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embarcadero Esa legalidad
Pedro Salazar Ugarte
Mucho se ha dicho que el rezago más significativo de nuestra transición hacia la democracia es la ausencia de una cultura de respeto a la legalidad. Nada más cierto. La reflexión se centra, sobre todo, en la resistencia que tenemos los mexicanos para considerar el factor ley en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Las consecuencias jurídicas de nuestros actos son un dato que no figura cuando tomamos decisiones. Actuamos y ya. La dimensión legal es un factor ausente. Intuimos y alegamos nuestro acervo de derechos e ignoramos con cierto menosprecio al catálogo de nuestras obligaciones. No es un problema cultural, es un asunto de costumbres. Para nosotros la ley es un asidero con manteca, un armazón de utilería, un muro de plastilina. Sin importar lo que la norma diga, vivimos con la convicción de que todo es posible, de que "siempre hay un modo", de que "si se quiere, se puede". Para el buen mexicano, nada es definitivo y, como si se tratara de un pedazo de bandera, preferimos orgullosos el caos condimentado que la frialdad insípida de la vida regulada. Nos mueve la idea de que la ley está para violarse. Por el lado de las autoridades la historia se completa. Como en el viejo oeste estadounidense el funcionario mexicano se autoproclama portador de la legalidad: la ley no está en los códigos, se esconde en su persona. El marco que delimita su actuación es tan moldeable como sus convicciones, tan amplio como su compromiso y tan estrecho como sus afectos. Con la moda democrática, el asunto apenas ha variado: ahora es el funcionario demócrata, montado en el discurso de la renovación nacional, el que juzga la naturaleza autoritaria o democrática del derecho. La norma no es un criterio ordenador que deba ejecutarse: según la circunstancias, puede ser un rezago del antiguo régimen cuya aplicación debe objetarse por conciencia, o una herramienta de la transición que debe interpretarse "democráticamente" bajo la luz iluminadora de las buenas conciencias. El derecho sigue dependiendo del sano juicio del aplicador y no de lo que hayan establecido los legisladores. El precio que se paga es alto: la certeza y seguridad jurídicas son un saldo pendiente. Para colmo, en un tercer nivel sumamente delicado, el terreno de los creadores del derecho, el desprecio por las normas y sus efectos reguladores llega a extremos alarmantes. Los legisladores ostentan una investidura difícil de portar y, tristemente, en muchas ocasiones les queda grande. La experiencia que hasta el momento ha arrojado la dinámica plural de la actual Legislatura se torna preocupante. El vocerío democrático que vive el recinto legislativo ha producido de todo menos leyes. Parece gestarse una fórmula perversa: a mayores equilibrios en el Congreso, peores normas para la República. Pero, además, algunas de las prácticas más censurables de los parlamentos del priismo siguen teniendo vida. Si alguien pensó que, con los vientos democráticos, se acabarían las normas al vapor o las reformas con dedicatoria puede darse por desmentido. Para muestra dos botones. Así como el Poder Constituyente anterior (1994-1997) arrojó dos aberrantes perlas de la legislación ad hominem, una para evitar que Manuel Camacho se aventurara a competir por el gobierno capitalino (cuya solicitud de amparo sigue haciendo ruido) y la otra para cesar a los entonces consejeros ciudadanos del IFE, la actual Legislatura cumplió su tanto. Primero se decretó el cese constitucional de los miembros del Consejo de la Judicatura designados al amparo de la reforma al Poder Judicial de 1994 y, después, se abrió la puerta para que el "niño verde" pueda ser, en el año 2000, senador de la República. En el primer caso la reforma equivale a la que desplazó a los consejeros ciudadanos en 1996 y, en el segundo, en lugar de cerrar, abrió una puerta para que se pueda ser senador a los 25 años. En el fondo lo que queda es un mensaje contundente: el uso del derecho como patrimonio propio no sólo pasa por la bancada del priismo. Mientras los creadores, aplicadores y sujetos del derecho sigamos viendo en las normas un instrumento maleable al capricho de nuestras pretensiones, la nueva legitimidad democrática seguirá sin echar raíces. El principio de legalidad es la otra cara de la moneda democrática que tanto hemos tardado en dibujar. Elecciones limpias que arrojan representantes legítimos es apenas una parte del andamiaje institucional que hace a la democracia. Sin instituciones jurídicas sólidas, vigentes y efectivas, el cascarón se rompe. Más nos vale tomar nota. Colofón Por gratos motivos personales, me veo obligado a abandonar esta columna semanal en etcétera. Durante casi dos años y medio, los directivos, editores, columnistas y lectores del semanario me honraron con la oportunidad de compartir un espacio en este valioso proyecto editorial. A todos mi más sincero agradecimiento. De forma muy particular agradezco a Raúl Trejo Delarbre por su confianza y generosidad; a Marco Levario por su paciencia y colaboración; a Rafael Cordera Campos por su impulso y apoyo, y a Ricardo Becerra y Mario Huacuja por su desinteresada y bienintencionada paciencia para leer y comentar conmigo algunos artículos antes de que fueran enviados para su publicación. Gracias y hasta la vista. Pedro Salazar Ugarte, licenciado en Derecho, es co-autor del libro La reforma electoral de 1996 (FCE). Correo: pedsalug@ife.org.mx |
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