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Las declaraciones públicas del presidente Zedillo sobre el paro de la UNAM habían sido muy cautas hasta el 23 de agosto. Ese día y el siguiente, el Presidente fijó la posición de su gobierno. Lo primero, dijo, es que no caerá en la provocación ni practicará la represión, pues "quedaron ya muy remotas las épocas en las que las escuelas se recuperaban con bazucazos".

No obstante, el gobierno "cumplirá su responsabilidad" ya que, admite, "la gente tiene razón cuando reclama que su Universidad sea reabierta y entregada a los verdaderos universitarios". Pero, para que "el gobierno intervenga directamente en la solución del conflicto", se requieren dos condiciones: en primer término, "un fundamento legal" y en segundo lugar, "otro fundamento muy importante desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político, que es el fundamento democrático".

El fundamento legal, supongo, es la obligación del gobierno de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; es decir, de hacer valer el Estado de derecho en todo el territorio nacional. El fundamento democrático, como lo entiende el gobierno, debe ser creado por los propios universitarios, a quienes corresponde "aportar los medios que da la democracia para avalar el respaldo de la gente" a una intervención directa de la autoridad.

En rigor, la naturaleza democrática del gobierno y su legitimidad, sintetizan ambos fundamentos; en un Estado de derecho, las leyes, emitidas por el Poder Legislativo, son esencialmente democráticas. ¿Por qué entonces el Presidente reclama un respaldo explícito de la sociedad a la intervención de su gobierno y urge a los universitarios a que, con su movilización, promuevan ese apoyo?

Creo que son varias las razones. Una, es que prevalece en ciertos círculos de la sociedad una interpretación errónea de la autonomía universitaria, a partir del silogismo de que los problemas internos de la institución deben ser resueltos por los universitarios. Quienes así piensan, parecen ignorar que la UNAM es una institución académica y que, por ello mismo, no cuenta con los mecanismos de protección y defensa que tiene el Estado. Que la autonomía se refiere a su derecho para regir su vida interna y a la libertad de cátedra. Esa interpretación, que no creo que comparta el Presidente, es una realidad política que no debe ignorar un jefe de gobierno.

Otra razón, aún más poderosa, que a mi juicio mueve el gobierno a demandar el apoyo explícito de la mayoría de los universitarios y de la sociedad a una eventual intervención en el conflicto de la UNAM, es que éste no está circunscrito a la universidad, sino que tiene raíces y ramificaciones políticas y externas, especialmente con el EZLN y otros grupos armados como el EPR. Una intervención directa del gobierno para recuperar las instalaciones universitarias podría tener efectos políticos en otros ámbitos críticos del país, como lo está demostrando la reactivación del conflicto de Chiapas, que no sólo obedece a la torpeza del gobernador Albores sino que es una jugada política de Marcos, quien hace cuanto puede por aprovechar, sobredimensionado, el paro universitario para reposicionarse (valga el barbarismo) en la opinión pública.

De esta suerte, el presidente Zedillo apela al apoyo expreso de la sociedad, al que llama "fundamento democrático", no porque carezca de facultades legales o de razones morales y políticas para ordenar la devolución de las instalaciones a los universitarios, sino porque la eventual intervención del gobierno puede desencadenar una sucesión de hechos políticos que el gobernante debe prever, porque sería un grave error tratar de resolver el problema de la universidad sin tener una clara conciencia de las reacciones de las fuerzas que sostienen a los paristas.

Reconozcamos que no estamos hablando de un problema universitario, sino de un episodio más de la lucha entre un proyecto nacional que pretende insertar al país en las corrientes mundiales que predominarán en el mundo del siglo XXI, y un haz de fuerzas e intereses que, a través de grupos armados locales, intenta impedirlo.

Vivimos en un gozne de la historia, en el que las leyes y la posibilidad misma de aplicarlas sin más consideración que el derecho, están siendo rebasadas por fenómenos sociales, políticos y guerrilleros que no pueden ser ignorados en una conducción responsable del país.

Esto no me gusta, pero me parece que es una realidad que más nos vale tener presente a la hora de tomar las grandes decisiones.

Renward García Medrano es periodista.