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Me permitirá usted, paciente lector, empezar con algunas precisiones que son como asidero para reducir los márgenes de la subjetividad inevitable cuando se aborda el conflicto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todas o casi todas esas precisiones pueden ser obvias, pero por eso mismo suelen ser ignoradas a la hora del debate.

1. El problema inició en la universidad y desde sus orígenes hubo influencia de actores externos. Desde el lado de los paristas estuvo el PRD, otros partidos y una amplia gama de grupos radicales tanto de derecha como de izquierda (valga la geometría). Del lado de la rectoría estuvo el gobierno y en especial la Secretaría de Hacienda que, supongo, consideró oportuno sembrar la semilla del pago de cuotas, con la misma sensibilidad política que la llevó a eliminar los subsidios al consumo antes del año 2000.

2. Los activistas de partidos y grupos han actuado desde siempre en la UNAM y eso no es reprobable si se asume, como lo hace Raúl Trejo Delarbre (Crónica, 05/X/99), que "si la Universidad es plural y además es parte activa de la sociedad, ninguna de sus expresiones le debiera resultar extraña".

3. (Admito esta posición siempre que se recuerde que la misión axial de las universidades es la enseñanza, la investigación científica y social, el debate libre de las ideas, y que el activismo político debe ser adjetivo y en ningún caso suplantar las tareas sustantivas ni menos aún impedirlas.)

4. La universidad es autónoma y no soberana; es una institución educativa y de investigación y no un Estado. Se rige por una ley y diversos reglamentos y cuenta con órganos de gobierno, pero no tiene instrumentos para hacer valer sus normas internas, más allá de las de orden académico y administrativo.

5. Cuando en la universidad ocurren actos delictivos -tráfico de drogas, robo de automóviles, vandalismo, destrucción de equipo, invasión por grupos violentos- corresponde a las autoridades del Estado, locales o federales según el caso, hacer valer la ley y proteger a la institución y a sus integrantes.

6. Hoy el problema es de la universidad pero los universitarios no tienen mecanismos para resolverlo. Prácticamente todas las instancias de la institución han explorado vías posibles y variadas de diálogo; la rectoría y el Consejo Universitario ha cedido en todo y ya sólo quedaría ceder en asuntos que pervertirían la vida académica de la UNAM. El CGH ha simulado que acude al diálogo, al mejor estilo de "Tacho", pero es claro que no está dispuesto a negociar, pues su objetivo es político y el paro no es sino el instrumento.

7. Todo parece indicar que el EZLN, el EPR, el ERPI, el PROCUP, el Frente Popular Francisco Villa y organizadores similares han hecho de la UNAM un "territorio autónomo" y que en la lista estarían otras instituciones de enseñanza superior en la capital y en el resto del país.

8. De esta suerte, el problema es de dimensión nacional y quizá de seguridad nacional.

9. Cada vez son más las voces que exigen al gobierno que aplique la ley y subrayan que ése es el deber primario del Estado. Empero, casi todos rechazan el recurso de la fuerza pública pero algunos lo exigen.

10. El presidente Zedillo sostiene que en un problema político de esta naturaleza no se debe aplicar la ley a ciegas, sino buscar nuevas vías de diálogo y negociación.

11. El secuestro o autosecuestro del "Mosh" es una provocación para recrudecer la violencia de los paristas, extender el conflicto a otras áreas fuera de la UNAM y obligar al gobierno a usar la fuerza pública.

He sido invitado en dos ocasiones al programa Deslinde que conduce Carlos Garza Falla en Radio UNAM para conversar sobre el problema. La actitud del conductor y mis interlocutores cambió drásticamente en unas cuantas semanas. En la primera ocasión se preguntaban dónde estaba la salida y aventuraban distintas hipótesis. Ahora se ven indignados, abatidos, desesperanzados.

Comentaba Carlos Monsiváis en una charla de amigos, que los alumnos y sus padres están desesperanzados porque ven extinguirse la oportunidad para que los jóvenes alcancen una profesión y mejoren sus medios de vida. Todos, me parece, empezamos a perder la esperanza en algún tipo de solución, y eso es grave para la sociedad y para el país.

Hacer valer la ley en la UNAM significa usar la fuerza pública, y si grupos de paristas tienen armas de alto poder, el costo de aplicar la ley es la sangre y, probablemente, el brote de problemas similares en otras instituciones educativas y sindicales.

¿Queda algún margen para negociar con los paristas y grupos violentos que tienen tomada la UNAM? ¿Está negociando alguna autoridad universitaria? ¿Lo está haciendo el gobierno? Si las respuestas son afirmativas, aún habría esperanza; si no lo son, la situación es más seria de lo que imaginamos.

Renward García Medrano es periodista.