memoria
El aparato
Pablo Hiriart

la granja
Arrasa, arrolla, gana
Raúl Trejo Delarbre

Francisco Labastida
Perseverancia de Labastida
Edgardo Bermejo Mora

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Amplio consenso
Luis Salazar C.

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El cambio del PRI
Ricardo Becerra

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Festejo sin cruda
Marco Levario Turcott

Pero el Presidente podría haber intentado fraguar un consenso partidario en torno a un candidato a la sucesión, y ésta habría sido la primera alternativa lógica al destape: que la responsabilidad de la decisión no la asumiera el Presidente en solitario, sino en complicidad con un amplio abanico de dirigentes que representaran a una mayoría del partido. Si descartó esta posibilidad puede haberlo hecho por considerar que ese procedimiento no tendría legitimidad social, por pensar que ese consenso no podía lograrse, o simplemente por creer que ésa no debía ser su tarea. En principio hay razones para suponer que esta última es la explicación más próxima a los hechos.

Cabe suponer que algún día tendremos más información sobre las razones de Zedillo, pero una interpretación verosímil es que el Presidente ha renunciado a la designación de su posible sucesor con el fin de emancipar al PRI, de obligarle a reconocerse llegado a la mayoría de edad. En muchas de las decisiones presidenciales de este sexenio se adivina un punto de impaciencia hacia la excesiva concentración de expectativas y responsabilidades en la Presidencia, y un claro deseo de que estas responsabilidades sean asumidas por aquellos a quienes teóricamente corresponden, aunque tradicionalmente se diera por descontado que las decisiones últimas venían del Presidente.

Se diría también que Zedillo carece de gusto por ese trabajo de aunar voluntades y tejer coaliciones, tarea habitual de los líderes carentes de las prerrogativas del hiperpresidencialismo mexicano. Quizá ha sido esa suma de factores lo que ha llevado al PRI a embarcarse en el triple salto sin red que implica pasar de la designación presidencial del candidato a unas elecciones primarias abiertas al conjunto de los electores, sin padrón de votantes y bajo reglas de nueva creación. En efecto, cualquier otra explicación de la puesta en marcha del proceso sería un tanto incoherente, pues con él no se garantizaban a priori una mayor legitimidad social ni un mínimo consenso partidario: los riesgos en ambos aspectos se mantenían e incluso se ampliaban.

Es muy probable que un candidato del PRI vencedor en una elección abierta merezca más credibilidad social que el elegido en una asamblea partidaria. Pero eso dependía bastante del resultado y de la forma como se desenvolviera el proceso. El ganador no sólo necesitaba vencer con cierta claridad, sino que los perdedores -y especialmente el segundo clasificado- aceptaran los resultados sin demasiadas reservas y manifestaran su lealtad ulterior a la organización. En este caso, lo menos que se puede decir es que la competencia entre los precandidatos fue más rica en agresiones y ocurrencias que en ideas, y que en esa línea la coincidencia de Madrazo, Bartlett y Roque en atacar a Labastida como candidato oficial creaba una fuerte hipoteca sobre el resultado.

Era probablemente inevitable que uno de los candidatos fuera visualizado como candidato del aparato, y que sus rivales le criticaran como tal. Pero con ello se creaban varios problemas: no sólo se deslegitimaba a priori su posible triunfo, sino que se abría la puerta a profundas desavenencias si ganaba un candidato no oficial. Puestas así las cosas, podría haber sido mucho menos arriesgado que el aparato se hubiera organizado como tal, a través de mecanismos representativos, y decidido en una asamblea, por consenso democrático, cuál era su candidato. Este procedimiento sería bastante menos espectacular que unas primarias, pero precisamente por su menor espectacularidad tendría menos riesgos de verse deslegitimado por los precandidatos que no salieran elegidos.

La elección interna ha estado en primera línea de la información política mexicana durante meses, y eso es una gran ventaja, pero la credibilidad de su resultado dependía de la actitud de una sola persona -el principal derrotado-, y ése era un riesgo excesivo al que debía sumarse el de la posible división del partido. Si se ha decidido correrlos ha sido probablemente por dos razones. La primera, ya apuntada, es la negativa del Presidente a cumplir un papel de aunador de voluntades para fraguar un candidato de consenso a través de un procedimiento interno aceptable por todos. La segunda, la dificultad de obtener ese consenso, quizá incluso con un protagonismo presidencial en el proceso. La élite priista está muy dividida, y Zedillo no quiere o no se siente capaz de reconstruir su unidad.

Tras la escisión de 1987 y las traumáticas elecciones de 1988, uno de los mayores éxitos de Salinas fue recrear un amplio consenso partidario en torno a su figura. La crisis de 1995 se llevó todo eso por delante, y uno de los espectáculos menos edificantes del debate entre los precandidatos ha sido el intercambio de acusaciones sobre el pasado más o menos salinista de cada uno de ellos, tan cómico e irritante como su carrera por desligarse del neoliberalismo. El hecho es que ahora -con elecciones realmente competitivas y sin garantías de que la disciplina partidaria sea la mejor estrategia para hacer carrera política- son demasiados los agraviados y excesivas las tentaciones del juego centrífugo.

Puede que un decidido liderazgo presidencial hubiera logrado invertir la tendencia -como su cautelosa intervención parece haber logrado frenar los riesgos de descarrilamiento de la campaña-, o puede que no: nunca lo sabremos. Ahora queda la duda, en cambio, de si a partir de estas elecciones el PRI logrará dotarse de unas reglas de juego que refuercen su cohesión interna, o si con ellas se ha abierto el camino a una dinámica de disgregación. La fuerza del PRI como partido electoral está ligada a su solidez institucional, y no sólo a su control de las instituciones, que ya se ha reducido considerablemente. Muchas veces se ha planteado la cuestión de si el PRI podría sobrevivir a la pérdida de la Presidencia, y es una excelente pregunta. Pero hay una cuestión previa: ¿podría el PRI mantenerse en la Presidencia si se extendiera la imagen de un partido dividido?

La claridad de la victoria de Labastida, y las primeras declaraciones de Madrazo aceptando el resultado y manifestando su voluntad de seguir trabajando en el PRI, alejan el fantasma de una división del partido. Desde este punto de vista los resultados serían plenamente positivos para el PRI, que habría superado la prueba sin romperse la cabeza. Sin embargo, puede que no sea sensato ignorar en el futuro el peligro que entraña este mecanismo en un partido que aglutina demasiados intereses y carece de mecanismos institucionales para resolver con eficacia los conflictos internos. La aceptación de los resultados del juego por todos los precandidatos es una condición para que las elecciones primarias no se conviertan en cada nueva ocasión en un ejercicio de alto riesgo, y esa aceptación depende de la existencia previa de mecanismos que aseguren la cohesión partidaria.

Hoy, el PRI no tiene un verdadero aparato político capaz de resolver los conflictos internos y mantener la unidad de la élite del partido. Por muy reforzado que se vea ahora González Fernández por el resultado de la elección interna, es indudable que el mayor peso dentro del partido pasa al candidato electo, Francisco Labastida, quien sin embargo no podrá actuar como líder orgánico si se convierte en Presidente, y nadie sabe en qué posición quedaría si el PRI perdiera las elecciones del año 2000. Quizá la alternativa a corto plazo sea, como tantas veces en México, la norma no escrita que resulte de la suerte que el candidato ganador reserve a su inmediato rival. Si se sentara el precedente de que el perdedor encuentra buen acomodo en el equipo del triunfador, los incentivos para la lealtad y la cohesión crecerían

Ludolfo Paramio es analista político, autor, entre otros libros, de Tras el diluvio (Siglo XXI).