Quizá convendría diferenciar entre lo que se promete y lo que se quiere. Si eso fuera posible, entonces también se debe hablar de política económica electoral y política económica instrumental. Así no habría forma de equivocarse. Los electores votarían por las mejores promesas sin preocuparse de que funcionaran. Todavía mejor, ya no tendrían que hacer como si les hablara el mudo

Las campañas por la Presidencia de la República son ejemplos de que a veces no se dice lo que se quiere decir y no se le dice a quien se le quiere decir. En estos días aparecieron dos ejemplos. Uno fue el del candidato del PRD, quien ha ofrecido, si llega a la Presidencia, que bajará el Impuesto al Valor Agregado (IVA): "Pasarlo de 15 al 10%, eliminarlo en artículos básicos y elevarlo en aquellos que puedan considerarse gastos suntuarios". Esa decisión implicaría que el gobierno dejara de recibir por ese concepto más de 35 mil millones de pesos, equivalentes a 3.5 veces el presupuesto de la UNAM, seis veces el de Semarnap, la tercera parte del de educación o la mitad del de salud.

Pero flaco favor se hace a los pobres con la reducción del IVA. En realidad, los beneficiados serían los sectores de la población con mayor capacidad de compra. Los dos deciles más altos registrados en la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares realizan 49.5% del gasto corriente total; los dos más bajos sólo 5.6%. En una entrevista publicada en la revista Proceso (núm. 1195), la presidenta del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Alma Rosa Moreno, afirmó que "la evasión supera 30%, hay muchas devoluciones, y sólo 55% del consumo en el país está gravado" con el IVA. Es decir, encima de que no pagan ahora se les quiere hacer un descuento, para que menos paguen, ¿o paguen menos?

El candidato del PAN también se refirió al presupuesto público. El no eliminaría el IVA ni tampoco el Impuesto Sobre la Renta (ISR), aunque sí el predial, el del agua y el de la tenencia de automóviles. Pero para no esperar hasta el presupuesto del 2001, el que le tocaría de llegar a la Presidencia, sugirió que en el presupuesto federal para el próximo año se privilegien los rubros de educación, desarrollo económico, seguridad pública e impulso al federalismo. Seguramente le falla un poco la memoria, porque olvidó mencionar el de salud y con eso se completa el cuadro de los rubros que, efectivamente, se privilegian en el presupuesto público. Estos rubros abarcan más de 60% del gasto programable. Solamente salud y educación representan 85% del gasto social, y no alcanzan para nada, efectivamente, porque los sectores sociales capaces de pagar impuestos los evaden o los eluden.

Además "recomendó que se dejen de etiquetar los recursos asignados a los municipios", lo cual implica que los estados con mayores recursos los empleen con mayor discrecionalidad. El planteamiento parece interesante, pero está dirigido a un electorado que padece menos carencias. Si se miden éstas en términos de los índices de marginalidad, el PAN gobierna en la actualidad a Nuevo León, la entidad de la Federación que ocupa el segundo lugar, después del Distrito Federal, con menor grado de marginalidad. Le sigue en el tercer sitio Baja California, con lo que se completa la lista de tres de las entidades con muy bajo índice de marginalidad. El estado de Aguascalientes ocupa el sexto y Jalisco, también dentro de esa categoría, ocupa el noveno.

Solamente Guanajuato, de los estados panistas, entra en un rango de alta marginalidad. Pero incluso esa es una trampa de la estadística. Guanajuato tiene sólo un municipio con muy baja marginalidad, en tanto que 71% se encuentran en un rango de baja y media marginalidad, por lo que únicamente los 12 restantes "jalan" a la media hacia el rango de alta marginalidad