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El retorno de las brujas
José Luis Durán King

Entiendo -quiero entender- que el gobierno tiene razones poderosas para optar por los medios pacíficos en el conflicto de Chiapas y la ocupación de la UNAM. He compartido con usted, lector paciente, mi creencia de que la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación saben o consideran muy probable que el ejercicio de la violencia legítima del Estado, en las actuales circunstancias del país y el mundo, podría provocar la dispersión del problema -que en el fondo es uno solo- a otros espacios del país, principalmente en el sector educativo.

Las condiciones internacionales no son propicias para el uso de la fuerza pública en la solución de problemas internos, así sea para hacer valer el Estado de derecho. La mayor parte de los organismos y organismitos no gubernamentales que se ocupan de la defensa de los derechos humanos desconfían del gobierno de México y cualquier acción de fuerza que ejerciera en Chiapas o en la UNAM, recibiría la condena inmediata de esos grupos, habida cuenta de la habilidad comunicativa y política de Marcos, que ha convertido al EZLN en el símbolo del despertar de las etnias indígenas en el umbral de la del siglo XXI globalizado.

Estos factores, sumados a la red de activistas políticos que el propio Marcos ha construido en casi seis años, especialmente en las universidades y escuelas de educación media y superior, sugieren que el país se precipitaría a una crisis política quizá incontrolable, en caso de que el gobierno abandonara la línea del diálogo. Un diálogo fallido cuyo precio es, por ahora, la virtual ausencia del Estado de derecho en la llamada "zona zapatista" y la Ciudad Universitaria.

Eso significa que, en la práctica, hacer cumplir la Constitución y las leyes sería tan costoso para el país que resulta poco menos que imposible. De allí la paciencia infinita de un Presidente que cree firmemente en el derecho como premisa mayor de la convivencia social civilizada.

¿Hasta cuándo se agotará su paciencia? Me parece que durará cuando menos por el tiempo que queda del actual gobierno. El nuevo programa de paz dado a conocer en días pasados por el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, agrega concesiones a las que en todo este tiempo ha otorgado el gobierno al EZLN a cambio de nada. Son concesiones unilaterales a las que se obliga la autoridad -y ya las empezó a otorgar con la liberación de presuntos zapatistas y las severas sentencias a los responsables de la matanza de Acteal- sin tener siquiera una respuesta, alguna señal por leve que fuera, de que el EZLN estaría dispuesto al menos a estudiar la nueva propuesta gubernamental. ¿Por qué?

Porque el gobierno necesita demostrar a los mexicanos y al mundo entero que está haciendo todo lo que está a su alcance para lograr la paz a través del diálogo con el EZLN; dejar bien claro que es Marcos quien repudia toda solución política. Quizá el gobierno confía en que el apoyo de la opinión pública internacional al EZLN se vaya condicionando a que acepte negociar con un gobierno que está lejos de ser represor o siquiera de usar la fuerza legítima del Estado para hacer valer la ley.

Es, por cierto, muy alto el costo de esta estrategia para las comunidades de Chiapas de la zona de conflicto y para los estudiantes de la UNAM. Sin embargo, sería aún peor para ellos y para el resto del país que la autoridad actuara sin tener en cuenta las consecuencias políticas en la singular coyuntura del país.

Chiapas y la UNAM no son ínsulas. Lo que allí ocurra repercutirá en otros grupos armados, como los que operan en Guerrero y Oaxaca, así como en la estabilidad política nacional, en un momento en que existe el riesgo de que el partido mayoritario se fracture, el candidato ganador de la elección presidencial obtenga poco más de un tercio de los votos y las cámaras legislativas se inhabiliten a sí mismas, lo que haría ingobernable al país.

Si a ello se agrega el debilitamiento de buena parte de las instituciones, el peligroso avance del narcotráfico y otras modalidades del crimen organizado como el tráfico de armas y personas, el robo masivo de automóviles, los asaltos crecientes en las calles, las carreteras, los comercios, los hogares, se tendrá un cuadro por lo menos inquietante. Si se considera además que el "costo social" de los ajustes económicos se tradujo en una juventud en gran parte lumpenizada, que no entiende ni comparte los valores esenciales como el respeto a la vida y la dignidad humanas, a las instituciones, a la propiedad, el cuadro será aterrador.

Creo que estos elementos constituyen una potente bomba de tiempo que podría estallar con la acción de la fuerza pública en Chiapas o la UNAM, y que la búsqueda incansable del diálogo parece inútil cuando no hay contraparte con la cual dialogar, pero le da tiempo al gobierno para reducir el potencial explosivo de la mixtura de problemas políticos, sociales, actitudinales y económicos.

No sé si de veras quede tiempo, pero no podría entender de otro modo la insistente renuncia del Estado a usar el único recurso que parece quedarle para extirpar los tumores cancerosos del EZLN y los ultras de la UNAM. Admitámoslo: Marcos y el "Mosh" nos tienen atrapados a todos, y sólo con una estrategia inteligente, viable y eficaz de mediano plazo podremos liberarnos de ellos.

Renward García Medrano es periodista.