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Rosario Robles fue muy aplaudida cuando mandó retirar a los paristas que habían invadido el Anillo Periférico en ambos sentidos. Esa tarde, los noticieros radiofónicos daban cuenta de centenares de llamadas telefónicas en respaldo a la medida y a la funcionaria. Una parte de la sociedad capitalina se mostraba entusiasmada por algo que debiera ser pero no es habitual entre nosotros: la protección de la ciudad y la garantía del derecho de tránsito por parte de la autoridad.

Infortunadamente, la propia señora Robles dio un paso atrás al aprehender a dos granaderos que habían golpeado a una marchista. Se habría entendido que la gobernadora actuaba con gran escrúpulo contra los excesos de violencia, si al mismo tiempo hubiera ordenado la aprehensión y consignación de los paristas que, cuando menos, son responsables de obstruir la principal vía de comunicación de la ciudad y destruir deliberadamente la malla ciclónica del Periférico, que es propiedad del Distrito Federal.

Pero no, la autoridad sólo encontró culpables a dos granaderos por exceso de violencia. Nadie podía esperar, por cierto, que los policías antimotines, que han soportado estoicamente insultos, golpes, escupitajos de los paristas, mantuvieran toda la calma a la hora de la acción. Mucho menos si, como fue el caso, fueron repelidos por las turbas a pedradas, con varillas y palos. Y menos aún si se considera el nivel social y cultural de las personas que forman parte de los cuerpos de policía en la ciudad.

Por eso creo que el arresto de dos granaderos fue un símbolo de repliegue de la señora Robles, como lo fue la inusitada embestida contra el rector Francisco Barnés de Castro. Esto último puede verse como una concesión de Robles a los ultras y a los grupos que les son afines en el seno del PRD. Pero el arresto de los granaderos fue una clara marcha atrás.

Traigo esto a colación en forma aparentemente extemporánea porque la semana pasada el rector Barnés de Castro anunció que demandaría a los paristas por el delito de despojo perpetrado en contra de institutos y centros de investigación de la UNAM y que ratificaría las demandas anteriores. El siguiente paso lógico sería que el Ministerio Público iniciara las correspondientes averiguaciones previas e hiciera presentar o aprehender a los presuntos responsables.

¿Lo hará? ¿Cumplirá la autoridad judicial con su deber? ¿Pasará por alto las denuncias y las meterá al gigantesco costal de los casos no atendidos por "falta de personal y de tiempo"?

Supongamos que se inician las averiguaciones previas y se cita a comparecer al "Mosh". Es posible que en vez de presentarse ante el Ministerio Público, este sujeto ordene un paso más en la escalada, por ejemplo, el cierre de las bibliotecas y hemerotecas de la ciudad. Pero si sencillamente ignora el citatorio, ¿entrará la Policía Judicial a Ciudad Universitaria para detenerlos?

Sigamos en la fantasía: supongamos que todos los efectivos de esa corporación detienen a ese y otros presuntos responsables, para lo que habrían de haber repelido a los grupos de choque que custodian el campus universitario y protegen al "Mosh". En el mejor de los casos los heridos y golpeados se contarían por decenas, pero el Ministerio Público habría cumplido con su deber legal.

¿Se imagina usted la reacción de los intelectuales y politólogos que piden la aplicación de la ley a los paristas pero "sin represión"? ¿Cuál sería el tenor de las declaraciones de Cárdenas, Camacho Solís, Amalia García, Vicente Fox, don Pablo González Casanova, que por cierto fue expulsado ominosamente de su cubículo por los paristas? ¿Adivina usted el tono del comunicado de Marcos desde algún lugar de la Selva Lacandona? ¿Tiene una idea de la reacción que tendrían las organizaciones no gubernamentales protectoras de los derechos humanos?

No nos engañemos y que no nos engañen quienes exigen al gobierno que haga valer la ley en el conflicto de la universidad pero sin utilizar la fuerza pública. Es tan absurda esta demanda como lo sería exigir el salvamento de una persona que se está ahogando pero sin que se moje el salvavidas. Es tan obvia la contradicción que creo que quienes la sostienen no piensan más que en su pobre prestigio personal: exigen al gobierno, incluso enérgicamente, que haga valer el derecho, pero se curan en salud para sumarse al día siguiente al coro abundantísimo de quienes acusarán al Presidente de represivo. Esa es una actitud no sólo tramposa y oportunista, sino también cobarde.

Creo que no debió el rector Barnés o quien sea en el gobierno meter a la UNAM en el espinoso camino de las cuotas. Pero una vez iniciado el paro y aclarada la marquización del "Mosh", la fuerza pública debió recuperar las instalaciones y consignar a quienes se apoderaron de ellas. No hay otra forma, ya no diga usted de aplicar la ley en ese caso, sino siquiera de pensar en un diálogo fructífero con los paristas. Puede usted estar seguro de que un eventual acuerdo con los moderados y la posible ruptura dentro del CGH no reduciría en lo más mínimo a los ultras que tienen el control del paro.

Renward García Medrano es periodista.