la granja
1 Cárdenas
2 Apoyo de 14%
3 ¿Avanzado?
4 Volpi en Los Pinos
Raúl Trejo Delarbre

memoria
Acapulco perredista
Pablo Hiriart

Más allá de los argumentos de rentabilidad, es inevitable cuestionar la congruencia del ingeniero Cárdenas, quien, por un lado, se presenta como rotundo opositor a las reformas al 27 y 28 constitucional y, por otro, concesiona un proyecto de alrededor de mil 600 millones de pesos a una compañía transnacional, sin un proceso de licitación de por medio. La decisión resulta particularmente contradictoria por tratarse de un sector tan competido a nivel internacional, en el cual existen cientos de compañías que podrían haber participado por ofrecer el mejor precio en un proceso transparente de licitación pública.

Como parte de su "crítica" a la privatización del sector eléctrico, Cuauhtémoc Cárdenas ha declarado estar de acuerdo en abrir espacios para la inversión privada en electricidad pero sin vender "el patrimonio de la nación". El ingeniero parece ignorar que dicho "patrimonio", particularmente el que administra la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), ha sido administrado ineficientemente y que la nación podría hacer un negocio redituable si vende sus activos a través de una desincorporación transparente.

El servicio que ofrece la CFE es de baja calidad: la frecuencia de las interrupciones ha aumentado en los últimos años, el costo de la electricidad en horas pico es excesivo (20% más que en horas no pico), las variaciones de voltaje son constantes y encarecen el proceso productivo. Además, la actual legislación no responde plenamente a las necesidades de la demanda creciente de electricidad e inhibe el desarrollo del sector productivo mexicano. En los últimos años la demanda de electricidad ha crecido a un ritmo de 6% anual; mientras que la tasa de crecimiento de las inversiones ha sido de 4%. Este déficit es resultado de la combinación de dos factores: a) en los últimos años el gobierno no ha invertido lo suficiente para enfrentar el crecimiento de la demanda de electricidad, y b) los esquemas que contempla la ley para la inversón privada son demasiado estrechos, por lo que ésta tampoco ha resuelto el problema de subinversión.

Los productores independientes tienen que enfrentarse al poder monopólico del gobierno que por ley es su único comprador. Por ello, quienes invierten bajo este esquema exigen garantías de compra y contratos de largo plazo con la CFE, similares a los que otorgó el DF a la compañía ABB. El resultado es que el gobierno asume gran parte del riesgo y adquiere obligaciones que afectan las finanzas públicas en forma similar al endeudamiento.

Por ello, una reestructuración a fondo del sector, que fomente la inversión de los particulares sin cargo al fisco y genere un mercado competitivo de electricidad es sin duda la mejor alternativa para el país. Las reglas deben garantizar que la decisión final en torno a qué empresario obtiene el contrato no dependa de la simpatía de ningún funcionario.

En el caso que hemos comentado, lo más preocupante es que la decisión del gobierno del DF es legal, en virtud de que el año pasado la mayoría perredista en la Asamblea de Representantes aprobó reformas a la Ley de Obras Públicas del DF que otorgan al jefe de gobierno la posibilidad de asignar proyectos de obra pública en forma discrecional.

La adjudicación del proyecto para construir una planta de generación que surta de electricidad al DF fue una decisión legal y económicamente rentable, pero no legítima ni transparente, pues se sustenta en una legislación que, lejos de fortalecer la claridad en el ejercicio público, refleja un grave retroceso en el marco jurídico de la capital de este país.

Mara Hernández estudió Economía en el ITAM.