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Cárdenas es el principio y el fin
Ludolfo Paramio

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Enigmático carisma
Luis Salazar C.

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Resistió a Salinas
Carlos Tello Díaz

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Adiós, Cuauhtémoc
Adolfo Aguilar Zinser

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En el año doce
Ciro Gómez Leyva

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Fidelidad al origen
Edgardo Bermejo Mora

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Dónde están los votos del PRD
Guadalupe Pacheco Méndez

Una vez que las expectativas en torno a una alianza electoral opositora para el año 2000 se han desvanecido, dos tipos de argumentos florecen en la explicación de su desenlace. Por un lado, quienes estiman que los involucrados en su negociación, especialmente los candidatos a la Presidencia del PAN y del PRD, fingieron buscar una coalición que en realidad nunca quisieron. Y en el polo contrario los que atribuyen la ruptura a un diferendo técnico que con voluntad y compromiso podría haberse superado. En nuestra opinión, la probabilidad de concretar una coalición electoral opositora siempre fue muy remota, y lo mismo en su promoción que en su ulterior cancelación operaron acciones e intereses contradictorios, algunos transparentes y otros sólo susceptibles de interpretación. Finalmente, la lógica tanto del autointerés racional de los principales actores involucrados, sus diferencias programáticas y sus distintas preferencias en cuanto a política de alianzas terminaron por imponerse.

En la primera parte de este artículo ilustramos las diferencias programáticas de los partidos opositores a la luz de las coaliciones de voto en la actual Legislatura federal. En la segunda, planteamos los desencuentros en las políticas de alianzas preferidas, cual feria de amores no correspondidos, registrados en un estudio de opinión pública que realizamos entre los diputados locales en México. Y por último interpretamos la promoción y cancelación de la coalición desde el punto de vista del autointerés racional de los actores involucrados.

Votando con el enemigo

Detrás del escenario público de la negociación por la coalición electoral total, los partidos opositores con ambiciones presidenciales sabían que de concertarse ésta lo más difícil sería compartir el poder y los cargos públicos en una coalición gobernante y legislativa débilmente amalgamada por sus líneas programáticas.

Prueba de esta paradoja es el comportamiento parlamentario de las bancadas legislativas del PAN y del PRD. En la actual Legislatura de la Cámara de Diputados, de 62 iniciativas de ley aprobadas por el PRI todas contaron con el respaldo de los legisladores del PAN y sólo 30 con el del PRD. De cinco reformas constitucionales votadas por el PRI, el PAN participó en todas y el PRD en tres. Del total de piezas legislativas aprobadas en este lapso, el PAN votó 91.5%, de ellas junto con el PRI y el PRD 51.5%. Por su parte, PAN y PRD coincidieron sin el concurso del PRI en sólo 8.5% de las iniciativas legislativas aprobadas, en tanto que el PAN coincidió con el PVEM sin el concurso del PRD en 25% de dictámenes (ver cuadro 1).

Los datos de votación nominal sobre dictámenes llevados al pleno de la Cámara de Diputados ilustran que la coalición PRI-PAN (ver cuadro1) funcionó para aprobar 16 proyectos de decreto, entre los que destaca la Ley de Coordinación Fiscal para 1998. Para finales de 1998, la discusión del paquete formado por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación despertó las especulaciones sobre un probable bloqueo legislativo, pero los temores del trance presupuestal se conjuraron en la mesa de negociaciones donde el PAN decidió formar una coalición de voto con el PRI.

Un nuevo ciclo de cooperación legislativa entre PRI y PAN se construyó desde la coincidencia en temas económicos y financieros. Durante el primer periodo del segundo año legislativo, dicha alianza votó en lo general y en lo particular el decreto de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, mediante la cual se dio salida al espinoso asunto del Fobaproa. En el periodo extraordinario de diciembre de 1998 votaron conjuntamente el decreto por el cual se autorizó al Ejecutivo a firmar el texto del convenio sobre el Fondo Monetario Internacional. De igual manera, juntos aprobaron el paquete económico integrado por la miscelánea fiscal, la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1999. Y no sólo en temas económicos hubo proximidad, pues ambos partidos apoyaron también el decreto de Ley de la Policía Federal Preventiva.

De un total de 73 proyectos votados sobre los que tenemos registro, la coalición de todos los partidos aprobó 29 leyes-decretos y tres reformas constitucionales (cuadro 1). En la batalla parlamentaria los supuestos enemigos desarrollaron normas de cooperación encontrando menos costoso aprobar, aunque sea a cuentagotas, la abultada agenda legislativa, que precipitar la parálisis mediante el voto antiPRI del bloque opositor. Ejemplos de esta conducta fueron el nuevo Estatuto de Gobierno del DF al que todas las fracciones parlamentarias dieron su apoyo y las modificaciones al Código Civil en materia de violencia intrafamiliar. A su vez, uno de los más notables productos del acuerdo multipartidista fue la aprobación unánime de la Cuenta Pública de 1996 -que conforme a la fracción IV del artículo 74 constitucional es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados- a cambio de que el gobierno aceptara ajustarse a las autorizaciones de gasto, realizar auditorías a la partida discrecional del Presidente, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En el segundo año de trabajos las votaciones unánimes despacharon asuntos en los que no hay polarización ideológica ni fuerte presión de intereses: una minuta de reforma constitucional en materia de procuración de justicia, la reforma a disposiciones del Código Penal en materia de fuero común, diversas modificaciones a la Ley de Amparo y a la Ley de Propiedad en Condominio y las leyes de Asociaciones Ganaderas, Aduanera y la Federal de Cinematografía.

Hasta ahora, el bloque opositor de la Cámara de Diputados ha operado como una coalición para resolver asuntos relacionados con su gobierno interno. En materia legislativa su furia democrática y sus dictámenes para reducir el IVA de 15 a 12%, así como para desgravar los servicios de gas, teléfono y energía eléctrica para uso doméstico, fueron contenidos por la mayoría priista en el Senado. El bloque funcionó también en la votación contra el proyecto de miscelánea fiscal y contra la autorización de los viajes presidenciales. Y en el segundo periodo de sesiones aprobó en comisiones el dictamen que prohíbe a cualquier partido político el uso de los colores patrios.

Frente a los hábitos parlamentarios de las tres principales fracciones de la Cámara de Diputados lo paradójico no es tanto que los partidos que con más frecuencia formaron coaliciones vencedoras, el PRI y el PAN, resulten ahora enfrentados en la arena electoral sino que aquellos que con menos frecuencia suscribieron alianzas legislativas, el PRD y el PAN, hayan buscado animosamente un pacto electoral. ¿Deseos contradictorios?

Amores no correspondidos

En materia de alianzas, las preferencias de los diputados locales pueden ser indicativas de las actitudes de los dirigentes y cuadros intermedios de los partidos. Conforme a un estudio de opinión pública entre 102 diputados locales de los estados de Zacatecas, Morelos y el Distrito Federal, 47.4% de los panistas prefieren no aliarse electoralmente con partido alguno, colocando en segundo sitio a los pequeños, especialmente al Verde Ecologista y sólo en tercer lugar con el PRD. En contraste, 66% de los diputados del PRD optarían por aliarse electoralmente en primer término con el PAN y en segundo lugar con otros partidos pequeños, sobre todo el PT. En tercer sitio 10% de ellos preferiría que su partido no se aliara con ningún partido y sólo 2% con el PRI (ver cuadro 2). Es decir, los militantes perredistas parecían querer afanosa y sinceramente el pacto con el PAN, mientras que los panistas despreciaban al pretendiente, fijando su mirada en otros horizontes.

Por su parte, 66% de los diputados del PRI tienen como primera preferencia para sus alianzas electorales no establecer acuerdos con fuerza alguna, seguida por el pacto con los partidos pequeños, particularmente el PVEM y en tercer lugar por la eventual alianza, bien con el PRD o con el PAN. Entre los diputados del PVEM, 66% preferiría que su partido fuese en solitario a las elecciones del 2000 y 33% optaría por aliarse con el PAN. En contraste, 100% de los diputados del PT preferirían ir a las elecciones del 2000 en alianza con el PRD.

La ordenación e intensidad de las preferencias aliancistas de los diputados locales hacen visible, por un lado, la contradictoria percepción que tienen entre sí los dirigentes intermedios del PRD y del PAN. Y, por otro, destaca la coincidencia tanto del PAN como del PRI en procurar el acuerdo electoral con el PVEM. Una tercera característica relevante es la preferencia unánime de los diputados petistas por el acuerdo electoral con el PRD. En suma, la opinión de estos dirigentes políticos ilustra una trama de amores y desprecios cruzados: al que me llora tierno, no apetezco.

Sobra decir que la coalición electoral no habría implicado automáticamente alianza parlamentaria. ¿Cuál habría sido su viabilidad como coalición legislativa en términos de los cuadros partidistas intermedios? En el trato de la agenda parlamentaria nacional, los diputados locales del PAN prefieren aliarse en primer lugar con el PVEM o con el PRD, en segunda instancia con el PRI y en tercer lugar no hacerlo con ningún partido. Por su parte, los perredistas prefieren en primer término la alianza legislativa con la bancada panista, en segundo lugar con otras fracciones, especialmente la del PT, en tercero con la del PRI y en cuarto lugar con ninguna (cuadro 3).

Los diputados priistas eligen en primer término legislar con el PAN, en segundo lugar hacerlo en solitario, en tercer sitio con el PRD y en cuarto con otros partidos. Por su parte, los diputados del PVEM no tienen alianza legislativa preferida y cuando mencionan algún partido se refieren al PRI, en tanto que los legisladores del PT refieren únicamente al PRD.

En lo legislativo, el PAN es el más procurado por el PRI y por el PRD, en tanto que los diputados panistas locales tienen como primera preferencia de acuerdo legislativo al PVEM y al PRD, disposición contradictoria con la conducta observada por sus diputados federales. Por su parte, mientras que el PT sólo menciona al PRD, los diputados de este último partido lo sitúan en el segundo lugar de sus preferencias. En suma: a diferencia de las preferencias para la alianza electoral que representan un cruce de amores no correspondidos, las inclinaciones de activistas y dirigentes intermedios respecto de pactos parlamentarios parecía ser uno de los pocos datos favorables a la alianza opositora.

Si todos podemos ganar, ¿quién pierde?

Como contraargumento se podría aducir que en el nivel de la competencia electoral en los estados, las coaliciones han sido factibles y exitosas. Coaligados PRD y PT en Tlaxcala y el PAN, PRD y PT en Nayarit, ganaron las gubernaturas en juego. Sin embargo, no todas las alianzas opositoras resultaron vencedoras: en Guerrero el PRI se impuso al candidato del PRD-PRT-PT; en Hidalgo al del PAN-PVEM; en el Estado de México a los del PAN-PVEM y del PRD-PT, y en Coahuila al del PAN-PRD-PT-PVEM. En suma, las alianzas fueron diversas en sus combinaciones y en sus probabilidades de éxito. Y junto a las coincidencias ideológicas, o a pesar de ellas, involucraron siempre el cálculo estratégico y el autointerés de los actores individuales y colectivos participantes.

Después de la elección federal de 1997 y tras los procesos electorales estatales ulteriores, el PAN y el PRD comparten la autoconvicción de estar en relativa igualdad de fuerzas, no sólo legislativas sino también electorales: ambos perciben posibilidades de ganarle al PRI en la elección presidencial del próximo año. Por consecuencia, desde el punto de vista de su cálculo racional, para uno y otro partidos negociar la alianza significaba incrementar su capital político siempre y cuando no implicara declinar a su propia candidatura presidencial ni a sus prerrogativas de ley, sino sumar apoyos políticos y expectativas ciudadanas.

En la negociación los dos ganaron al atraer la atención pública y restársela al proceso interno del PRI, al erigirse en desinteresados promotores de la democratización y al cohesionar internamente a sus afiliados y simpatizantes. Sin embargo, los riesgos fueron muy claros y la diferencia profunda sobre el método de selección del candidato los concentró: uno, que el candidato de una eventual alianza no fuese el propio y, dos, que una vez abortada la coalición, la opinión pública les facturara la responsabilidad de la ruptura. Por eso, para completar el elenco de beneficios y minimizar los costos, cada uno de los dos grandes partidos responsabilizó tempranamente al otro por frustrar la coalición.

En esta secuencia, sólo una posición de clara inferioridad de uno de los dos grandes partidos habría hecho racional aliarse, pues se intercambiaría la candidatura presidencial para el partido fuerte por la jefatura de gobierno del DF o el liderato legislativo para el partido débil. En la primera concertación chilena nadie ponía en duda que la candidatura presidencial correspondería a la Democracia Cristiana, como efectivamente ocurrió.

Una lectura así permite entender las motivaciones de los más entusiastas promotores de la alianza. Los partidos pequeños con nuevo registro sólo obtendrían beneficios de la coalición, pues asegurarían su estatus legal, así como posiciones administrativas y legislativas que de otra forma quizá no alcanzarán. Este pudo ser el caso de las agrupaciones de Manuel Camacho y de Dante Delgado. Por su parte, algunos dirigentes del PAN y del PRD podrían haber logrado más beneficios tanto en posiciones como en prestigio, derivados del acuerdo multipartidista, como quizá fue el caso de Diego Fernández en el PAN y del propio Muñoz Ledo en el PRD, que aun sin participar directamente de las pláticas, promovió públicamente la coalición pues era calculable que si ésta no se concretaba los beneficios que alcanzaría podrían ser más o menos inversos al desprestigio de Cárdenas y Fox.

Por el contrario, de concretarse la coalición los grandes perdedores serían uno de los dos virtuales candidatos presidenciales del PAN y del PRD, las estructuras profesionales de ambos partidos y muy detrás los partidos pequeños con registro. Los primeros jugarían en suma cero, pues todo lo que hubiese ganado uno lo perdería el otro, las segundas reducirían los ingresos que actualmente tienen y los terceros, tal vez sin que se deteriorara su posición presente, tampoco la habrían mejorado. Para los viejos partidos pequeños, la decisión más racional para incrementar su presencia es aliarse con el PAN o con el PRD, consiguiendo así tres años más de influencia política por encima de su fuerza electoral.

En suma: la conducta parlamentaria de los dos principales partidos pactistas, la forma como sus dirigentes locales ordenan sus preferencias de coalición electoral y legislativa y la lógica del autointerés racional de sus candidatos y estructuras explican, al menos en parte, por qué el Soneto 19 de Sor Juana bien puede ser epitafio de la coalición.

Nicolás Loza y Alvaro López son investigadores en el Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco.

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