ensayo
Dejar de ser el segundo sexo
María Esther Espinosa C.

¿Congreso resolutivo?
Sí. Destraba el conflicto
Marco Levario Turcott

Miles, cientos de miles de voces exigen la normalización de la UNAM; sin embargo, los caminos están cerrados. ¿Por qué? ¿Hay salidas? ¿Qué pasará? Pérez Correa examina estas interrogantes en las siguientes páginas.

A Gerardo Estrada y a Hilda Trujillo

Caminos cerrados

El pasado 20 de octubre la UNAM cumplió seis meses secuestrada. Es posible que el secuestro dure seis meses más, ¿por qué no? De hecho, hoy el problema es más complejo que nunca. La solución se ve remotísima. Los paristas son conducidos por una "ultra" consolidada. La posición de ésta no deja lugar a duda: o la universidad capitula y acepta un "congreso democrático y resolutivo", o el secuestro continuará indefinidamente. Pero el objetivo del congreso no es resolver el conflicto sino profundizarlo, reorganizar a la universidad y adoptar una nueva forma de distribución del poder. Eminentes grupos académicos han terciado en el conflicto y han puntualizado que no quieren dicho congreso. Aceptarlo no implica el levantamiento del paro, explican, y asignarle un carácter "resolutivo" y celebrarlo bajo el control de los activistas sería violatorio de la ley y pondría en riesgo la esencia de la universidad. Las autoridades universitarias tienen una actitud pendular. Para ellas es igualmente imposible cerrar la vía a la solución negociada que cancelar la legalidad universitaria. Por eso han cedido una y otra vez y han exigido la devolución de la universidad. Algunos grupos académicos, el PRD, el gobierno capitalino y el gobierno federal han expresado una persistente reticencia contra el uso de la fuerza pública. Miles, cientos de miles de voces exigen la normalización de la universidad. ¿Por qué se han cerrado los caminos?, ¿hay salidas?, ¿qué pasará? En estas líneas me propongo examinar estas cuestiones.

Vuelta a la normalidad

El pasado lunes 25, a las siete de la mañana, un grupo de alumnos de la Prepa 9 intentó recuperar su plantel. La acción fue fallida. Los paristas se organizaron, movilizaron e hicieron presentes de inmediato. Constituyen una fuerza articulada y eficaz. Fue impresionante. A las diez el plantel estaba nuevamente tomado. Escuché azorado la declaración del jefe de la policía en Gustavo A. Madero: "... por fortuna, dijo, a las diez de la mañana las cosas volvieron a la normalidad". Al jefe policiaco le parecería anormal que el plantel se abriera, reanudara clases, se llenara de nuevo de jóvenes. Ese mismo día la ENEP Acatlán fue escenario de otro intento frustrado de romper la "normalidad". Es deplorable. Me pregunto si esa pretensión de hacerse justicia por propia mano fue reprobable más que conmovedora. En todo caso fue infantil. Como lo han sido tantas incidencias del paro universitario.

En dónde andan nuestros hijos

En México la gente conserva pocas certidumbres. Una de ellas es que todos tienen derecho a procurar a sus hijos una vida mejor por medio de la educación pública y gratuita. Esta es una actitud fundada. La confirman las encuestas, los estudios antropológicos y los análisis sociales. Esta certeza ha sido dramatizada, incluso, como tema recurrente del cine y la televisión. Su fuerza explica movimientos migratorios, sacrificios generacionales y privaciones familiares. Quien no desee vivir en la pobreza y el sometimiento necesita estudios universitarios. Así lo ha ilustrado, fuera de toda duda, la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, de 1992, del INEGI. Los resultados indican que quien concluye una carrera o inicia un postgrado tiene más de 50% de probabilidades de estar en el decil de los mexicanos más favorecidos. En efecto, si agrupamos en diez estratos, según los ingresos, a los más de 17 millones de hogares mexicanos, nos encontraremos que en el decil de quienes perciben los más altos se encuentran más de la mitad del millón 200 mil hogares sostenidos por dichos graduados. Más aún, nueve de cada diez hogares sostenidos por un graduado están en los tres deciles superiores de ingresos. En contrapartida, quien no cuenta con estudios tiene muy altas probabilidades de estar en los deciles donde se localizan la pobreza y la pobreza extrema.

Este año, la OCDE publicó un estudio sobre Educación, Migración y Productividad en nuestro país. El análisis concluye: "La educación es una de las variables decisivas para determinar el ingreso familiar en México". Esta determinación, añade el estudio, está presente "en los hogares rurales tanto en la producción agrícola como en la no agrícola". La educación tiene además un impacto global en la vida de las personas. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, hecha por INEGI en 1992, arroja resultados contundentes. El promedio de hijos nacidos vivos, de las mujeres mexicanas entre 20 y 39 años, es de 2.26. Asciende a casi cinco en mujeres sin instrucción, y desciende a uno en mujeres con estudios de bachillerato o superiores.

La población mexicana conoce la relación entre calidad de vida y educación. Aspira a una vida mejor y está decidida a llevar a sus hijos tan lejos como sea posible por la vía educativa.

