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Pero cumplir con esa especie de precepto no es fácil. Se trata de toda una construcción cultural que trasciende los buenos deseos, las ocurrencias y las promesas sin bases, pues lo primero que se debe reconocer es que uno de los objetivos fundamentales radica en que las medidas básicas de autoprotección lleguen a formar parte del comportamiento cotidiano de las personas, independientemente de su edad.

Personas e instituciones deben llegar a dicha conclusión: de aquí en adelante, el trabajo a realizar es aquel que consiste en convencer a la sociedad de que para evitar las consecuencias de los desastres, particularmente vidas humanas, es necesario rescatar lo mucho que se ha hecho hasta ahora, y convertirlo en trabajo permanente y compartido.

Si se revisara con cuidado, se podría documentar que lo realizado hasta hoy por el gobierno federal y, en particular por la Secretaría de Gobernación, no solamente no es cualquier cosa sino sobre todo representa una acumulación de proyectos y acciones que se deben conservar y a la vez multiplicar con rumbo al futuro. Si se atendiera a la promoción que la Secretaría de Educación Pública ha hecho en materia de protección civil en instituciones educativas de carácter público y privado, también se podría comprobar que el camino recorrido no es estrecho. Y así como esto hay más a lo largo y ancho del país.

Pero uno de los problemas radica en la capacidad institucional con la que se puede contar para imprimirle continuidad a los esfuerzos. La política, como dicen los que saben de ella, es una cuestión de opciones. Y si esto es cierto, entonces habrá que optar por quienes pueden y deben dirigir los programas y las acciones permanentes.

Por supuesto, el primer objetivo lo representan los más frágiles, que siempre han sido también los más pobres. Una geografía y un inventario nacional de recursos, asentamientos y necesidades podrían definir las prioridades para la acción inmediata y preventiva. Y ya así podríamos ubicarnos dentro de la combinación que hemos visto en los desastres: el Ejército mexicano, las secretarías de Salud y Medio Ambiente, el voluntariado civil y algo más. El mundo escolar mexicano y, por lo tanto, la Secretaría de Educación Pública pueden ser un magnífico vehículo para educar e imprimirle mayor solidez a lo que ya se tiene en términos de una cultura de la protección civil.

No hay más tiempo. Después de salvar todo lo que se pueda y continuar con los programas de rescate y reconstrucción, la voluntad política presidencial -expresada en la actual situación y en las anteriores- debería convertirse en programa permanente, si lo que en verdad se quiere es tener capacidad de respuesta ante los fenómenos que nos han golpeado y en serio.

Los gobiernos de todos los órdenes y niveles deberían estar contemplados más allá de su existencia formal. La creación de una conciencia y una cultura en la materia que nos ocupa debe partir del compromiso explícito de aquéllos. Si no es así, es decir, si no existe una relación en donde la iniciativa parta de los gobernantes hacia los gobernados, el tiempo que eso puede llevar a la sociedad resultará demasiado dilatado.

Los responsables de la protección civil en los lugares más afectados fallaron indudablemente. Pudo ser que la negligencia se impusiera a todo y a todos; podría haber sido también la incapacidad profesional de muchos y se podrían encontrar otras explicaciones más. La ley, si así corresponde, deberá aplicarse sin titubeos; sin embargo, en términos de la prevención no debiera haber duda de la necesidad de emprender y desarrollar trabajos de carácter permanente. Si no se asume que de eso se trata, lo que nos espera es más de lo mismo.

Rafael Cordera Campos es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM.