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El del 68 fue un movimiento de masas que luchó no contra las autoridades universitarias sino frente a un gobierno autoritario, represor e ineficaz políticamente hablando. El de ahora se enfrenta a las autoridades de la universidad y a miles de estudiantes y profesores que, siendo mayoría, están impedidos de actuar precisamente porque no pueden asistir a sus escuelas y lugares de trabajo para comunicarse y decidir. Por eso se habla de imposición y secuestro.

Para decirlo con Raúl Trejo: "Los estudiantes de 1968 clamaban por la democracia en el país y su movimiento buscaba negociar demandas de carácter cívico. Los más intransigentes entre los huelguistas de 1999 en la UNAM, más allá de la pertinencia que puedan tener o no sus demandas, han cometido una tropelía tras otra. No quieren dialogar ni negociar. No les interesa la universidad, sino mantener el conflicto tanto como sea posible" (Crónica, 24 de octubre). A estas alturas, nadie debería llamarse a engaño: este "movimiento" no tiene nada que ver con la democracia ni mucho menos con un concepto de universidad verdaderamente alternativo al modelo actual. En sus alforjas, para decirlo brevemente, no portan nada en cuanto a principios educativos, tampoco en lo que se refiere a la democracia. Es puro humo y provocación.

Los llamados "ultras" aprendieron de las tácticas de Marcos, las que puso en práctica desde el 94, precisamente para no negociar, aunque cuando las olvidan, éste se las recuerda mediante respectivos comunicados. Saben dilatar sus consultas, no reconocen sus derrotas en sus asambleas generales o las corrigen en sus reuniones particulares. La tolerancia no les es conocida ni en sus ideas ni mucho menos en sus conductas y esto lo saben bien tanto los sectores considerados moderados como los investigadores y varios ex rectores. Los trabajadores de los medios de comunicación también saben de estas prácticas violentas, han dado cuenta de ellas en detalle, las han sufrido en carne propia.

Por eso y más, vale la pena preguntarse si en ese "movimiento" la universidad, sus autoridades y sus comunidades académicas pueden encontrar o construir algún tipo de interlocución que sirva de catapulta de lanzamiento, en una perspectiva de reforma y actualización, a la casa de estudios e investigación más importante del país.

La captura de tres de los dirigentes del ERPI, de acuerdo con lo que han dado a conocer las autoridades, habla de intenciones que no se pueden dejar de atender. Esa organización armada, que nada tiene que ver con la democracia al igual que sus similares, pretendía y pretende incorporar estudiantes universitarios -los más radicales- a su organización, creando estructuras propias para sus supuestos planes de provocar situaciones "insurreccionales" en pleno proceso electoral del 2000. Una "huelga" de seis meses, hipotéticamente hablando, les puede haber dado para eso y más.

Independientemente de lo que al respecto piensen y hagan los sectores más radicales del paro universitario, en el caso de los dichos de los dirigentes del ERPI, cabe decir que hay una estrategia en curso que no solamente pretende afectar el proceso democrático electoral sino también construir sus bases, entre otros, con estudiantes universitarios.

Por eso, entre otras cuestiones, vale la pena poner a consideración del lector la necesidad y posibilidad de que, en todo caso, el levantamiento del paro impuesto a la Universidad Nacional no la sujete a compromisos que la aten de manos antes de iniciar el proceso que sigue. La organización de los foros, espacios o encuentros debe ser producto de una reflexión colectiva y plural, que evidentemente rebasa las posibilidades de hoy, de las partes que aparecen en el conflicto. Sólo así, con una comunidad actuante y deliberativa, se puede pensar en las garantías necesarias para impulsar procesos de reforma posibles y productivos. Lo contrario no será más que mero inmediatismo y horizonte breve. Al tiempo.

Rafael Cordera Campos es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM.