la granja
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Raúl Trejo Delarbre

textos
Doblegar a la naturaleza
Edgardo Bermejo Mora

Los jóvenes tuvieron tomada y cerrada la principal arteria vial de la ciudad de México, pintarrajearon Televisa y Televisión Azteca, pusieron barricadas en los carriles centrales del Periférico y agredieron con piedras a los policías que vigilaban la manifestación. ¿Qué querían? ¿Hacer todo eso y que no pasara nada?

Si hay algo que lamentar en la actuación de las autoridades del DF es que permitieron que los paristas entraran a los carriles centrales del Periférico. Si la autoridad hubiera impedido esa acción de los huelguistas, tal vez no hubiera resultado herida la estudiante que sufrió una lesión en la cara. Con toda seguridad, no se habría producido el caos vial en el sur de la ciudad.

El hecho es que entraron al Periférico y, por unas horas, fueron dueños de la escena sin que nadie les dijera nada. Por una negociación política se les permitió tomar esa arteria vial indispensable para el traslado de cientos de miles de capitalinos. Después, de manera inevitable, la policía debió retirarlos por la fuerza.

Se vio que, por fortuna, la paciencia del gobierno capitalino tiene un límite. La que parece no tenerlos es la del gobierno federal. Y eso es preocupante. Porque si todo hubiera sido pintar paredes o gritar sandeces como esa de "Alatorre, vocero de Hitler", pues estaría dentro de los límites de lo tolerable.

El problema es que los paristas de la UNAM están atropellando las garantías que para el resto de la población consagra la Constitución. Y todo ello lo realizan en las narices de las autoridades federales, sin que se vea en ellas otra actitud que no sea parálisis y complacencia.

El día del bloqueo del Periférico todas las escuelas de esa zona tuvieron que suspender clases al medio día por el riesgo de que los alumnos quedaran atrapados por la manifestación. ¿Acaso los estudiantes de escuelas privadas que no pudieron tomar clases normalmente, no tienen derechos?

Las garantías de libertad de tránsito fueron conculcadas por los paristas de una manera alevosa y agresiva. La autoridad capitalina intervino -tarde a nuestro juicio-, muy a pesar de sus deseos y conveniencias políticas.

En ocasiones anteriores los funcionarios del DF se habían abstenido de actuar cuando los paristas cometían desmanes en la vía pública, con el argumento de que el problema de la UNAM es un asunto federal. En efecto, es un conflicto de orden federal. No nos referimos al bloqueo de las calles y las golpizas en la vía pública, sino a lo que está ocurriendo en Ciudad Universitaria.

No existe ningún argumento jurídico que explique por qué el gobierno de la República permite que una dirigencia estudiantil que no representa más que a los huelguistas, se arrogue el derecho de secuestrar la única posibilidad de enseñanza superior que tienen centenares de jóvenes de escasos ingresos.

Es falso que la tolerancia gubernamental frente al caos en la UNAM se debe a sus profundas convicciones democráticas. En este momento no hay un país democrático en el mundo que permita tal atropello al derecho de los demás.

¿Alguien se imagina qué sucedería en Washington si una turba de manifestantes, con piedras y palos, quisiera bloquear la avenida Pennsylvania? ¿O qué harían las autoridades inglesas si un grupo de paristas decidiera cerrar la Universidad de Oxford por seis meses?

Ni diez minutos durarían en sus intentos. Y no estamos hablando ni de Indonesia ni de Filipinas sino de naciones-símbolo del régimen democrático.

Así es que esto no es un problema de convicciones democráticas. Es un asunto de aplicar la ley en beneficio de la mayoría. Y el gobierno, ya lo hemos visto, no lo quiere hacer.

Pablo Hiriart es director general del periódico Crónica.