Debemos partir de dos reflexiones o criterios previos antes de embarcarnos en la evaluación del trabajo de los diputados de la LVII Legislatura: el primero es tener bien claro qué es lo que podemos esperar de ella. Considero, por un lado, que deberíamos reclamar del trabajo de los diputados todo lo que sea posible reclamarles, nunca menos de eso. Sin embargo, tampoco debemos caer en el frecuente error de sentirnos defraudados por no haber obtenido de los diputados faenas que escapan a sus atribuciones legales o que no les corresponde dado nuestro sistema de gobierno. En segundo lugar, deberíamos juzgar el trabajo de esta Legislatura desde su diferencia específica con las demás. Esto nos demanda tener en cuenta que esta es la primera Cámara de Diputados en la historia reciente de México que no cuenta con una mayoría de miembros que pertenecen al partido del Presidente y esa característica la hace especial y distinta de las anteriores. Por lo anterior, me parece que el único parámetro con el cual contamos para juzgar el trabajo de los diputados son las legislaturas anteriores; la única variable que se ha modificado es la integración partidista de la Cámara. Desempeño histórico en términos del principal cambio sufrido por la Cámara: la pluralidad. Veamos.

Contamos con un sistema de gobierno presidencial. En este tipo de sistemas y, sobre todo, tomando en cuenta las características específicas del presidencialismo mexicano, la mayor parte de las iniciativas de ley que presentan en las asambleas nacionales son y deben ser preparadas en la administración pública central, no directamente en las cámaras, que tienen como principal encomienda limitar y controlar el poder del Ejecutivo.

Aunque sería absurdo pedirle a la Cámara que fuese una máquina de hacer leyes, la productividad legislativa en esta Legislatura ha sido sobresaliente, si la comparamos con las anteriores. Más iniciativas y proyectos de ley se prepararon en comparación con legislaturas anteriores. El umbral que existía entre el número de iniciativas elaboradas por el Ejecutivo y las de la Cámara se ha cerrado. Sumado a lo anterior está el hecho de que, por primera vez, iniciativas presentadas por cada uno de los grupos parlamentarios se han convertido en leyes.

Sería muy difícil enumerar la gran cantidad de modificaciones y reformas internas que ha emprendido la Cámara de Diputados en esta Legislatura. Baste mencionar las reformas administrativas que le han permitido operar con importantes ahorros para el tesoro público; las modificaciones técnicas hechas al recinto de sesiones; las reformas a su Ley Orgánica; la modernización de su sistema de comisiones, y un muy largo etcétera. Existen, desde luego, muchos asuntos pendientes en la agenda legislativa que nos permiten sentirnos auténticamente insatisfechos. Sin embargo, recordemos que cualquier asunto pendiente en un sistema de gobierno como el nuestro es también responsabilidad del Ejecutivo, sobre todo si tomamos en cuenta la obstinada falta de comunicación entre ambos poderes.

Estoy consciente de que cualquier intento que se emprenda para demostrar que el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados ha sufrido una sensible mejoría en cuanto a la calidad de sus funciones quedará irremediablemente sepultado bajo la contundente campaña de desprestigio que ha sufrido la Cámara y sus miembros desde el inicio de la LVII Legislatura. La perniciosa gravedad de esta absurda campaña no radica en denostar las incapacidades y defectos personales de algunos legisladores o de sus partidos; la gravedad está en el hecho de que gracias a esa campaña, muchos mexicanos han comenzado a dejar de confiar en las instituciones de gobierno. Cuando la mayoría de nosotros deje de confiar en ellas, estaremos perdidos.

Benjamín Hill estudió Ciencia Política en el ITAM. Correo: benjaminhill@altavista.net