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El FMI en Rusia

Ciro Murayama

La constatación del abusivo uso de los recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional que han hecho las cúpulas de la nueva nomenclatura rusa, con el presidente Yeltsin a la cabeza, ha abierto un flanco de repercusiones que -en código de política internacional- pudiera tener a su víctima más vistosa en un decidido impulsor de las caudalosas ayudas financieras al actual gobierno de Moscú: el vicepresidente estadounidense Al Gore y a sus aspiraciones para ocupar el despacho oval. Sin embargo, más allá de esa lectura coyuntural que reafirmaría a Washington como el epicentro global, lo que las revelaciones de la prensa de EU e Italia de las semanas previas dejan como saldo mayor es la incompetencia del FMI para establecer políticas de préstamo que efectivamente contribuyan al desarrollo de los países necesitados y de sus poblaciones.

Desde el FMI pueden suspenderse los préstamos inmediatos a Rusia, como primera reacción tras el desconcierto y la vergüenza de que la institución es objeto. Pero esa amenaza ya fue esgrimida en el pasado, sin que luego se sostuviera, y no basta como rectificación suficiente para corregir el funcionamiento de uno de los instrumentos más necesarios de la economía del orbe.

En tropiezos anteriores del FMI, como los del sobreajuste a que se enfrentaron las economías latinoamericanas en la década pasada que no acaban de generar los círculos virtuosos de eficacia-eficiencia-bienestar, se insiste en que las fallas no son del modelo ni de las políticas recomendadas, y tampoco lo son de los criterios financieros del Fondo, sino de la corrupción extendida que campea sobre los países en desarrollo.

Ese mismo argumento podría recuperarse para explicar que cada semestre, en los últimos años, se drenen cinco mil millones de dólares cedidos a Rusia. No obstante, la corrupción, tan real y tan palpable, sobre todo en Rusia, no puede pasar como variable inadvertida en las consideraciones que dan pie a la concesión de créditos. Resulta una característica institucional, o de la ausencia de un entramado institucional mínimamente presentable, que debe incluirse en el modelo de los sesudos profesionales de las finanzas. Sin duda, no ha sido así, y ello pone de manifiesto el error base del FMI.

En un primer momento, éste concede ayuda con base en análisis de las respectivas situaciones macroeconómicas, que no han de ser contaminadas por consideraciones de índole política, y por ello sus recomendaciones se encaminan hacia paquetes de reformas "estructurales" que incluyen privatizaciones y liberalización comercial y financiera fundamentalmente. Pero al "despejar" otros elementos -polarización en la distribución de la renta, presencia de monopolios no estatales, ausencia de instituciones fiscalizadoras del uso de los recursos, restricciones a la deliberación democrática, corrupción, etcétera- los créditos se otorgan atendiendo en exclusiva a los indicadores nominales más corrientes y a un nada disimulado primitivo pragmatismo político -v. g. la importancia geoestratégica de Rusia y su cúpula gobernante-.

Más aún, la ayuda tiende a restringirse a los objetivos de estabilización macroeconómica, que es, en efecto, una condición pero no garantía para el funcionamiento adecuado de las economías, al tiempo que se desplazan tanto los objetivos como los compromisos para construir, con esos recursos, los pilares de un ulterior desarrollo.

Por lo anterior, en Rusia el equipo del FMI fracasó en su papel de banquero en exclusiva: no supo evaluar los riesgos; pero también falló en su cometido de prestar ayuda al desarrollo. En el primer caso, es de dudarse que el FMI, más allá del papelón que les ha tocado a sus portavoces en los días pasados, se vea sensiblemente afectado, pues de hecho tiene suficientes herramientas para liberarse de la morosidad y mientras EU no la considere una institución multinacional prescindible y le corte sus contribuciones -como a las Naciones Unidas-, el Fondo podrá evitar quiebras estatales explícitas. Respecto de la contribución del FMI para rescatar economías y además garantizar que sus ayudas favorezcan el crecimiento con equidad, el devenir resulta más incierto.

Ciro Murayama es economista por la UNAM. Realiza estudios de postgrado en la Universidad Autónoma de Madrid.

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