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La negra historia de la censura en Chile

Eve Gil

La historia de Alejandra Matus, la periodista chilena de 33 años, ha dado la vuelta al mundo como toda acción que atente contra el legítimo derecho a expresarse y que en nuestro continente cobra cierta relevancia a raíz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Autora de El libro negro de la justicia chilena (Planeta, 1999), Alejandra, especialista en periodismo de denuncia, ganadora en 1996 del premio Ortega y Gasset gracias a un reportaje sobre el asesinato de Orlando Letelier, documenta la complicidad de jueces y magistrados con los crímenes de la dictadura militar, desnuda los mecanismos políticos que garantizan la impunidad en aquel país y delata, asimismo, los contactos secretos de los ministros de la corte chilena con los golpistas. Encargada de cubrir el Palacio de Tribunales para el diario La Epoca, Alejandra comenzó a interesarse e inmiscuirse en cuestiones más allá de lo que le tocaba reseñar; empezaron a preocuparle las escenas de corrupción que a diario se desarrollaban ante sus ojos. Desde las páginas iniciales de El libro negro menciona al siniestro personaje que habría de decidir su suerte: el ministro Servando Jordán, ejemplo de irresponsabilidad burocrática, siempre trastabillante, promotor de las corruptelas en los tribunales.

"Sin real libertad de expresión el periodismo se pervierte, pierde su postura ética y puede transformarse en un engendro monstruoso: inquisitivo, osado, mordaz, descalificador y hasta cruel contra quienes no tienen leyes que los protejan; tolerante, obsecuente y servil con los poderosos, sin excluir, por supuesto, a la autoridad a la que, sin embargo, está llamado a fiscalizar", reza la autora en sus palabras preliminares.

La acción de las autoridades en contra de la periodista, la confiscación del libro, el encarcelamiento de Bartolo Ortiz y Carlos Orellana -gerente y editor de Planeta, respectivamente- y el forzado autoexilio de Alejandra en Miami, han puesto en jaque a los intelectuales más distinguidos. La protesta más enérgica hasta el momento fue la suscrita por los asistentes al Cuarto Encuentro Internacional de Escritores en Monterrey, en la cual llaman "para que la solidaridad internacional impida que en Chile se niegue el derecho de la sociedad a la información y cese este ataque contra los derechos humanos", y se demanda la pronta intervención de la OEA para forzar la derogación de la añeja Ley de Seguridad Interior del Estado, expedida en 1958 y que ampara las acciones represivas denunciadas. Cabe destacar que editorial Planeta posee dentro de su catálogo el testimonio de Luz Arce durante su detención por agentes de la Dina (Dirección Nacional de Información), así como el libro Los hijos de Pinochet que agrupa biografías de jóvenes políticos que crecieron al amparo de la dictadura de Pinochet y permanecen en activo.

Actualmente, ante la sordera del presidente Eduardo Frei, el respaldo del gremio periodístico -la cadena COPESA que edita el diario La Tercera para el cual colaboró Alejandra, ha abierto una página en Internet donde puede consultarse el libro- y las disputas dentro del Congreso, la autora aguarda en Estados Unidos a que esa ley sea derogada, mientras continúa colaborando para El Clarín de Argentina.

¿Quiénes, concretamente, te orillaron al autoexilio y enviaron a prisión a los editores de Planeta?

Inmediatamente después de ser presentado el libro ante la prensa, un ministro de la Corte Suprema llamado Servando Jordán presentó una acción criminal en mi contra que en Chile se llama Requerimiento, sobre la base de la ley de seguridad del Estado que contiene un artículo que protege a las principales autoridades del Estado de cualquier ofensa o calumnia. Este Requerimiento fue acogido por la corte de apelaciones de Chile, quien nombró a uno de sus ministros -Rafael Huerta- para que se hiciera cargo de la causa. El ministro Huerta ordenó la incautación total de la obra y es quien me ha hecho acusaciones formales y me tiene con orden de arresto. Se trata de una ley obsoleta que hasta el propio presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávalos, así como diputados y senadores de diversas tendencias, están de acuerdo en abolir.

Entonces, las leyes chilenas defienden expresamente a sus autoridades, pero desconocen la libertad de expresión_

La única que pudiera considerarse una ley que defiende la libertad de expresión es la Constitución, que entre sus artículos reconoce esa libertad, pero no obstante que la Constitución está sobre las leyes, los tribunales la usan contra ella misma para rechazar este tipo de peticiones. En Chile, por ejemplo, está prohibida la película La última tentación de Cristo y lo está por un recurso de protección que presentaron unas personas en nombre de Cristo, basado en esa misma ley.

Al momento de estar escribiendo este libro, ¿no supiste que podía pasarte eso? ¿Fue un acto inocente de tu parte o plenamente consciente?

Siempre pensé que había riesgo. La ley de seguridad del Estado representaba un riesgo latente, de hecho, dediqué el prólogo a la posibilidad de que se presentara este tipo de acción pero, sinceramente, pensé que si se presentaba, no iba a durar mucho, si tomamos en cuenta que en Chile se recuperó la democracia hace nueve años y lo impopulares que son, a nivel internacional, los actos de censura. Lo que imaginamos, tanto los editores como yo, fue que al presentarse el libro transcurriría un plazo razonable, nunca que hubiera una acción tan rápida y eficaz. Siempre supe que tendríamos una reacción específica de Jordán, pero pensé que sería una acción sin destino.

En tu libro mencionas a personas que te auxiliaron en la investigación y cuya identidad mantienes en secreto. Sin embargo, ante la paranoia desatada por tu libro, ¿no temes que esas personas sean interceptadas?

No he tenido contacto con esas personas durante todo este tiempo, sigo manteniendo en secreto su identidad, sus nombres no los conocen ni la gente de la editorial, y sí, imagino que Jordán, conociendo como es, habrá tratado -con otros ministros de la Corte Suprema- de averiguar quiénes me entregaron información, y espero que corran con suerte. Esas entrevistas se hicieron hace bastante tiempo y creo que va a ser muy difícil que se descubra quiénes fueron.

¿En qué momento supiste que tenías que huir de Chile?

Al día siguiente de la presentación -martes 13 de abril- me llamó Carlos Orellana, editor de Planeta, para decirme que los ejemplares estaban siendo incautados y mi primera reacción fue informar a los medios, pero no pensé en lo que tenía que hacer yo, lo único que se me ocurría pensar era quedarme y afrontar las consecuencias, pero luego me llamó mi hermano, que es abogado, y me dijo que tenía que irme del país, porque me iban a detener y a forzarme a permanecer ahí hasta que concluyera el proceso. Seguramente me habrían condenado (la pena fluctúa de 540 días hasta cinco años de cárcel), lo cual hubiera destruido mi carrera y mi vida profesional. La gente de Planeta estuvo de acuerdo con ese criterio; ellos se pusieron de acuerdo con Planeta de Argentina para que me recibieran allá mientras me trasladaba a Estados Unidos para mayor seguridad. Siempre estoy temiendo que Rafael Huerta gire una orden de captura internacional en mi contra. Mi familia completa está en Chile, aunque hasta ahora no ha habido ninguna amenaza en contra de ellos. Mi madre acaba de jurar como abogado. Ella fue profesora toda su vida y, de repente, se le ocurrió estudiar Derecho y juró como abogada cuando yo ya estaba en Miami, y temo por ella, me pregunto qué va a pasar cuando tenga que litigar en la corte y se enteren que es mi madre.

¿Qué fue de los editores de Planeta?

Salieron de la cárcel, luego de pagar una multa de 400 dólares cada uno. Siguieron procesados un tiempo aunque con libertad bajo fianza, apelaron a la Corte Suprema, que les levantó los cargos; luego Jordán apeló a la Corte Suprema y ésta le confirmó la liberación de cargo, por consiguiente ellos ya no están sometidos a proceso ni son objeto de ninguna acusación. Sin embargo, según la ley, la única persona a la que se le puede atribuir el crimen, es a mí.

Tu caso ha despertado ámpula entre los intelectuales hispanos, particularmente los chilenos. Jorge Edwards dijo que era una vergüenza para Chile...

Sé que los escritores chilenos han ido a protestar a la propia corte y han sido bastante activos contra este acto de censura, y tengo entendido que los escritores mexicanos también se han interesado bastante.

La primera edición se agotó en Argentina a pocos días de publicarse. Muchos autores desearían un éxito semejante, ¿te compensa esto en algo?

Eso no aminora el hecho grave y lamentable de que los chilenos, a quienes va dirigido, no puedan acudir a comprarlo tranquilamente. Me alegra que tenga éxito en otros países y que esto se pueda difundir más allá de la frontera de Chile. Lo que me queda claro es que quienes me acusan ni siquiera leyeron el libro: es un misterio cómo pudo Jordán leerlo en pocas horas, redactar el recurso, presentarlo a los tribunales y que Rafael de la Huerta acogiera la petición.

Eve Gil es escritora y periodista.

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