aldea global
Generación robada
Asilo a un magnicida
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María Cristina Rosas

Así, Mandela dispuso el inicio de las reformas económicas, entre ellas la disciplina presupuestal, la tributación, la apertura comercial y, naturalmente, la privatización. Para esta última tarea, Mandela designó a Stella Sigcau, una mujer de linaje real xhosa. Sin embargo, a los ojos de los intereses corporativos internacionales, la gestión de la ministra xhosa no fue precisamente adecuada, de manera que el inicio de las privatizaciones tampoco cumplió con las expectativas.

El sucesor de Nelson Mandela, Thabo Mbeki, llegó al poder en junio y dispuso reemplazar a la ministra xhosa por el plebeyo Jeff Rabede, ex miembro del Partido Comunista, quien goza de muy buena reputación. Por lo pronto, desde junio el programa de privatizaciones tomó nuevos bríos. La empresa Swissair adquirió 20% de las acciones de la paraestatal South African Airways por 229 millones de dólares. Adicionalmente, el ministro de Comunicación, Ivy Matsepe-Casaburri, prometió la venta de 10% de la paraestatal Telkom, que se sumaría al 30% de las acciones de esa compañía en manos privadas desde 1997. Empresas vinculadas a la explotación forestal y a la fabricación de armamento, también figuran en las licitaciones de este año.

Si bien los expertos financieros son optimistas respecto del éxito del programa de privatizaciones con el nuevo gobierno, también hay razones para suponer que la tarea es poco más que titánica, considerando la enorme cantidad de empresas paraestatales erigidas en los tiempos del apartheid y que llegaron a tener, en proporción, dimensiones semejantes a las de la Unión Soviética. La idea era, cuando prevalecía la segregación racial, contar con empresas que pudieran dar empleo a blancos que, de otra manera, no podrían ser contratados. Asimismo, con las sanciones económicas que el régimen sudafricano padeció, el Estado creó empresas encargadas de producir energía, sistemas de armamento y todos aquellos bienes y servicios que se consideraran como "estratégicos".

En la actualidad, muchas empresas sudafricanas tienen más empleados de los que realmente son necesarios; la administración de los consorcios es mala, y tienen un endeudamiento estratosférico. En la empresa encargada de proveer transporte, Transnet, el gobierno señala que será necesario prescindir de los servicios de 27 mil trabajadores. Es natural que los inversionistas potenciales presionen al gobierno a que haga estos cambios, antes de concretarse la privatización de las empresas.

Otro problema son los sindicatos sudafricanos, muy poderosos e influyentes. Con una tradición de militancia, los sindicatos frecuentemente realizan huelgas que inquietan a los inversionistas. El gobierno ha pretendido utilizar el modelo que se aplicó en la República Checa y que consistió en vender las acciones de las empresas a sus empleados. Sin embargo, en el caso sudafricano no todos los trabajadores son capaces de reunir el dinero necesario para concretar la transacción. Por último, el gobierno quiere llevar adelante la privatización para hacerse de recursos. Sin embargo, las empresas públicas son usadas para proporcionar algunos mecanismos de seguridad social a los más pobres. De manera que la privatización en Sudáfrica, como señala el semanario The Economist, será un proceso desgastante que enfrentará a la sociedad con el gobierno.

María Cristina Rosas es profesora-investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Correo: mcrosas@df1.telmex.net.mx