la granja
1 Tragedia
2 Solidaridad
3 Cifras
4 A la Unesco
Raúl Trejo Delarbre

memoria
¿El cuarto candidato?
Pablo Hiriart

El atentado contra el candidato a regidor, Marco Antonio López García, y la muerte de su hijo no son sino la constancia, perversa si se quiere, de que perviven fuerzas autoritarias, ajenas a cualquier pacto y alejadas del proceso de modernización y civilidad.

Es el PRI bronco que no cambia, pero también es la mezcla militante del PRD que suele constituirse, en no pocas ocasiones, de los despojos del partido oficial.

Antonio Valdés, militante cetemista e invasor profesional, tenía cuentas por cobrar con el virtual regidor acapulqueño. Este último lo despojó de varios terrenos -también invadidos- y había provocado la integración de cuando menos 20 averiguaciones previas contra el militante priista. El centro de la disputa: el control político de algunas zonas marginadas de Acapulco.

El asunto huele mal porque se pudo hacer algo para evitar esa muerte, sobre todo ante la evidencia de las denuncias y la muy probable existencia de órdenes de aprehensión.

No creo que estemos ante un elaborado complot del poder público sino ante algo más grave: la expresión de fuerzas incontrolables que ya no responden a un mando efectivo y actúan por su cuenta. La insistencia en desmembrar grupos corporativos ligados a procedimientos criminales no es un capricho; es la única posibilidad para avanzar en el proceso de normalización democrática sin hechos de sangre.

Es algo similar a lo ocurrido en Acteal -guardando las proporciones-, pues estamos ante un enfrentamiento en el cual se combina la derrota electoral priista con rencillas personales antiguas, según señaló el propio baleado. Insistir en el ataque orquestado desde el gobierno es un error que nos puede salir caro, sobre todo tratándose de regiones donde la violencia ha sido incontrolable y tiene raíces profundas. La gente es capaz de matarse por los más diversos motivos y la autoridad está obligada a evitarlo.

Lo anterior tampoco quiere decir que no existen responsabilidades, sino que debemos avanzar en la construcción de una cultura de la legalidad que se extienda a un territorio más amplio que el de los lamentos, entendibles pero poco eficaces, en un lugar donde matar ha sido asunto cotidiano.

Estamos ante la violencia como un recurso de la política, y lo peor es que esto nada tiene que ver con el gobierno, sino con las correas profundas del corporativismo. En la medida que no aceptemos que existen causas ajenas al proceso democrático, capaces de desatar el crimen, continuaremos sorprendiéndonos pero no resolveremos el problema.

El episodio podría ser considerado menor, pero es una advertencia de lo que vendrá si las autoridades no cumplen instaurando el Estado de derecho.

Julián Andrade Jardí es subdirector de Información del periódico Crónica.