En diciembre la cosa se ve más grave: ya habrá candidato en el PRI, sabremos cuáles serán las coaliciones y las campañas políticas, todas, estarán en plena marcha. Pues bien, ése es el escenario político menos propicio para una convergencia racional en torno a lo que debe ser el presupuesto del último año de gobierno. Al contrario: la estrategia de las oposiciones consistirá en demostrar precisamente la inviabilidad de la gestión de su gobierno adversario.

Y reaparecen los discos rayados: Hacienda insiste en su ejemplar austeridad y en la defensa del pequeño déficit para asegurar la estabilidad; los empresarios repiten que una pesada losa tributaria pende sobre sus cansadas espaldas y solicitarán solidaridad a los más pobres para que los ricos tengan una menor carga tributaria; y la oposición, sin atreverse jamás a proponer incremento de los impuestos, nos dice que ya trabaja en un "presupuesto alternativo".

Va a ser un debate importante porque se ventilará uno de los compromisos esenciales del presidente Zedillo: no usar el presupuesto con fines electorales, no poner en riesgo la continuidad económica de su programa y cumplir con su objetivo principal: evitar la crisis de fin de sexenio.

Un punto va a ser especialmente polémico: el año que viene el gobierno endurecerá su postura fiscal y propondrá un déficit público de apenas 1% (contra 1.25 de este año). Hacienda dice que cuenta con menores grados de libertad para ejercer el gasto, lo cual significa una erogación del gobierno menor en 12 mil millones de pesos. Esto representa uno de los avances más sintomáticos de la reforma estructural -neoliberal- si vamos siendo claros: un emblema del achicamiento del Estado y de la contención de su gasto.

Si la propuesta de Hacienda prospera, en el año 2000 el presupuesto del gobierno será el más bajo desde finales de los años 60: 21.7% del PIB. Aunque las huestes neoliberales se sigan quejando, la verdad es que este mundo macroeconómico es bastante parecido al que inspiran sus esquemas y, sin embargo, insisten: el gobierno no debe gastar más y aun el 1% es demasiado alto, debe restringirse más.

La razón neoliberal es simple: validar un mayor déficit enviaría señales negativas a los inversionistas, afectaría las expectativas de crecimiento, la entrada de capitales. Si el gobierno pide prestado, si adquiere deuda, entonces presiona a las tasas de interés, encarece el crédito, afecta a la sociedad, a los empresarios productivos. En la era de la globalización, los déficit en las finanzas son seguidos muy de cerca por los inversionistas, y cuando alcanzan niveles que ellos consideran peligrosos, entonces los países son "castigados" por su indisciplina: Brasil es un ejemplo reciente, y México, en 1994, también.

Pero señores de Hacienda, hay otros problemas: si ese nivel de gasto alcanza para atender a un país con los problemas y las necesidades de México. El problema es si ese Estado y esos recursos son los que se requieren para dar viabilidad estructural, social y política al país. El presupuesto es un problema de contabilidad, de equilibrios, pero también de necesidades, estrategias sociales, prioridades nacionales y urgencias que ya no pueden ser postergadas. Eso lleva no al extremo populista: incrementar el gasto sino a la más impopular de las fórmulas: subir impuestos, hacer que todos paguemos. México necesita esa discusión adulta; pero en Hacienda y en la Cámara, en plena campaña electoral, presos del infantilismo -autoritario o democrático- no se puede discutir así.

Ricardo Becerra estudió Economía en la UNAM.