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Camille Paglia

En México hemos sido testigos de cómo los medios han acumulado una significativa fuerza política que los ha llevado a sentirse capaces de participar en la transformación democrática de la sociedad. Ese protagonismo, dice Jorge Medina Viedas, es uno de los rasgos políticos más relevantes del fin de siglo.

En este ensayo, el autor revisa los principales instrumentos jurídicos y comunicacionales con los cuales el gobierno establece relaciones con los medios y la sociedad para, después, examinar cuál ha sido en la práctica la relación del Estado mexicano con los medios de comunicación.

Un dato que confirma que México atraviesa por una época de tránsito es que uno de los temas más atractivos en el debate público actual se relaciona con la función de los medios de comunicación y en especial con todo lo relacionado con su entorno social, el cual ha estado marcado históricamente por sus vínculos con las diferentes instancias del Estado tanto jurídico-formales como informales.

El hecho, aparentemente coyuntural, revela también que el poder y los medios integran un binomio inseparable, pero del cual se pueden rescatar encuentros y desencuentros, convergencias y divergencias que sirven para explicar una parte importante de la historia política del país.

En función de lo anterior, se puede afirmar que la relación de los medios y el poder en México ha sido ambivalente. Esta ambivalencia, lógicamente, no ha evitado las influencias recíprocas. Ni el Estado en sus diversas formas de representación ha sido ajeno al comportamiento de la prensa; ni ésta ha dejado de tomar en cuenta la naturaleza del régimen político que ha tenido enfrente.

No obstante, hay que decir que los medios de comunicación mexicanos tienen una historia propia y no sólo se escribe de ella a partir de la relación que han mantenido o mantienen con el Estado. La importancia de tales vínculos es atendible porque a través de ellos se manifiesta el funcionamiento del sistema político en su conjunto.

Si se admite lo anterior, se puede decir que la democracia de un régimen se mide por el grado en como se ejerza la libertad de prensa. Esta es la vara de medir de la democracia. O dicho de otro modo, un régimen será más democrático cuando sus medios sean capaces de reflejar la realidad de la manera más objetiva posible. Aquí aparece de nuevo la ambivalencia que señalé al principio: en efecto, la calidad de los medios expresa también la calidad de la democracia y viceversa.

En nuestro país, particularmente en los años recientes -pero no solamente- hemos sido testigos de cómo los medios han acumulado una significativa fuerza política que los ha llevado a sentirse capaces de participar en la transformación democrática de la sociedad. Este protagonismo de los medios es uno de los rasgos políticos relevantes del fin del siglo.

Para el Estado mexicano, dadas las características históricas de dicha relacion, este hecho debe tener una importancia especial. Por esa razón, empezaremos por recordar los principales instrumentos jurídicos y comunicacionales con los cuales aquél establece su relación con los propios medios y la sociedad, para luego examinar cuál ha sido en la práctica la relación del Estado mexicano con los medios de comunicación.

Obligaciones e instrumentos jurídicos

En primer lugar, debemos señalar que el Estado tiene una doble función: cumplir con la obligación de informar verazmente, respetando las garantías sociales e individuales de los ciudadanos y, mediante leyes y reglamentos, asegurar el ejercicio absoluto de las libertades de expresión y de prensa.

Los medios y el Estado se rigen por la propia Constitución General de la República, y por una serie de leyes secundarias que regulan ámbitos concretos del conjunto de los medios. Entre las leyes secundarias vigentes destacan la Ley de Imprenta (promulgada en 1917 por Venustiano Carranza), incluso antes que la propia Constitución Política del mismo año, cuyos artículos sexto y séptimo consagran las libertades de expresión y de imprenta; la Ley de la Industria Cinematográfica (1949, Miguel Alemán) y su Reglamento (1951, Miguel Alemán), la Ley Federal de Radio y Televisión (1960, Adolfo López Mateos), y el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión (1973, Luis Echeverría), además de otros reglamentos secundarios, decretos y acuerdos presidenciales, y acuerdos secretariales.

La esporádica, lejana y quizá poco abundante atención jurídica a los medios, no significa que el Estado mexicano renunciara a su función de emisor de información. Desde las primeras décadas del siglo -los eventos revolucionarios seguramente influyeron en ello- se mostró interesado en el funcionamiento de la prensa y de los incipientes medios electrónicos. La propia Ley de Imprenta que arriba recordamos y la fundación de la CZE en 1924 por la Secretaría de Educación Pública y la XEFO en 1930 por el PNR, son referentes concretos de un Estado en formación, producto de una revolución y apoyado en las masas populares. El diario El Nacional Revolucionario nace bajo los auspicios del Partido Nacional Revolucionario el 27 de mayo de 1929, en plena campaña de Pascual Ortiz Rubio, y se le considera desde su nacimiento como "un diario para la Revolución", militante y parcial, casi siempre supeditado al propio partido.

El "redoblado entusiasmo" de este diario durante la campaña política del general Cárdenas en 1934 sirvió para que el ya Presidente decidiera hacerlo del gobierno. En su administración creó la primera oficina de prensa del sector público. En 1935 el gobierno de Cárdenas creó la Productora e Importadora de Papel, S. A. (PIPSA), en respuesta a los editores que reclamaban menores aranceles a la importación particular de papel periódico.

Las estaciones de radio, pioneras de la comunicación gubernamental, fueron cerradas en los años 40. Entre tanto, la radiodifusión privada se desarrolló rápidamente con más fisonomía de medio de entretenimiento y publicidad, que de información y formación. La Cámara Nacional de la Industria de Radiodifusión fue creada en 1937 como un interlocutor corporativo del gobierno que, con el tiempo, adoptó la política de denunciar atentados contra las libertades de expresión y opinión, y ataques a la libre empresa, cada vez que el gobierno pretendía cualquier tipo de acuerdo sobre reglamentos, gravámenes, publicidad y contenidos que lesionaran sus intereses particulares.

Así pasó, por ejemplo, durante la Presidencia de Díaz Ordaz en 1968, cuando fracasó en su propósito de fijar gravámenes de 25% sobre el total de pagos que las empresas de radio y televisión recibieran por los servicios. El gobierno debió reducir sus propósitos a 12.5%, y no en efectivo, sino en tiempo diario de transmisión de cada estación.

Del Estado al mercado

En primer lugar, una consideración general: el Estado mexicano, sin llegar a los controles ortodoxos de las sociedades autoritarias, pasó de los confinamientos más heterodoxos de medios y comunicadores, transitando por relaciones idílicas o ambivalentes, de subordinación o cooperación durante un largo tramo del México postrevolucionario, a la expulsión (o huida) de unos y otros al reino del mercado, donde la libertad se somete a la tiranía del precio, la calidad y la variedad de los productos.

Hasta finales de la década de los 60 el Estado mexicano basó el ejercicio del poder en los apoyos corporativos de diversos sectores sociales, en la legitimidad derivada de la solución a las demandas sociales por la capacidad de respuesta del propio Estado, y cuando era necesario, en los mecanismos de coerción. Esta etapa coincide con los momentos de gestación de una sociedad civil a la cual concurren los primeros grupos desplazados de los acuerdos del pacto social del régimen.

Protagonistas de movimientos multitudinarios como el de 1968 y de otras batallas civiles, encuentran otras voces coincidentes hasta formar una corriente opositora, logrando implantarse -primero tímidamente y después de manera consistente- en la prensa y en la radio. Se trata también de una creciente estructura social que desborda a las organizaciones plegadas al régimen, y que va estableciendo los cimientos de una opinión pública que confronta, minoritariamente entonces, a las políticas del Estado que se consideraban verticales.

Este mantiene, sin embargo, la suficiente legitimidad como para tolerar y soportar sin mayores riesgos las expresiones críticas en algunos medios, y cuenta aún con suficientes recursos como para neutralizar dichas voces disidentes. A él mismo pertenece el organismo comercializador y distribuidor del papel periódico, es el principal cliente de la prensa escrita y siguen funcionando los arreglos que dan lugar a complicidades y concesiones a periodistas y dueños de medios. El fenómeno ocurre por igual en la capital como en los estados del interior del país, donde se reproducen estas formas "perversas" de relación entre los medios y el Estado.

Es en ese contexto donde surgen nuevas voces y otros medios. Son, según José Carreño Carlón, los "nuevos y briosos proyectos que han ido renovando y ampliando sistemáticamente las opciones informativas de la sociedad mexicana a lo largo de 30 años". El fenómeno ocurre en la prensa y en los medios electrónicos. El movimiento se produce en una sociedad que se volvía más avispada. Un Estado en busca de la legitimidad perdida se volcaba hacia el ámbito de los medios: funda Notimex, preserva el diario El Nacional, y en general los hombres del gobierno se involucran hasta el exceso en la operación y funcionamiento de los diarios. Es la época del "ahí, como cosa tuya".

Podría pensarse que tiene algo caprichoso decir que la etapa de mayor subordinación de los medios al Estado coincide con la mayor participación de éste en la vida económica, social y política de la nación, pero no es así. Es estrictamente cierto que el momento de mayor auge del autoritarismo corresponde al de más fuerte control de las organizaciones de masas y al de los excesos de violencia estatal. En el caso de la prensa y los medios no podía ser de otra manera. Los gobiernos de Díaz Ordaz y Echeverría solaparon esa forma de convivencia con los medios y este último llegó a patrocinar litigios y disputas en algunos de ellos con el mismo objetivo. Durante su gobierno las relaciones entre el Estado y los medios se alteraron y se modificó el escenario de la comunicación en México. Es el efecto de una política agresiva que se propone reposicionar la imagen del gobierno en la sociedad. Se crea desde un principio la Subsecretaría de Radiodifusión, el Estado adquiere en 1972 Canal 13, se crea el programa de televisión rural del gobierno federal y, en el mismo año, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión el 4 de abril de 1973.

Esa política llevó también a cancelar teleseries consideradas "violentas" y a reactivar radiodifusoras gubernamentales como Radio Educación, Radio México, Radio Gobernación y la emisora del Departamento del Distrito Federal.

Pero hay un hecho de igual trascendencia en el campo de los medios escritos que va a transformar de manera irreversible el escenario de los medios de comunicación: el conflicto que da pie a la salida de Julio Scherer y de su grupo cercano de colaboradores del diario Excélsior, que se ha atribuido con suficientes bases empíricas al gobierno de Echeverría, detonó los proyectos de un periodismo alternativo y diseminó hombres e ideas sobre los espacios ya fértiles y preparados para superiores formas democráticas de convivencia.

Con el mismo presidente Echeverría se tensaron los vínculos del gobierno con la ya para entonces Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, cuando por diferentes vías se buscó redefinir sus relaciones, y lograr consenso para que el discurso gubernamental tuviera acceso al medio televisivo. Se produjeron entonces advertencias de nacionalización y críticas a la industria "por deformar los valores culturales y fomentar el consumismo y las servidumbres intelectuales".

En ese torrente de decisiones y conflictos, se ordenó que la revista Life desapareciera del mercado editorial del país y varios programas estadounidenses que transmitía Telesistema Mexicano dejaran de pasar por sus canales. El ensayista Luis F. Aguilar Villanueva hizo las siguientes observaciones sobre aquel momento: "Durante este sexenio se protagonizó el conflicto más radical entre el Estado y la comunicación comercial, cuyos resultados fueron, por un lado, la presencia del Estado en el ámbito público de la radio-televisión y, por el otro, una nueva fase monopólica de la industria radiotelevisiva (_) El conflicto sirvió al Estado para entender que (_) carecía de un plan de acción coherente de información y cultura; también fue la ocasión para entender que la polémica ideológica era irresoluble y contraproducente, si no se iba a la raíz constitucional del Estado y se planteaba como derecho social el derecho a la información, a la vez que con toda claridad se diseñaba una política de comunicación social que, para ser tal, no podía ser exclusivamente una acción gubernamental".

Fue también la época de la fraseología grandilocuente de los políticos, de los mensajes cifrados que recogen los iniciados, de las columnas que reseñan biografías ilustres, pero también de la elegancia proverbial de nuestros periodistas (prosistas) mayores, de la enjundia anticomunista, de la solitaria estelaridad de Jacobo Zabludovsky, de los primeros, y poco escuchados entonces, reclamos de José Gutiérrez Vivó. Surgen en la capital y en la provincia nuevos diarios y los programas informativos en la radio y la televisión aumentan. Con la ruptura en Excélsior se crean la revista Proceso y el diario unomásuno, y una posterior partitura da nacimiento a La Jornada. Son, sin duda, los prolegómenos de una sociedad en movimiento hacia la democracia y el momento en que los medios de comunicación van a refundar, con distintos matices y circunstancias, su relación con el gobierno.

En la siguiente administración sexenal, la de José López Portillo, se buscó una nueva definición de las relaciones entre el Estado y los empresarios de la comunicación. La reforma administrativa no logró su propósito de poner orden en la proliferación de oficinas de prensa gubernamentales y en la duplicación de organismos encargados de la producción audiovisual o de la supervisión de emisiones privadas. Fue creada, no obstante, la poderosa Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía que concentró muchas de aquellas funciones.

En contraste, la reforma política lópezportillista abrió espacios a la prensa crítica e independiente -aunque también es cierto que le cerró el flujo de la publicidad gubernamental a algunos medios con el argumento de que "no pago para que me peguen"- y dio rango constitucional al derecho a la información (1977), que fue definido en el Plan Básico de Gobierno 1976-1982 como una medida para "superar la concepción exclusivamente mercantilista de los medios de comunicación: significa renovar la idea tradicional que entiende el derecho de información como equivalente a la libertad de expresión; es decir, libertad para el que produce y emite, pero que se reduciría, si ignora el derecho que tienen los hombres como receptores de información".

En noviembre de 1977 el Congreso aprobó una adición al artículo sexto constitucional, según la cual "el derecho a la información será garantizado por el Estado", si bien hasta la fecha carece de reglamentación y se limitó en la práctica al derecho de los partidos políticos al uso permanente de tiempos en radio y televisión.

En síntesis, cuando en los años 60 y 70 el Estado buscó un nuevo consenso en apoyo de su legitimidad social a través de los medios, encontró dificultades para ello en virtud de que éstos estaban concentrados en manos de empresarios con intereses políticos y mercantiles particulares. En ese contexto, el Estado redescubrió el significado público de los medios de masa, al mismo tiempo que tomó conciencia de sus omisiones en el terreno de la comunicación social.1

La crisis de los años 80 explota con la nacionalización de la banca y la aplicación de un nuevo modelo económico que cambia sustancialmente el papel que los gobiernos de la revolución le habían asignado al Estado en la economía y la sociedad; el modelo viene acompañado de severas medidas de austeridad y de restricción del gasto público y el evento en conjunto tuvo efectos notorios en el ámbito de la comunicación. No obstante, el Estado preserva sus instituciones de comunicación como El Nacional, Imevisión, la agencia de noticias Notimex; las direcciones de comunicación social de las secretarías son interlocutores sectoriales del gobierno; al mismo tiempo se crea el Instituto Mexicano de la Radio (Imer) y el Imcine. La Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía se encarga de manera específica de que la radio y la televisión privadas cumplan con la ley y los acuerdos en la materia, y en especial de que se cubran los tiempos oficiales a que el gobierno tiene derecho en estos medios para transmitir sus mensajes.

Pero ni la trayectoria hacia la construcción de la democracia es lineal; ni la refundación del vínculo medios-Estado va a ocurrir sin accidentes ni incidentes, algunos de ellos dramáticos, como el asesinato de Manuel Buendía en un céntrico lugar de la ciudad de México.

México se sumó a los avances de la tecnología en comunicaciones, primero, con una concesión a Televisa (1981) para instalar y operar satélites y, después, con las reformas al artículo 28 constitucional y a su ley reglamentaria (1985) para reivindicar como "actividad estratégica a cargo exclusivo del Estado" la instalación y operación de satélites, que habría de concretarse con el Sistema de Satélites Morelos, lanzados ese mismo año.

Las empresas privadas dejaron por entonces de ser apolíticas, crearon sus propios sistemas de información e introdujeron programas culturales; de alguna manera reconocieron y enmendaron sus fallas como medios de comunicación, con un deber social en tanto formadores de la vida pública nacional; en síntesis, se inició un proceso de democratización de los medios, que ni se ha frenado ni ha concluido.

A principios del mandato de De la Madrid, la prensa denunció y frenó un proyecto de legislación para sancionar el daño moral que pudieran ocasionar los medios, que se conoció como "ley mordaza". A media administración, los sismos de 1985 provocaron la irrupción de la sociedad en los canales de comunicación, especialmente en la radio, en lo que se puede considerar el parteaguas de un proceso en el cual el Estado era casi único emisor de información, para convertirse en una más de las fuentes noticiosas. En realidad México está viviendo la emergencia de una sociedad civil que es empujada por viejas y nuevas tensiones sociales y que concentra a los más diversos actores sociales y políticos. En esa irrupción, los medios de comunicación forman parte del elenco de voces demandantes de la sociedad.

El gobierno de Carlos Salinas se caracterizó principalmente por estas acciones: se enmendaron las políticas sobre los gastos del gobierno en publicidad, y fue establecido que los medios pagaran el costo de sus reporteros y fotógrafos enviados a las giras presidenciales.

También, debido a la liberalización de la economía, PIPSA dejó de ser en 1990 la única fuente de abastecimiento de papel periódico al reducir el gobierno los aranceles aduaneros, que nueve años más tarde habrían de llegar a cero por los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Por otra parte, los editores rechazaron dos veces el ofrecimiento presidencial de privatizar PIPSA, no obstante que la consideraban una amenaza para la libertad de expresión.

En el ámbito de los medios electrónicos, mientras que los canales 7 y 13 de televisión fueron privatizados, a instancias de los intelectuales el Canal 22 fue destinado a la difusión cultural bajo el patrocinio estatal.

En contraste con otras épocas, como he tratado de resumir aquí, durante la administración del presidente Ernesto Zedillo la relación con los medios se ha basado más en un espíritu de respeto a las libertades y la democracia, que de confrontaciones, amenazas o intolerancias que despierten la más mínima sospecha de que se busca atentar contra las garantías constitucionales. El gobierno del presidente Zedillo ha emprendido acciones y asumido posiciones que caracterizan a su política de comunicación social, como el cierre de las publicaciones gubernamentales Tiempo y El Nacional, y la desincorporación y privatización de PIPSA -en los casos de PIPSA y El Nacional a instancias legislativas-. Por otra parte, se ha fortalecido a Notimex y su expansión comercial principalmente en el continente americano.

Hacia el sector privado de la comunicación ha prevalecido una forma de relación Estado-medios caracterizada por la actitud, que ambos comparten, opuesta a cualquier reglamentación que lesione las libertades de expresión y de prensa.

Revisada la trayectoria de la relación medios-Estado en esa perspectiva a lo largo del siglo se puede advertir claramente que además de que las instituciones sociales como la prensa y los medios electrónicos están cambiando, el Estado también se reforma y se adapta a las exigencias de las nuevas realidades de este ámbito que resulta cada vez más importante para su propia legitimidad social.

No obstante, consecuencia del status quo de los medios son los rezagos en materia de legislación reguladora de los novedosos pasos que han dado en sus prácticas y en sus modernas tecnologías. Este rezago, si se puede decir, corresponde a la naturaleza de un sistema político que durante una larga etapa consideró innecesario alterar las reglas que normaban su relación con los medios, y en la actualidad proviene de la natural desconfianza de los actores mediáticos que han aprendido a lo largo de los años que el pragmatismo que ha regido su funcionamiento, les permite sobrellevar bajo sus designios la compleja y proteica relación con sus contrapartes del poder político.

El proceso político mexicano ha generado un sinnúmero de cambios en las distintas esferas de la sociedad. Creo que uno de los más notables es el ejercicio cada vez más amplio y efectivo de un periodismo crítico y comprometido con la justicia y la democracia en diversos medios de comunicación. Este es quizá uno de los efectos más significativos del proceso que aquí hemos intentado reseñar.

En conclusión: Tenemos una prensa más libre, más crítica y más consciente de sus responsabilidades. El Estado mexicano basa su relación con los medios en la tolerancia y el respeto al pluralismo político e ideológico. La democracia ha avanzado y eso ha favorecido a los medios de comunicación del país que ahora, frente al Estado, transitan con una bien ganada libertad.

Bibliografía

José Luis Gutiérrez E., Un diario para la revolución, tomo I, México, ediciones El Nacional, 1989.

Fernando Mejía Barquera, Un diario de contrastes, tomo III, México, ediciones El Nacional, 1991.

José Carreño Carlón, "1962-1992: México a través de los medios", en revista Intermedios, núm. 1, marzo-mayo de 1992.

Fernando Savater, "La palabra imaginaria", en revista Intermedios, núm. 1, marzo-mayo de 1992.

Jorge Medina Viedas es director de Notimex. Autor del libro Elites y democracia en México, Cal y arena, 1998.