Ante este panorama, la llamada globalización no ofrece sino el enorme desafío de integrar a la sociedad y a la planta productiva en una sola estructura dinámica, capaz de competir en los mercados. Pero lo hace en un horizonte de tiempo en el que la maduración de los procesos económicos y políticos sólo pueden conocerse y resolverse sobre la marcha, en el mejor de los casos. En otras palabras, la manifestación social del empleo precario1 lejos de atenuarse continuará o se agravará en la medida que las economías emergentes como la mexicana se rezaguen frente a la competencia global y no transformen, en un horizonte de mediano y largo plazos, sus instituciones del trabajo e incluso la distribución de capacidades de su población.

La disyuntiva que los mexicanos enfrentamos en el futuro inmediato es de una enorme gravedad: seguir siendo una nación donde abundan los salarios bajos y numerosos contingentes de compatriotas puede, en el mejor de los casos, migrar o apenas sobrevivir o empezar a atacar, en diversos frentes, a aquellos factores institucionales y sociales que perpetúan la cancelación de un mejor horizonte para más de la mitad de nuestra población aun antes de acceder siquiera a considerarse económicamente activa.

Es crucial empezar a identificar de qué tipo de factores puede depender el hecho de que más mexicanos prosperen no sólo en su ingreso y en su empleo sino en su posibilidad de organizarse eficazmente para el trabajo, de modo que sus derechos más elementales puedan cumplirse cabalmente (asociarse libremente, plantear y proteger sus intereses, etcétera). ¿Qué se necesita para que la sociedad pueda entrar en un círculo virtuoso de trabajo, oportunidades y prosperidad? Vale adelantar que no hay un factor que por sí solo arroje resultados seguros para la oportunidad de mejores empleos para nuestra población: ni un conjunto de cambios deseables a la legislación laboral ni un mayor gasto social por sí solos van alterar radicalmente la situación general, cerrando ipso facto la brecha que separa a la sociedad mexicana no sólo en sus ingresos como tales sino en su capacidad para acceder a mejores ingresos. Menos aún servirá de algo la pura retórica de discursos políticos que prometen acabar con la pobreza sin ofrecer a cambio alternativas coherentes y específicas a la reproducción comunitaria y familiar de una economía de subsistencia.

Un bosquejo de la situación prevaleciente

Para empezar a comprender cómo llegamos al punto en el que nos encontramos en términos de empleo y remuneraciones es importante echar un vistazo al pasado. En este sentido, por supuesto, lo más fácil sería identificar a las crisis y a los ajustes macroeconómicos de los últimos lustros como los culpables últimos (o a los responsables políticos de ello si se quiere). Pero una respuesta tal sería incompleta y hasta truculenta en la medida que ignora el agotamiento de una forma de crecer materialmente y de repartir riqueza, dilema que confrontamos como país por lo menos hace 15 o 20 años. En efecto, situar el origen del deterioro de las condiciones sociales simplemente en las reformas económicas de los últimos dos lustros o más puede ser un ejercicio tan fútil como señalar, sin más, la causa de nuestro estancamiento productivo en la vieja economía protegida y sustitutiva de importaciones, misma que vivió una etapa dorada durante el "desarrollo estabilizador" pero que nos dejó una modernización social y económica muy incompleta. La gráfica 1 muestra el empleo considerado como personal ocupado en la economía a lo largo del tiempo y a la vez la evolución de lo que podemos entender como un salario promedio para esa misma población ocupada.
2 Algo que es posible extraer de estas simples aproximaciones al empleo y los salarios, antes y después de las crisis -sobre todo durante la llamada "década perdida" de los 80- es que el ajuste macroeconómico que ha vivido el país afectó más al salario que al empleo como tal. Como se ve, entre 1981 y 1987 se vivió una caída sistemática de las remuneraciones anuales promedio que aún no recupera los niveles de 1970. Y aunque puede decirse que tal "salario medio anual" no nos dice nada sobre la desigualdad salarial y sus cambios en el tiempo, sí es ilustrativo de las proporciones del Producto Interno Bruto cada vez menores que el trabajo ha recibido como un todo y de lo difícil que es recuperar niveles antes alcanzados. Nótese cómo el personal ocupado vuelve a crecer tras estancarse durante casi todos los 80.

Es verdad que datos tan agregados como éstos tampoco dicen mucho sobre la precariedad del empleo (cuántos y quiénes perciben muy poco y en condiciones poco estables) o bien sobre el desempleo abierto, considerado como el porcentaje de encuestados pertenecientes a la población económicamente activa (PEA) que no encontraron trabajo en el periodo de referencia (semanal).3 En ese sentido, baste mostrar una simple distribución que señala el porcentaje de la población ocupada que recibe un determinado nivel de ingreso en 1996, medido en salarios mínimos. Como se ve en la gráfica 2, la tercera parte de la población empleada sólo recibe entre uno y dos salarios mínimos al tiempo que aproximadamente 15% no recibe ingresos por su trabajo (es decir, sobrevive en el mejor de los casos) y 20% más recibe menos de un salario mínimo. Vista así, la distribución de ingresos que se obtiene consultando datos oficiales (Encuesta Nacional de Empleo, INEGI) nos muestra que dos terceras partes de la población empleada se ubica en niveles de ingreso precarios, muy precarios o prácticamente inexistentes (es decir, sólo sobrevive en el mejor de los casos).4 En efecto, el llamado subempleo, tan frecuente en México, no es otra cosa que un fenómeno diverso y complejo de empleo precario. Como se sabe, el desempleo como tal no es un problema sumamente grave en general: la tasa de desempleo abierto como porcentaje de la PEA fue de 4.2% en 1997, pasando a 3.5% en 1998 y aproximadamente a 3.2% en febrero de este año.5

Al ver datos tan elocuentes sobre la situación tan precaria de empleados en nuestro país, uno de los factores que vienen a la mente es sin duda el nivel de organización real que tiene la clase trabajadora o el movimiento obrero, ya que dicha organización pudiera ser un factor que alterara la situación prevaleciente. Es un lugar común, sin embargo, decir que el sector obrero del PRI o simplemente el sindicalismo mexicano como tal han hecho poco o nada para defender los intereses de sus representados, como lo han atestiguado las caídas salariales de estos años. Pero hacer un argumento que pone todo el peso de la explicación en un sindicalismo que es controlado eficazmente o simplemente ha renunciado a cualquier forma real de activismo resulta un señalamiento muy parcial de la realidad. Ello es así por el simple hecho de que la mayoría de la población empleada en México no alcanza la protección de las prestaciones mínimas que exige la ley y tampoco está organizada en sindicatos (independientemente de que estos últimos fuesen corruptos y/o completamente ineptos para incorporar asuntos como la materia de trabajo y la productividad, de modo que negociaran efectivamente mejores salarios y condiciones de trabajo).

Como se ve en el cuadro, y a falta de datos accesibles acerca de la población realmente sindicalizada, se calcula la población potencialmente sindicalizable (PS) a partir de la PEA.6 El criterio que se utiliza en este caso es identificar la porción de la PEA que tiene relaciones de trabajo de tipo contractual y que por tanto es susceptible de organizarse efectivamente en sindicatos.

Lo más probable, de acuerdo con estos datos, es que alrededor de diez millones de personas pertenecientes a la PEA puedan estar en condiciones de organizarse sindicalmente, toda vez que frente a la ley son los sindicatos quienes son susceptibles de representar formalmente relaciones colectivas de trabajo a partir de un contrato. Una fracción del resto de la PEA, que en 1996 era de poco más de 35 millones de personas, puede estar organizada en diversos movimientos sociales, pero ciertamente no lo estará en sindicatos de trabajadores formalmente constituidos. La lección que arroja la estructura de la PEA es clarísima en términos políticos: los sindicatos pueden desempeñar un papel más o menos inefectivo frente a la defensa real de los intereses de sus representados, dentro de un periodo en que la economía se ajustó dramáticamente en términos de sus precios y de su estructura productiva; pero ello se relaciona menos con la presencia numérica del movimiento obrero en el empleo total que con el tipo de sindicalismo que tenemos y con el dilema que enfrenta éste no sólo en México sino en todo el mundo (preservar su representatividad en el centro de trabajo y a la vez negociar efectivamente los costos del cambio económico).

Conclusión

En el contexto de la globalidad económica, poco o nada podrá hacerse por las remuneraciones mientras los diferentes agentes productivos no tiendan a integrarse cada vez más en una sola estructura productiva en la que todos los agentes sociales contribuyan eficazmente a la competitividad, alcanzándose así una distribución más justa de oportunidades frente al desarrollo y frente a un crecimiento mayor y sostenido. Para decirlo de otro modo, ni los salarios ni los empleos podrán aumentarse por el simple decreto voluntarista de cualquier autoridad. Ello no quiere decir, desde luego, que el objetivo de lograr mejores remuneraciones, condiciones laborales y en general empleos, deba soslayarse o dejarse al efecto natural que pueda tener el crecimiento económico sobre el mundo del trabajo en el contexto del mercado. Por el contrario, una vez reconocido lo anterior debiera ser objetivo central de gobiernos y aspiración de fuerzas políticas buscar las mejores condiciones para lograr no sólo ampliar las oportunidades por la vía de un mayor crecimiento sino otorgar a quienes trabajan y a quienes van a insertarse en la producción nacional en el futuro las mejores armas para convertirse en trabajadores y empleados más capaces y productivos.

La brecha que divide grandes estructuras de empleo dentro de sociedades enteras como la mexicana no podrá ponerse en una perspectiva de verdadera comprensión y posible mejoramiento mientras se pierdan de vista dos fuentes muy distintas del problema crónico del empleo precario y de las bajas remuneraciones, mismas que escapan claramente a las soluciones típicas del Estado de bienestar (como el seguro de desempleo, por ejemplo). Por un lado, hay que considerar el fenómeno productivo-laboral que se origina en las profundas deficiencias del sistema educativo y de las políticas sociales en general, y que se expresa en significativas carencias de capital humano para un extenso sector de la población. Por otro, el empleo precario y las insuficientes remuneraciones por el trabajo tampoco pueden entenderse plenamente si no se identifican cabalmente sus causas en el complejo mundo del trabajo; no sólo en una regulación laboral que dificulta en un momento dado la contratación, el mantenimiento y el relevo de la planta laboral sino también en la herencia de una organización del trabajo que separa e incomunica literalmente a empleados y empleadores y que va volviendo rígido el proceso productivo en un mundo donde la competitividad y la innovación son cada vez más importantes.

Es claro entonces que los problemas del empleo y las remuneraciones se originan tanto dentro como fuera del mundo del trabajo. Ciertamente, hay mucho que puede hacerse para desarrollar la productividad en el centro de trabajo, hacer más dinámicos los mercados laborales y a partir de todo ello promover un orden social más justo y próspero. En el pasado se ofrecieron soluciones institucionales a la desprotección de los nuevos grupos urbanos de la industria y los servicios. Estas soluciones se remontan a mecanismos institucionales generados por la seguridad social, la contratación colectiva y el reconocimiento de las formas de organización sindicales. Todas estas soluciones tuvieron, sin duda, un lugar prominente y legítimo en la reinvención social y política de las sociedades desarrolladas y en el crecimiento mexicano de los últimos 60 o 70 años. En el presente, sin embargo, existen factores institucionales como los procedimientos y reglas que en su origen se vinculan estrechamente al nacionalismo económico, a la idea reivindicativa de los derechos sociales y a las políticas del Estado de bienestar, que ya no constituyen respuestas eficaces y completas a las nuevas necesidades sociales y económicas. Esto es evidente sobre todo si se considera que las economías desarrolladas y subdesarrolladas por igual se han enfrentado tanto a crisis fiscales en distintos momentos como a ciclos recesivos e inflacionarios en los últimos 25 o 30 años. Al cabo de los severos ajustes derivados de lo anterior, diversos elementos del marco institucional que regula el trabajo y el Estado de bienestar se han traducido algunas veces en pesadas cargas fiscales que pagarán las generaciones futuras o simplemente en vanas promesas de protección social flagrantemente incumplidas.

El problema del empleo en México tiene dimensiones y causas diversas pero puede resumirse como el de un panorama laboral donde las oportunidades de empleo conveniente y remunerado son escasas no sólo frente a la población que lo demanda por primera vez sino para una buena parte de la planta laboral. A diferencia de visiones más convencionales, los cambios formal-legales (la ya célebre e incumplida reforma laboral) sólo tendrán un impacto real si se acompañan de una perspectiva cooperativa y dinámica sobre los intereses y los actores que asisten a un nuevo escenario laboral y productivo en el siglo XXI. Para el caso de México, una reforma del trabajo no puede plantearse si no se considera, por un lado, el proceso de cambio que afecta a las empresas desde la economía global y, por otro, el cambio político que enfrentan las organizaciones enmarcadas en el llamado corporativismo ante una estructura socio-política más diversa y competitiva. Una reforma legal de las instituciones laborales es poco previsible y negociable entre los distintos actores de la economía política de fin de siglo si los sindicatos simplemente ignoran el nuevo escenario productivo de los años que vienen refugiándose en la retórica de sus conquistas y reivindicaciones. Hay que advertir, sin embargo, que el movimiento sindical ha dejado de ser monolítico y, si bien persiste el discurso reivindicacionista (centrado en los salarios), es prácticamente consensual en el movimiento obrero emergente la necesidad de redefinir las relaciones laborales para lograr resultados que, beneficiando a obreros y patrones, beneficien también al país.

No es claro, sin embargo, hasta qué punto pueden o están dispuestas las distintas organizaciones de trabajadores a desarrollar formas de acción colectiva que realmente desarrollen una agenda de cambios productivos. En el centro de este problema de la acción colectiva real con que cuentan los líderes y organizaciones está el hecho de que la identificación de una agenda de negociación efectiva -con información relevante sobre el proceso productivo y su relación crítica con la negociación colectiva- se vuelve clave para la verdadera incorporación de los sindicatos de empresa y nacionales de industria a un nuevo proyecto de relaciones laborales (con o sin cambios legislativos).

La decisión que debemos tomar los mexicanos, no sólo los actores inmediatamente interesados y los trabajadores organizados o los empresarios, sino los partidos políticos que formen gobierno en el futuro inmediato y la sociedad en su conjunto es clara: seguir siendo en los próximos lustros el país de los salarios bajos, los empleos precarios y la sociedad segmentada cuando no polarizada por la desigualdad, o aspirar a convertirnos en una sociedad de mujeres y hombres prósperos, donde las remuneraciones tiendan a ser efectivamente mayores y los niveles de ocupación no enmascaren una estructura profundamente desigual de las capacidades, es decir, del capital humano con que cuenta la población más desfavorecida de nuestro país.

Notas

1 Por empleo precario entendemos simplemente el empleo de muchos mexicanos que reciben remuneraciones de subsistencia, en condiciones institucionales inadecuadas (es decir, prácticamente sin prestaciones ni protección de derechos básicos), y en un contexto de significativa inestabilidad laboral.

2 Específicamente se trata de aquella parte del PIB dedicada a pagar el factor trabajo (remuneraciones a asalariados) dividida entre el personal ocupado en la economía.

3 La llamada PEA es el conjunto de mexicanos mayores de 12 años que efectivamente se encuentran trabajando o buscando trabajo.

4 Por razones de espacio, se omite aquí la distribución de otra forma de precariedad en el empleo que se aprecia a través de la jornada de trabajo que cada persona económicamente activa ejerce en el periodo de referencia (semanal).

5 El desempleo abierto se define como el conjunto de personas de 12 y más años que en la semana de referencia no trabajaron, se encontraban disponibles para realizar alguna actividad económica o buscaron incorporarse a alguna actividad económica en los dos meses previos a la semana de referencia. Los datos aparecen en Situación del mercado laboral, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, abril-mayo de 1999.

6 En México no existen datos absolutamente confiables y transparentes acerca de la población que está organizada en sindicatos. Esto se debe en buena medida al sigilo con que las organizaciones del movimiento obrero manejan sus cifras de filiación.

7 De éstos, nueve millones 461 mil 962 tienen contrato verbal y el resto contratos escritos por seis meses o menos. De esta parte de la PEA, la mayoría son activos informales (salvo por aquellos con vehículo -en total 864 mil 771- que puedan estar bajo contrato).