Pero, detrás del escándalo, el Presidente subrayó una definición absolutamente estratégica: hizo explícito su rechazo al manejo electoral de las finanzas públicas. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que el déficit fiscal del año 2000 se colocará alrededor de 1% del PIB, o sea, que será 33% menor que el déficit del presente año.

Al mismo tiempo, Zedillo afirmó que en el 2000 la inflación rondaría 10% y el crecimiento económico se relanzaría a una tasa de 5%. El punto a subrayar es que mientras estas dos previsiones (inflación y crecimiento) no están totalmente determinadas por el gobierno, el déficit público sí. Así que la definición es importante: se trata de un compromiso fuerte, de una señal inequívoca de la coherencia presidencial.

Es una meta que su administración viene anunciando desde hace tiempo, al menos desde el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo, en junio de 1997. En materia macroeconómica, ese sigue siendo el documento maestro para entender a Zedillo; en el Pronafide por primera vez se plantea un esquema detallado de políticas financieras para cuatro años. Busca que los empresarios e inversionistas tengan certidumbre acerca de lo que el gobierno va a hacer y proponer. Y el quinto Informe demuestra inconmovible la obstinación presidencial: no quiere que se repita una crisis financiera ni en 1999 ni en el año 2000.

Las consecuencias de esa decisión las vamos a vivir de varias maneras, pero sobre todo, y desde ya, sabemos que el presupuesto gubernamental del año 2000 seguirá apretado, sujeto a reglas férreas de austeridad (nos las veremos con Santiago Levy).

Es impensable que, de frente a las elecciones federales, el Presidente o el Congreso se arriesguen a solicitar un aumento de impuestos; así que el gobierno tendrá poco más o menos el mismo ingreso. Al mismo tiempo, todo parece indicar que el precio del petróleo ha llegado a su límite. Los gastos del rescate bancario crecerán y también van a crecer las aportaciones gubernamentales al IMSS. Además, el Estado deberá hacer una erogación extraordinaria: solventar los gastos para el decimosegundo Censo de Población y Vivienda, y deberá financiar el incremento al presupuesto del IFE para la organización electoral del año 2000. Así que las finanzas públicas no estarán, ni lejanamente, en una situación de holgura.

Un gobierno con ingresos prácticamente iguales y con gastos extraordinarios en el 2000; un gobierno tentado a gastar porque tendrá una elección presidencial altamente competida; y a pesar de eso, el presidente Zedillo insiste en un déficit gubernamental menor al actual.

Es una definición crucial; una lógica contraria a la que han utilizado los presidentes de México en los últimos cuatro sexenios; es una prueba de fuego a la coherencia de su programa económico: usar los recursos para disminuir el déficit y no para incrementar el gasto en el último tramo de su administración (lo que eventualmente redunda en votantes y popularidad).

La de Zedillo es una apuesta por el interés general, más allá de su partido: mantenerse firme en el rigor económico, enviar "buenas señales" al mercado; dinosaurios y populistas pueden acusarlo de torpeza, de pagar demasiado caro por sus propios dogmas económicos. Pero en nuestro mundo político, lleno de mezquindades, cortoplacismo e intereses particulares, la decisión de Zedillo resulta hasta pedagógica: a pesar del "costo político" que le representa, intentar evitar el ciclo, hacer el esfuerzo por sacar al país de su maldición sexenal.

Ricardo Becerra estudió Economía en la UNAM.