Dicen que siempre no...

La reforma al Reglamento General de Pagos conmovió precisamente esta fibra. Admito que la propuesta del rector del 11 de febrero, aprobada por el Consejo Universitario el 15 de marzo, fue mal comunicada y peor entendida. También concedo que fue manipulada y explotada. Pero los hechos son ésos: cuando estalló la huelga, uno de cada cuatro estudiantes encuestados expresó su inconformidad con el aumento de las cuotas. La reforma no contó con el apoyo de la comunidad. Las peripecias fueron dramáticas pero no decisivas. Produjeron indignación el bloqueo al Consejo Universitario, la violencia de los activistas en el Instituto Nacional de Cardiología, la absurda pretensión de que fue ilegal resistir al golpe de mano con el que los activistas intentaron impedir la sesión del Consejo Universitario, el ridículo cargo de que la propuesta aspiraba a privatizar a la UNAM. Los detalles influyeron. Pero no fueron determinantes. Durante más de cinco décadas las cuotas se habían mantenido inconmovibles. Su cuantía representaba una garantía para los aspirantes y para sus familias, representaba un camino abierto hacia un destino generacional y personal más digno. La reforma fue interpretada como el cierre de dicho camino. Con eso ya estaba conformado el caudal de la revuelta. Por eso fue un acierto del PRD realizar un "plebiscito" respecto del aumento de cuotas. La inmensa mayoría lo desaprobó. Pero el PRD hizo trampa. No sólo por inflar la consulta sino, sobre todo, por convertirla en un mandato de huelga.

Por las malas ni a la esquina

Este conflicto ha hecho patente otra certidumbre de la opinión pública mexicana: hay que rechazar la violencia. Esta es un flagelo deplorable, daña sin piedad, sobre todo a los débiles; es fuente de desventura y de muerte. Todas las encuestas a mi alcance, relacionadas con el conflicto de Chiapas, coinciden en la reprobación generalizada a la violencia. Incluso la consulta que auspició el propio EZLN expresó un claro mandato de negociación pacífica. El mismo día que estalló la huelga, la opinión pública estuvo en contra, en proporciones análogas al caso de las cuotas: uno de cada cuatro universitarios encuestados reprobó la toma de la universidad. Desde entonces han menudeado las condenas a los secuestradores de la universidad, los exhortos y las recomendaciones para que los paristas renuncien a la fuerza. Hasta los ultras reconocen la universalidad del rechazo a la violencia: aunque han reiterado que "dialogar no es negociar", han acusado al rector, a Cárdenas, a Zedillo de "duros y violentos".

El híbrido ilustrado y abierto

Otras certidumbres, acaso menos generales y más localizadas, se han expresado también. Una de ellas me parece evidente: la UNAM es una institución creíble, bienhechora, salvable. Cierto, ha sido un híbrido, pero uno relativamente exitoso. Ha reconciliado en la práctica dos principios aparentemente reñidos entre sí. El primero es el orden necesariamente meritocrático del saber. El otro es la naturaleza democrática, abierta a las oportunidades, que debe caracterizar a una institución pública y nacional. La universidad reproduce el mito de Sísifo. Pero éste ocurre en colinas gemelas. El ethos de la excelencia tensa las relaciones académicas. Las deficiencias y las medianías no sirven, aunque en otros órdenes sean salvadoras. Si esta lógica se lleva al extremo, sobre todo en una institución masiva, se fractura el consenso, la estabilidad. Durante décadas fue paradigmático el ciclo que conducía de la severidad reglamentaria y el rigor escolar, literalmente, al defenestramiento de rectores y al caos institucional. Inversamente, cada vez que a golpes de masificación el desempeño académico se colapsaba y la disciplina se relajaba, se reavivaba el clamor y la presión por la superación académica. En los dos extremos se violaba una especie de pacto implícito de convivencia y surgía el conflicto. La UNAM puede, tiene que, debe ser excelente; y también estar abierta. Pocas expresiones sintetizan esta dualidad como la afortunada divisa del rectorado Guillermo Soberón: "Superación académica y proyección social de la universidad". En ningún lado está escrita esta teogonía dual del principio democrático y el meritocrático. Sin embargo, fue la razón misma que inspiró a Caso, cuando propuso separar las funciones políticas y las funciones técnicas de la universidad, y confiar las primeras a la Junta de Gobierno y las segundas al rector y al Consejo Universitario. Ahora bien, para mantener el equilibrio entre ambos principios, el medio funcional ha sido siempre el conflicto.

