bases para un juego donde lo único legítimo es la confrontación mientras que el consenso y los pactos públicos y vinculantes resultan, si no ilegítimos, por lo menos impopulares.

Para colmo, el binomio PRI-gobierno no sólo descompone las relaciones entre los partidos políticos; no sólo deforma el sistema de partidos; también, como es cada vez más claro, descompone y deforma la relación entre gobiernos, instituciones públicas y fuerzas organizadas en el propio PRI. Si algo puso en evidencia la contienda entre los aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido es la profunda descomposición de la vieja maquinaria priista, misma que amenaza con contaminar y envenenar al conjunto del sistema político. De ser elemento clave para el control y disciplinamiento de las élites postrevolucionarias y, por ende, de gobernabilidad, esta maquinaria se ha convertido en ominoso semillero de conflictos y luchas sordas que deterioran y desacreditan al conjunto del Estado y sus instituciones. Nadie sabe cómo terminará la aventura de sustituir el dedazo tradicional por unas preliminares en las que somos espectadores de opacos y profundos conflictos de intereses más bien oscuros pero obviamente poderosos y dispuestos a todo. Pero no deja de ser sintomático que en esa contienda plagada de invectivas y recriminaciones recíprocas, ninguno de los aspirantes haya planteado, más allá de la retórica, cómo piensa reformar a su partido y cómo piensa promover la consolidación real de la democracia electoral tan difícilmente conquistada.

Aun asumiendo la hipótesis más optimista, esto es, que el PRI salga bien librado de esa experiencia, ello de ningún modo permitiría afrontar por sí solo la problemática anterior. Si, en efecto, el oficialismo logra mantener su unidad e incluso triunfa electoralmente en el año 2000, nada indica que esa victoria vaya a ser reconocida tanto por los principales partidos opositores ni tampoco, lo que es más importante, por buena parte de la ciudadanía. La inequidad resultante de las relaciones anormales entre el PRI y las instituciones estatales seguirá deslegitimando al nuevo gobierno y desacreditando a esas mismas instituciones. Se mantendrá, pues, la lógica de la transitocracia, de la transición permanente.

3. Todo lo anterior no pretende abonar en beneficio de quienes piensan que la transición se identifica con la derrota del PRI. Aunque debiera ser obvio que hay razones que hacen deseable esta derrota pues, entre otras cosas, ella podría forzar la siempre aplazada reforma de ese partido y su conversión en partido normal, lo mismo que la propia reforma del Estado; nada permite hasta ahora prever que ella por sí sola nos conduciría a una culminación viable y deseable de la transición. Tampoco es aceptable la tesis de quienes niegan los enormes avances alcanzados en nuestra transición, pues debiera ser obvio que hoy estamos más cerca de un régimen democrático que del viejo régimen autoritario. Si eventualmente en el 2000 triunfa un partido opositor, esto no podrá ser interpretado como un inicio sino como un resultado de esos decisivos avances institucionales y legales.

Se trata más bien de entender nuestro extraño retraso de la conciencia, es decir, la incapacidad de la mayor parte de los actores y de los ciudadanos para reconocer, asumir y comprometerse con esos avances democratizadores. Y de entender los efectos perniciosos de una lógica política que, al deslegitimar tales avances, deteriora y debilita gravemente al conjunto de las instituciones y políticas públicas.

Ha sido siempre convicción fundacional del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, y creo que debe seguirlo siendo, que la construcción democrática de nuestro sistema político requiere de acuerdos, de pactos, de compromisos públicos de largo aliento, y no de victorias o derrotas electorales. De acuerdos, pactos y compromisos que no pueden ni deben reducirse al mero aspecto procedimental de la organización y cómputo electorales. De acuerdos y compromisos que puedan normalizar realmente al sistema de partidos y a su relación con los gobiernos y con el Estado. De acuerdos y compromisos que hagan posible la reforma del Estado y la constitución de una nueva gobernabilidad democrática. De acuerdos y compromisos que superen no sólo la vieja lógica autoritaria, sino también la ya desgastada y desgastante lógica transitocrática. Sin esos pactos, sin este reconocimiento recíproco, sin este paso fundador de la mínima confianza que una República requiere para funcionar decentemente, seguiremos padeciendo esta invención diabólica que es nuestra interminable transición a una democracia convertida en horizonte utópico, inaccesible y, por ello mismo, en pretexto para el negativismo político vigente. En otras palabras para culminar la democratización no basta, a pesar de lo que digan los partidarios del realismo sin proyecto de futuro, la transición votada o la transición regateada. Necesitamos la transición pactada

Notas
1 Guillermo O`Donnell y Philippe Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario, vol.4, "Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas", México, Paidós, 1986.
2 Ibid, p. 20.
3 Expresión acuñada por Jesús Silva-Herzog Márquez, cf. su libro El antiguo régimen y la transición a la democracia en México, México, Planeta, 1999.
4 Al respecto merece leerse el artículo de José Woldenberg, "La transición a la democracia", nexos, núm. 261, septiembre, 1999.

Luis Salazar C. es presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática.