Cabe el comentario respecto de la escasa productividad legislativa, no sólo de esta LVII Legislatura, sino también de las anteriores. No obstante, en descargo del desempeño de los legisladores debemos señalar por lo menos tres elementos que deprimen la productividad legislativa: el escaso tiempo del que por ley disponen -cinco meses y medio por año-, las demás funciones -de control político y económico, de representación, etcétera- que debe atender un legislador y la integración, tanto numérica como partidista, del Congreso mexicano, reflejo de intereses no pocas veces encontrados y ciertamente antagónicos.

¿Será suficiente la revisión de las estadísticas para avalar el hecho de que los diputados sí trabajan? Considero que no, el dato numérico no basta para concluir que los diputados han empeñado su mejor esfuerzo en obsequio de la productividad: si así fuera, bastaría con señalar que, de un total de 445 iniciativas de reformas legales presentadas a la Cámara de Diputados al 23 de septiembre de 1999 han sido aprobadas 139 que fueron incluidas en 81 dictámenes. Creo, al contrario, que habría que atender, además, al contenido de cada una de ellas para determinar tanto su beneficio como su costo económico y social. ¿Cuánto nos cuesta una ley o sus modificaciones?

La composición de la actual Cámara de Diputados, en la que ningún partido político ostenta la mayoría absoluta, generó ambiciosas expectativas: se habló de una Legislatura histórica y de avanzada democrática que, por lo mínimo, habría de coronar esa especie de mito inacabado que se ha dado en llamar "transición democrática". No fue así: en los albores de esta LVII Legislatura, un ánimo revanchista -que no se ha superado del todo- permeó en muchos legisladores, lo que sobreestimuló el deseo por desahogar añejos agravios que habían aguardado mucho tiempo para ser aliviados. La representación nacional quedó reducida, prácticamente, a caja de resonancia de conflictos locales y nacionales, y a tribunal de barandilla para el litigio de intereses político-electorales. Se provocó así una parálisis legislativa que no fue rota sino hasta el 25 de noviembre de 1997, casi tres meses después del inicio de sus trabajos; ese día se aprobaron reformas a dos ordenamientos legales. En ese primer periodo de sesiones se aprobaron 16 dictámenes y diez en el segundo; en el siguiente año de ejercicio se aprobaron 54: 19 en el primer periodo, cinco en el primer extraordinario, 27 en el segundo periodo y tres en el segundo extraordinario. Un promedio de 40 dictámenes por año.

¿Hemos avanzado en el perfeccionamiento de nuestra democracia? Sin duda, pero este proceso no se corresponde con el de la eficiencia en el cumplimiento de la responsabilidad de los representantes populares. El trabajo de los legisladores no se refleja, necesariamente, en la productividad legislativa, si consideramos la suma de ámbitos sociales que requieren ser regulados, la gran cantidad de ordenamientos que precisan ser actualizados y el cúmulo de facultades que la Constitución les otorga para la definición del rumbo de nuestro país.

Volga Cecilia del Riego S. es asesora del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.