Los broncos y los frágiles

La otra certidumbre nos la ofrece el derecho. La opinión pública rechaza las salidas ilegales. Tal vez por eso los adversarios pretenden demostrar la prístina legalidad de sus respectivas posiciones y la supuestamente evidente ilegalidad de sus contrarios. Las autonomías siempre han producido la resistencia de los poderes. En México ha sido frecuente asaltar la autonomía a "trasmano". En los años 30 la "educación socialista" se enfrentó al escollo insuperable de los principios universitarios de autonomía y de libertad de cátedra y de investigación. Antonio Caso defendió brillantemente a la universidad. Lombardo expuso la causa de la educación socialista, por cierto con más brillo que los intelectuales orgánicos del cardenismo actual. Lombardo perdió el debate y perdió la lucha por la universidad. Entonces cambió la línea táctica. Los asaltos de hoy a la universidad son análogos, en cierta medida, a las alianzas de fuerzas que encontraron, en los años 40, un poderoso ariete en los estudiantes. Estas alianzas no lograron apoderarse de la universidad. Lo que obtuvieron fue el colapso institucional de 1944. La universidad no pudo más. Se cerró. En 1945 la Ley Orgánica permitió reabrirla. La ley contiene el pacto entre la universidad y el Estado. Entraña un sistema de garantías sustantivas y procedimentales que tranquilizan a la sociedad y reconcilian la autonomía con los intereses republicanos. ¿Es este pacto el que hoy se desea destruir? Así parecían indicarlo la lucha de los perredistas por suprimir el principio mismo de la autonomía financiera, y su empeño explícito por ofrecer, como única alternativa a la privatización, la estatización. Ese es el significado práctico de convertir el subsidio federal en la fuente exclusiva de ingresos de la UNAM. Así lo confirma la insistencia de la ultra por romper la legalidad universitaria y sustituirla por relaciones de fuerza. Con la ultra, el secuestro de la universidad ha demostrado, además, las fragilidades de la autonomía. Es difícil recordar a algún universitario distinguido, alguna autoridad académica que no haya reprobado la violencia. Con todo, la universidad está secuestrada.

La fractura de los pactos no sirve a los intereses mayoritarios. La ley limita pero protege a todos. Sin ley, los sectores más débiles abultarían permanentemente la lista de los perdedores. En la correlación nacional de fuerzas, en un juego de "vencidas", ganarían los poderosos y perderían los débiles. Las familias con recursos han ayudado a sus hijos a engrosar las instituciones privadas. Son los estudiantes más frágiles los que más han perdido con el paro. No tienen oportunidades alternativas. Muchos no volverán nunca a las aulas. Son los intereses populares los que más perderían con el quiebre de la universidad. Ganarían las burocracias, los conserjes de la política y la escuela privada. Hoy está probado: cerrar la universidad no es el camino para abrir sus puertas; violentar la ley no es el camino para defender los derechos populares.

El secuestro

El secuestro de la universidad fue consumado en pocas horas. Estas fueron suficientes también para construir la dirección colectiva del paro, con la participación del PRD, y con los ultras arrinconados. No por mucho tiempo. A la postre, los activistas más exaltados y los diversos grupos profesionales que llevan décadas operando en la universidad se apropiaron de la dirección. La base social del movimiento la ofrecieron los miles de estudiantes de clase media baja, aterrados por las inciertas perspectivas de su educación. Con o sin fundamento, percibieron su inminente exclusión.

El pliego del rescate

Desde el 20 de abril, durante semanas reinó la confusión y el vacío. Fue el momento del PRD. Nadie sabe exactamente cómo, pero al estallar la huelga el asunto de las cuotas perdió el carácter de demanda central del movimiento. Apareció un pliego petitorio. Originalmente contuvo cinco puntos. Solamente el primero se refería a las cuotas. El segundo exigía "recuperar el pase automático" y derogar la reglamentación escolar de 1977. El tercero planteó la cuestión del poder: los paristas exigieron un "congreso resolutivo", es decir, una negociación entre la universidad y ellos, como interlocutor único; una negociación cuyos acuerdos confirmaran una especie de nuevo "pacto social" en la universidad. En dicho congreso bipolar, los activistas serían la fuerza hegemónica y la universidad secuestrada sería un rehén indefenso. En cuarto lugar, los paristas exigieron impunidad: el retiro de denuncias sobre "cualquier tipo" de acciones de ellos o de sus partidarios. También exigieron el "desmantelamiento del aparato represivo de la universidad". En fin, en quinto lugar, exigieron el alargamiento del semestre. Dos semanas más tarde los paristas incorporaron un sexto punto: la anulación del examen metropolitano de ingreso al bachillerato. Ya no era una bandera perredista. El pliego tuvo el efecto esperado: trabó el diálogo e hizo imposible toda negociación, salvo en el extremo de la capitulación de la UNAM. En la última y en la penúltima sesión del CGH, por cierto, se propuso a estudio un séptimo punto: ¡el 40% que demanda el STUNAM!

Los académicos

El núcleo duro de la universidad, el personal académico, quedó de pronto desarticulado. La huelga no afectó inicialmente a los institutos, de modo que los investigadores no fueron afectados de inmediato. Los profesores en cambio fueron desalojados. Realizaron entonces reuniones intensas. Con todo, éstas fueron cada vez más esporádicas y frías. Una minoría tomó el camino de la Magna Asamblea Académica, en apoyo a los paristas. Una mayoría disgustada y agraviada se perdió en el aislamiento y la incomunicación. No fue sino meses después cuando se animó su acción, gracias a la propuesta de los maestros eméritos, primero; con el acuerdo de un distinguido grupo académico en la UDUAL, después, y finalmente, hace unos días, con la organización de un plebiscito impulsado por profesores e investigadores de carrera: Convergencia Académica. La academia universitaria tiene una gran tradición de antioficialismo. Sus querellas con el gobierno tuvieron un signo más bien conservador en la primera mitad del siglo y progresista en la segunda. El científico es crítico de profesión. Lo es también por sus afinidades e intereses. El deterioro de sus condiciones de vida y la burocratización de su trabajo no son para menos. Los académicos no ven bien, no pueden ver bien, una salida violenta en la universidad. En buena medida, representan la más ilustrada base social de la oposición contemporánea. La academia universitaria quiere un acuerdo que termine con esta pesadilla. Pero nunca aceptará, y menos solicitará, el apoyo de la fuerza pública para poner fin al secuestro de la universidad.

La línea del mérito

Los profesores eméritos generaron un amplísimo consenso entre los académicos con su propuesta de diálogo en el ámbito de espacios de reflexión. Nótese, ésta era una forma de decir "no" al congreso resolutivo. El Consejo Universitario y la mayoría de consejos técnicos e internos se sumaron a ella. Ahora bien, desde su tercera línea, el texto subraya: "Reafirmamos nuestro rechazo a cualquier uso de la fuerza pública para resolver los problemas de la Universidad". No es extraño. Incluso las corrientes académicas más severas han rechazado el recurso a la fuerza pública. El "grupo UDUAL", por ejemplo, titubeó sobre la idea de enviar una carta al Presidente de la República en la que le solicitarían "aplicar la ley de forma inteligente". Decidió no hacerlo. En cambio, el 12 de octubre dicho grupo propuso al Consejo Universitario respetar el marco jurídico universitario y exigir al CGH que dicho marco sea "la base de la negociación para solucionar el conflicto". El plebiscito convocado y realizado por académicos no puede ser más claro: la primera pregunta planteada fue, literalmente, la siguiente: "¿Deben o no deben el Consejo Universitario y el CGH negociar de inmediato la solución al conflicto?". Desde luego, el "sí" fue abrumadoramente mayoritario: 98%. Claro, la pregunta apenas podría estar más sesgada. No obstante, me parece claro como el cristal: la comunidad académica, decididamente antiparista, ha rechazado sin vacilaciones la intervención de la fuerza pública.

¡Fuera!

Más que tragicómica, la posición de los paristas moderados ha sido dolorosa. El PRD conduce mayormente esta fracción. Realizó con entusiasmo el referéndum contra el aumento de cuotas y apoyó sin matices el estallamiento de la huelga. Al poco tiempo se vio arrinconado como una minoría vergonzante y excluida. Aquí se presenta un gran misterio. ¿Cómo pudo el PRD convencer al gobierno y a la universidad de que sería capaz de resolver el problema, en unas horas, si el Consejo Universitario dejaba sin efecto el nuevo Reglamento General de Pagos? Lo ignoro. Sencillamente el acuerdo se "cocinó", el rector propuso la medida y el Consejo Universitario la aprobó. Cárdenas la aplaudió. Pero no se abrió la universidad. La expectación cedió el paso al desengaño. Los moderados vivieron un desastre en el CGH. Incidentalmente, el costo político del intento fue altísimo para las autoridades universitarias. ¿Por qué no hicieron público el acuerdo con el PRD? ¿Por qué no invocaron el principio de que la palabra dada debe ser respetada? ¿Les torcieron el brazo las autoridades capitalinas, las autoridades federales, ambas? Nunca dijeron nada. Guardaron un silencio fatal.

Los moderados alcanzaron su momento de gloria a finales de agosto, con la propuesta de los maestros eméritos y a unas horas del informe presidencial. De hecho, ganaron la votación en la kilométrica sesión del CGH, el 30 y 31 de agosto. Pero, como se sabe, a última hora, a base de pura ingeniería asambleística, los ultras les birlaron el acuerdo y el CGH terminó pronunciándose contra ellos. Septiembre empezó como un mes indeciso. Sin embargo, los moderados fueron vencidos. Sus voceros fueron "vetados". Sus partidarios fueron golpeados y expulsados. Con todo, como si no hubiera pasado nada, el PRD pretendía negociar en septiembre, una vez más, el "levantamiento" del paro, esta vez a cambio de un "congreso resolutivo". Fue el colmo. Hace cuatro semanas los moderados se retiraron del CGH "para aislarlo". Pero se quedaron solos. Hace tres semanas, en el CGH los ultras perdieron, cinco contra seis, la propuesta de tomar los institutos. Sin embargo, en ausencia de los moderados, fue para los ultras cosa de comerse un postre revertir dicho acuerdo y salir con el mandato de cerrarlos. Hace dos semanas los ultras ganaron por 17 votos contra 14 la votación decisiva de no asistir a la reunión con la Comisión de Contacto integrada por el Consejo Universitario. Contaron con los votos de las prepas 2 y 9, del CCH Naucalpan y de la Escuela Nacional de Música, planteles hasta hace poco "moderados" y hoy en la buchaca de la ultra. Ni modo. Lo mismo le ocurrió al PRI hace años. No se puede ser el campanero y estar en la procesión.

La ópera ultra

Los ultras no están dispuestos a encontrar una salida compatible con la ley orgánica y con los fines de la universidad. Pero son los dueños del pandero. ¿Quiénes son?, ¿hay quien lo sepa? Pienso en esas asambleas interminables en donde, a las siete de la mañana, después de horas y horas de sesión, se levanta un líder estudiantil fresco. Tiene 45 años. Desborda tablas. Con la magia de la oratoria enciende a los chavos, los hipnotiza. Ganan los ultras. Pienso en la conclusión de la sesión del 31 de agosto. Han pasado más de 30 horas de discusión. Los ultras están en minoría. Alargan la sesión. De pronto, aparecen centenares de colonos, las organizaciones sociales, los golpeadores. La asamblea se tensa. Los ultras ganan. Pienso en la sesión del 12 de octubre. Se discute la toma de los institutos. Será un acto de fuerza impuesto por un hecho brutal: el "Mosh" ha sido secuestrado. El CGH decide radicalizarse y cerrar los institutos. Entonces aparece el "Mosh". Ofrece una versión de su secuestro, una fracción del público llora; otra lo acusa de agente, de tira, de provocador. Pocos creen en su secuestro. Nadie ve las contusiones que se empeña en exhibir. Las injurias son interminables. Sube la tensión. Los moderados alegan que ya apareció el "Mosh", que las medidas de apremio deben quedar sin efecto. Cae entonces sobre la asamblea otra noticia terrible. Ha desaparecido Javier Fernández, el sexagenario líder de Corriente en Lucha, uno de los soportes de la ultra. Reina el caos. Nadie se atreve a reírse, a cuestionar, a regatear la protesta. Se confirma la toma de los institutos. Al concluir la sesión llega una noticia brutal: "Javier Fernández ha llamado, se encuentra bien". Los moderados perdieron. Las asambleas del CGH transcurren entre golpes emocionales, enfrentamientos violentos, intimidaciones y alarmas.

¡No pos sí!

¿Cómo se hizo la ultra con la dirección del movimiento? La pregunta no es ociosa. Como hemos visto, al ser secuestrada la universidad, el PRD y el Comité Estudiantil Metropolitano, CEM, un grupo afín, alternativamente moderado y ultra, tenían una clara mayoría. Con la negativa de los paristas a devolver las instalaciones, una vez suspendida la modificación de las cuotas, el PRD cayó en desgracia. Entonces el CEM, aliado con los ultras, obtuvo una mayoría de dos a uno. El PRD tuvo aún un segundo respiro. Ganó por unos minutos la elección el 31 de agosto. Entonces los ultras intensificaron una medicina fatal: volvieron una tras otra a todas las asambleas de las escuelas y facultades en manos del PRD y del CEM para cuestionar el liderazgo, instalar comités alternativos y plantear en el CGH la cuestión de la representación mayoritaria. Después de todo, ellos controlan la mesa. Esta medicina había funcionado al inicio del conflicto en Ciencias Políticas, donde los ultras, minoritarios, desalojaron con el apoyo del PRD a los independientes. Una vez solos, despacharon a los perredistas sin escatimar golpes ni amenazas. El modelo quedó consagrado. Todo fue cuestión de trasladarlo sucesivamente a Acatlán, a Naucalpan, a la Prepa 9 y a la Prepa 2, a la Escuela Nacional de Música y al CCH Azcapotzalco. Los "cemistas", aterrados, se han incorporado sin vacilación a las filas de la ultra. Hoy la decadencia de la hegemonía perredista parece irreversible. Por eso la propuesta moderada, la urgencia de reagrupar a la base, la "contramedicina" del aislamiento recetada a la ultra. Así son los profesionales. Suman la ingeniería asambleísta, la tramoya y el maquillaje, el golpe de mano, la paciencia y el trabajo.

Dime a quién odias y te diré...

En las asambleas, en los operativos, en las movilizaciones, se decantan las fobias. ¡Muera Zedillo!, ¡muera Labastida!, corean los de Corriente en Lucha, grupo veterano en las lides estudiantiles. Uno de ellos propuso al CGH, el pasado 12 de octubre, denunciar ante la prensa internacional a Zedillo por "no apoyar a los damnificados". El 17 de octubre, a propuesta de estos ultras, el CGH acordó marchar el 3 de noviembre, por el periférico, de Televisa San Angel a Los Pinos "para exigir al gobierno que saque sus manos y las de Francisco Labastida de la UNAM". Una y otra vez el precandidato priista ha sido satanizado. ¿Por qué él y no los demás? Si acaso, ha sido acusado por suave y por desentendido. El ataque, ¿es un misterio o es una pista? "Un grupo de ultras recibe armas del Ejército Popular Revolucionario... para influir en las elecciones del año 2000", afirmó Francisco Labastida el 2 de octubre. Al día siguiente confirmó su declaración en un programa de televisión. Una vez más acusó al más que sospechoso EPR.

"¡Fuera Robles!, ¡fuera Gertz!, ¡fuera Godoy!", gritaron los activistas de Contra Corriente. A ellos se atribuye haber provocado el incidente del Periférico el 14 de octubre y la toma de institutos, cuatro días después, para desprestigiar al gobierno capitalino. El PRD los acusó de provocar la represión. Con los ultras el conflicto está trabado. En cierta forma, es el protagonista más empeñado en demostrar que la única salida es la fuerza pública. ¿Es cierto que llevaban petardos, bombas molotov y pistolas el 14 de octubre, cuando tomaron el Periférico? ¿Es cierto que llevaban dosis de sangre para efectos de maquillaje dramático, lo que explicaría la negativa de los "heridos" a recibir atención médica? No lo sé. Me parece inquietante que los moderados lancen estas acusaciones. Me perturba que acusen abiertamente a los ultras, con nombre y apellido, de provocadores profesionales. ¿Es cierto que algunos de ellos militaron en Antorcha Campesina? ¿Es verdad que transitan libremente por los túneles del aparato represivo local y nacional? ¡Vaya usted a saber!

Ni contigo ni sin ti

El STUNAM ha sido un protagonista abnegado y sufrido. Es cierto, en diciembre exigió un mayor subsidio a las universidades públicas y se quejó, una vez aprobada una sustancial ampliación presupuestal, de la insuficiencia de ésta. En febrero el rector anunció la propuesta de reforma al Reglamento General de Pagos. Entonces el secretario general del STUNAM ofreció analizar el tema. Poco después se lavó las manos: constató "un diferendo entre autoridades y estudiantes que ambas partes deben resolver por la vía del diálogo". Ofreció sus buenos oficios. Al estallar el paro el STUNAM pestañó: pidió a los estudiantes reconsiderar su decisión. Pero fue rebasado internamente por la izquierda y hubo de alinearse. A lo largo de todo el conflicto, el STUNAM ha asistido a las marchas y ha expresado su apoyo. Se sumó al pliego petitorio y se definió como "aliado del movimiento estudiantil". El STUNAM ha mantenido en buena medida el conflicto. Ha resguardado los planteles a nombre de los estudiantes y ha procurado a éstos alimentación y transporte. Ha asistido sistemáticamente al CGH y, una tras otra, en todas las sesiones de éste, ha renovado las aportaciones económicas. El STUNAM ha sido un organizador ideológico del secuestro. Admito que no estamos frente al discurso de Flores Magón. Pero después de todo tiene su chiste. Las universidades públicas, expresó su líder, han sufrido los embates y el impulso privatizador del gobierno de México, junto con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los paristas son, con el STUNAM, la vanguardia salvadora. El secretario general no se ha medido. El 25 de junio exigió al presidente Zedillo pedirle cuentas al rector. Días más tarde demandó un referéndum. El 21 de agosto acusó al rector de "autoritario" y el 5 de septiembre de "irresponsable" al Presidente. Ha propuesto la intervención del Congreso, la realización del "congreso universitario resolutivo" y la revisión de la "insuficiente" propuesta de los maestros eméritos. Los actos violentos de los paristas son adjudicados por el STUNAM a "los infiltrados". Los estudiantes inconformes son "provocadores". Complementariamente, el líder se ha pronunciado en contra de "la represión y el uso de la fuerza pública".

Pero los plazos se vencieron fatalmente. El 24 de septiembre el STUNAM emplazó a huelga. Sería estallada el 1 de noviembre. Ahí está el quid. Es extravagante estallar la huelga en una institución en paro. En el mejor de los casos, los trabajadores perderán por nada los salarios caídos y se adjudicarán los costos de una situación ajena y, de hecho, sin recibir ningún beneficio. El paro estorba. La violencia estorba. Los ultras estorban al STUNAM. En octubre las relaciones se han tensado. El STUNAM ha exigido a la UNAM negociaciones y se ha opuesto a las denuncias legales presentadas por las autoridades. Sin embargo, la toma de los institutos y la confrontación de los paristas con los trabajadores de éstos generaron interminables fricciones. El STUNAM protestó y lanzó extrañamientos. La ultra volvió a su modelo; desafió al líder, a quien calificó de "charro". Además, denunció la integración de la Comisión de Contacto de las autoridades con un representante de los trabajadores. Subió el tono. El STUNAM replicó. En su sesión del 23 de octubre, el CGH reclamó airadamente las declaraciones del sindicato y emplazó a éste a un "debate" público el 27 de octubre. La misma receta intransigente y agresiva. El 29 de octubre, el STUNAM decidió finalmente posponer la huelga para enero del año próximo.

El sindicato ha confundido las cosas. Se ha encontrado en un desconcertante paraíso patronal. De hecho, sus complicidades justificarían la recisión de las relaciones individuales de trabajo, sin responsabilidad para la UNAM. Según la Ley Federal del Trabajo, la recisión procede contra quienes hayan contribuido a "hacer imposible el cumplimiento de la relación de trabajo". Además, el artículo 427 de la misma ley faculta a la universidad a suspender temporalmente las condiciones colectivas de trabajo ya que por "fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón..." se ha producido "... la suspensión de los trabajos". Más aún, de acuerdo con el artículo 434, de persistir la misma circunstancia, ha lugar no a la suspensión, sino a "la terminación de las relaciones (colectivas) de trabajo".

El STUNAM ha sido, técnicamente hablando, una organización desleal con su empresa. Ha contribuido de facto a hacer imposible la continuidad de las relaciones de trabajo de muchos de sus trabajadores afiliados. Pero se ha enfrentado a una administración benévola, a un patrón light. Desde luego, en la UNAM han sido muy aisladas las voces que han propuesto una relación salvaje para contender con los trabajadores. Ese no es el tono universitario. Además, semejantes extremos conducirían a una actitud persecutoria que difícilmente contribuiría a resolver el conflicto. Pero la universidad tiene derechos, y no es extravagante esperar que quienes viven de ella los respeten, ¿no?

Los extraños "padres de familia"

Los paristas han contado con el apoyo de las "organizaciones sociales". Agrupaciones de colonos, maestros independientes, electricistas, enemigos de las privatizaciones, partidarios de la lucha zapatista y eperrista, e incluso empleados del gobierno del Distrito Federal. Convertidos todos ellos en "padres de familia", han engrosado las manifestaciones, han cumplido las guardias nocturnas, han alimentado a la troupée instalada en los planteles, y han surtido con reventadoras y golpeadores la primera línea de fuego del paro, desde la toma violenta de la universidad, hasta las reiteradas escaramuzas callejeras para "cerrar" las sedes alternas. "Las organizaciones sociales" intervienen en las interminables sesiones del CGH, contribuyen con despensas, aportaciones económicas y movilizaciones varias. Sus militantes reciben resguardo, agua, electricidad, comida y "trato digno". Algunos, dicen, están armados. Son ya una especie de "precaristas". A cambio, intimidan a los moderados, inclinan las votaciones en favor de la ultra. Las organizaciones invitan a marchas, movilizaciones e iniciativas de la más diversa índole; esto es, exigen reciprocidad. Estas organizaciones son una verdadera prefiguración de lo que sería la universidad gobernada por un Consejo General de Gobierno.

Te odio y te quiero

El PRD ha sido otro protagonista sufrido y paciente. Hace tres años la universidad le brindó los cuadros, los espacios y los recursos humanos para llevar a Cárdenas al triunfo, hacerse con la jefatura de gobierno del Distrito Federal y desbancar al PRI de la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero 1999 apuntó como un año desastroso. Fundada o no, se impuso en la opinión pública del Distrito Federal la imagen de un gobierno fracasado. Porfirio Muñoz Ledo abandonó las filas del partido de manera escandalosa. Fue deplorable el doble simulacro de democracia emprendido para designar a la dirigencia nacional del partido. La renovación de la dirigencia del DF no fue más exitosa. Concluyó con una vergonzosa repartición de cargos. En enero, las encuestas registraban una de las más bajas predisposiciones a votar en favor del PRD de los últimos años. En ese cuadro se produjo la intromisión de dicho partido en la vida universitaria. El mismo día que el rector presentó su propuesta, Amalia García, entonces candidata a la presidencia nacional del PRD, la calificó de "contrasentido" y "absurdo", y llamó a los estudiantes a manifestarse. "Yo le advertí con tiempo al rector", declaró Cuauhtémoc Cárdenas, en el ITAM, la semana pasada. Lo cierto es que expresó abiertamente su rechazo a la propuesta el 25 de febrero y el 16 de marzo. A este repudio se sumó la plana mayor perredista. El doctor Carlos Imaz, presidente del PRD en el DF, publicó el 21 y 22 de abril inserciones pagadas en las que convocó a los "ciudadanos y ciudadanas (...) a materializar su solidaridad con los estudiantes". El 23 marchó con los paristas acompañado por sus colaboradores. El PRD ha intervenido también a través de su grupo parlamentario. Desde las declaraciones de los diputados perredistas, publicadas el 15 y el 19 de febrero, hasta la demanda de renuncia del rector de la universidad, el pasado 26 de octubre, su interferencia en el conflicto universitario ha sido permanente. Ha sido también reiterado el apoyo abierto o encubierto del gobierno del Distrito Federal a los paristas. La intervención declarativa de Cárdenas ha cedido el paso al compromiso explícito de Rosario Robles. Para ella, según declaró después de los incidentes del Periférico, el conflicto universitario es un asunto de culpas. Todas ellas recaen en el rector Barnés.

Pero más importante ha sido la intervención directa de los perredistas en el estallamiento y en el desarrollo del paro. El PRD organizó y financió el plebiscito con el que se justificó el secuestro. Votó en las escuelas y facultades una y otra vez en favor del paro. Impuesto éste, en alianza con diversas fracciones de activistas condujo el movimiento durante los primeros días, hasta la fatídica negociación, donde se comprometió a levantar la huelga a cambio de la suspensión del nuevo Reglamento General de Pagos. Entonces empezó su ruina. Ha perdido inexorablemente su posición conductora. Hoy se divide entre los grupos insulares, que pretenden estar "aislando" a los ultras, y las frágiles mayorías que conduce en algunas escuelas aún integradas al CGH. El PRD ha hecho una inversión cuantiosa de su capital político en la UNAM. Y ha perdido. No puede aceptarlo. Aún maniobra para rescatar un acuerdo de terminación del paro, a cambio de un congreso resolutivo. Con la universidad abierta, piensa, podrá acreditarse la defensa de la educación pública y gratuita, y acudir a las bases para recomponer la ruinosa correlación actual de fuerzas. El PRD quiere el coto de la UNAM para el 2000. Quiere más, quiere el coto de la UNAM per secula. Por eso propuso el 7 de julio una iniciativa de Ley Orgánica de la UNAM. Su propósito es dejar al libre juego de las fuerzas internas la organización y la articulación de la casa de estudios. Resumida en unas cuantas palabras, la propuesta del PRD consiste en hacer del congreso resolutivo la forma cotidiana de gobierno de la UNAM.

Adaptarse para avanzar

No es extraña, entonces, la línea pendular de las autoridades universitarias. Al contrario, me parece una forma racional de adaptarse a las circunstancias. Con el nuevo Reglamento General de Pagos, el Consejo Universitario revisó y reformó la propuesta del rector. Esta ya había sido remendada. Al fallido intento de iniciar el diálogo con el CGH, a principios de mayo, a través de una primera comisión de encuentro, sucedió la primera tentativa de llegar a un acuerdo con la mediación del PRD. Así, el 7 de junio el Consejo Universitario aprobó dejar sin efecto el Reglamento General de Pagos. Como hemos visto, esta medida no tuvo ningún efecto. Una semana después se produjo la tentativa de construir las bases del diálogo con la intervención de la Cámara de Diputados. No funcionó. Tampoco el diálogo en Palacio de Minería. Se produjo un impasse. Entonces cambió la línea: el rector solicitó la aplicación de la ley y el restablecimiento del Estado de derecho. Esta posición alcanzó el cenit en la reunión de Santo Domingo. Después se registró otro impasse. La estrategia de las autoridades de obtener la "devolución de las instalaciones" perdió impulso. Concluyó con la propuesta de diálogo de los eméritos. En septiembre se afirmó la línea del diálogo. Los ultras la hundieron. Recientemente, el abogado general de la UNAM ratificó denuncias anteriores y presentado nuevas. Sin embargo, el rector aclaró en la Cámara de Diputados que demanda la aplicación de la ley, no el empleo de la fuerza pública. Está registrada una posición pendular. La insistente e infructuosa búsqueda de una salida por la vía del diálogo alterna con la demanda de restablecimiento del Estado de derecho.

La fuerza de la ley

Coincido con la posición del presidente Zedillo. El derecho es un orden coactivo. Sus mandamientos se cumplen por vías de apremio y de fuerza, dado el caso. Quien solicita la aplicación de la ley debe saber que está solicitando, en el límite, el empleo de la fuerza pública. Es una grave responsabilidad acudir a este extremo. Acaso este texto demuestre que no es claro que los universitarios estén decididos a asumirla. Tampoco lo es que estén dadas las condiciones jurídicas formales. Me pregunto si una salida de fuerza resolvería o enconaría el conflicto, si la comunidad universitaria ha cerrado filas en torno a un nuevo proyecto, si estamos listos para asumir los costos de la represión. Por eso las premisas de la posición del Ejecutivo son correctas: las medidas de fuerza requieren sustento democrático y justificación política.

Hacia un nuevo pacto

Me encuentro entre quienes piensan que la universidad ha cambiado aceleradamente estos seis meses y nunca más será la misma. Es obvio: la universidad está indefensa, desarticulada, dividida. Reconstruirla implica concertar un nuevo pacto fundamental entre sus fuerzas, entre sus protagonistas. La UNAM es nacional. Se debe al país. Es el recurso en la materia más importante con el que contamos. No debe enquistarse. No puede invocar supuestas oposiciones entre la excelencia académica y el acceso a la educación superior. La UNAM es una universidad; es decir, el espacio de creación, transmisión y difusión del conocimiento. Está conducida por sus fines y los principios de autonomía y libertad de cátedra y de investigación. No puede hacerse rehén de urgencias sociales que desbordan su naturaleza y sus fines. No puede renunciar a su carácter académico, a sus derechos, a sus libertades, así sea en nombre de tareas populares. ¿Dónde está el equilibrio? Encontrarlo a partir de la Ley Orgánica, me parece, es la tarea central de los universitarios. No hay una respuesta previa. Hay un conjunto de alternativas que deben discutirse en un espacio de reflexión y tolerancia. Pienso que los universitarios debemos desarrollar las posibilidades de la Ley Orgánica y actualizar la organización y las prácticas de la universidad. Esta es la tarea a la que puede y debe convocar el rector y a la que muchos universitarios se sumarían. Pero es necesaria la movilización de la universidad, la reflexión común, la reorganización. Pienso en los grupos de trabajo, comisiones, foros y espacios que debieran estar ya en operación. El objetivo no es solamente encontrar una salida pacífica y académica a este conflicto, sino refundar nuestra universidad como un espacio en el que todos quepamos y podamos aportar una contribución significativa.

Fernando Pérez Correa es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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