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Los huelguistas vienen siendo cada vez menos. Aunque desde un principio no fueron capaces de resguardar todos los puntos clave de la universidad secuestrada, es más que notorio y documentable que en los días que corren su presencia es débil y, cuando sucede lo contrario, por ejemplo en las llamadas "aduanas" que impiden el libre tránsito de los universitarios, es por que tienen prestada la "solidaridad" de grupos sociales que son todo menos miembros de la comunidad.

Hay que seguir argumentando para explicar por qué los universitarios tienen serias dificultades para expresarse, con sus prácticas y métodos, contra el paro impuesto. Es muy difícil, como se ha demostrado, que esa comunidad se manifieste si sus espacios naturales de convivencia y organización están cerrados por la fuerza. Los universitarios no pueden cumplir las funciones de la policía ni del Ministerio Público, no pueden asumir obligaciones ni responsabilidades que no está en sus manos concretar.

Precisamente por lo que ha pasado con esta huelga absurda e impuesta, es que no es posible comparar el 99 universitario con el movimiento estudiantil de 1968. Los argumentos que pretenden encontrar raíces comunes entre ellos han ido cayendo por su propio peso, la realidad se ha impuesto. Esa lucha, como ya lo han señalado otras personas, no perseguía entre sus objetivos ninguna demanda universitaria. Ni contra las cuotas, ni contra el rector, ni contra alguna autoridad universitaria. La lucha contra un gobierno autoritario, que después sería a la vez asesino y provocador, no puede compararse con lo actual que empezó oponiéndose a la reforma del Reglamento General de Pagos y terminó cerrándose a cualquier diálogo y, por lo tanto, también a toda negociación. Pretextos no le han faltado.

Por eso decimos que la universidad está secuestrada. Un secuestro en el cual sus operadores no quieren ninguna solución y se han negado a los sucesivos intentos de negociación. Los dirigentes que han impuesto ese método se han opuesto a todo: a las ofertas de la Comisión de Encuentro, de la Comisión de Contacto, a las propuestas de los profesores eméritos, a las de los ex rectores. La negativa ha sido su divisa frente a toda iniciativa. Y todo se puede demostrar.

Ahora, después de seis meses de paro impuesto, a los universitarios y a la institución no les queda otra que pensar en sus propios recursos para poder imaginar una salida que la proteja y le permita pensar en el largo plazo aun estando, como está ahora, privada de su libertad.

Lo que permanece y dura en la institución es el personal académico. Los profesores e investigadores de tiempo completo son los que tienen mayor perspectiva en cuanto a su estancia. Los que cumplen esas funciones pero se distinguen por ser de tiempo parcial pueden encontrar semejanzas con los primeros. Los estudiantes, en su gran mayoría, transitan por un determinado número de años, y aspiran a ser profesionales bien capacitados y con empleo -cuestión de la que ya duda también una gran mayoría-, lo que los diferencia sustancialmente de quienes permanecen con otra perspectiva, a pesar de ser ahora de los más perjudicados. De los trabajadores administrativos y de su sindicato bien se puede decir que más allá de sus intereses particulares y de los que corresponden a sus burocracias no hay al parecer nada que agregar, salvo las decisiones de financiar la imposición, que amerita comentarios particulares y en su momento.

El paro impuesto se inició contra la reforma al reglamento de pagos, contra el aumento de cuotas, como lo dijeron sus dirigentes en turno. El Consejo Universitario actuó concediendo y convirtiendo en voluntaria la decisión que al respecto deben tomar los estudiantes. El famoso CGH se opuso a lo voluntario y punto. No hay negociación posible y lo han demostrado en seis meses de imposición.

La demanda añadida de un congreso resolutivo no es más que la confirmación de que lo que se quiere es no negociar nada, mantener el paro impuesto y deteriorar a la instancia educativa más importante de México hasta los días que corren.

Mal harían los universitarios en pensar que el tan llevado y traído congreso resolutivo es la solución a la situación actual. Pensarlo así es caer en la trampa principal y abrir las puertas a la posibilidad de un daño mayor a la casa de estudios y su comunidad. Si la salida es política, lo peor será entregarles en sus manos precisamente lo que pretenden destruir. Al tiempo_ y que cada quien haga sus cuentas.

Rafael Cordera Campos es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM.