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textos Extranjería contra ciudadanía
Jordi Borja
Cualquier ley de extranjería es intrínsecamente perversa. Cualquier normativa hecha por un colectivo para regular los derechos y deberes del "otro", sin el otro (los representantes del "pueblo español" respecto de los extranjeros, los hombres respecto de las mujeres, etcétera) tiende a ser discriminatoria. La actual ley de extranjería es un modelo de ello: una exposición de motivos, sin valor normativo, que se propone regular los derechos de los inmigrantes y un articulado que eleva la sospecha a regla, que legitima la criminalización de los colectivos de inmigrantes y estimula el racismo. Por cierto, ahora que los responsables políticos multiplican las declaraciones antirracistas, no escuchamos a nadie de la mayoría parlamentaria -que aprobó dicha ley- que la defienda o se autocritique. En cambio, se proclaman buenas intenciones progresistas sobre la tolerancia y contra la exclusión social, o con cierto cinismo se les dice a las víctimas que deben hacer un esfuerzo para adaptarse (President dixit). Lo que corresponde a las autoridades políticas es, sobre todo, actuar y más en aquello que pueden hacer ya. En vez de esperar, en el mejor de los casos, que cambie la sociedad para modificar las normas y los procedimientos administrativos que empiecen por aquí. No leyes de extranjeria, sino leyes de ciudadanía. La gente es como es. En diversas encuestas europeas aparecen mayorías que se pronuncian contra los derechos políticos de los "no nacionales" y el acceso a la nacionalidad no sólo es una carrera de obstáculos burocráticos, sino que luego vienen animales que salen en televisión diciendo a los nacionalizados que son "españoles de segunda". ¿Qué diría este español de primera que inmigró a Cataluña si alguien le dijera que él es un catalán de segunda? El problema con los nacionalistas fundamentalistas es que pueden convertirse en nacionalistas de signo opuesto, y con los que dicen burradas es que pueden provocar burradas como respuesta. Entonces aparece la responsabilidad de los políticos. Si es necesario deben tener coraje para generar corrientes opuestas al racismo y a la discriminación. Para ello, lo más urgente es dar fuerza y legitimidad a los que viven acá y no tienen la dichosa "nacionalidad española". Algunas soluciones son relativamente fáciles si hay voluntad para implantarlas: atribuir la residencia legal a todos aquellos que están sin papeles o en situación precaria y puedan justificar su estadía (familia, trabajo, estudios o vivienda), facilitar el acceso a la doble nacionalidad después de tres años de residencia legal, favorecer el reagrupamiento familiar y la inmigración de los que sufren algun tipo de persecución, apoyar las asociaciones de "inmigrantes" para que desarrollen actividades de inserción social (respecto a niños y jóvenes), reclutar personas de origen no español (magrebies, africanos, filipinos) para la policía y en general las administraciones públicas, sancionar con dureza y publicidad los comportamientos racistas de funcionarios y personas que traten con el público, etcétera. Creemos que desde un punto de vista político-legal la mejor solución sería distinguir ciudadanía de nacionalidad. Es decir, ofrecer como alternativa a la nacionalidad el estatuto de ciudadanía que consistiría simplemente en atribuir a todos aquellos que posean la residencia legal todos los derechos, incluidos todos los derechos políticos que tienen los españoles. Esta solución debería generalizarse incluso al ámbito europeo: los residentes en un país de la UE, cualquiera que fuera su nacionalidad de origen u otra adquirida, tendrían el estatuto de ciudadanos europeos y, en consecuencia, les correponderían los mismos derechos y deberes que a los nacionales del país de residencia. Somos conscientes que estas medidas legales y administrativas que proponemos no suprimen el racismo y la xenofobia, pero por lo menos contribuyen a deslegitimarlos. Y, sobre todo, atribuir los mismos derechos a la población de origen inmigrante les hace más fuertes, aumenta su autoestima y su capacidad de defenderse, les reconoce una dignidad que ahora se les niega. Es posible que estas medidas no gusten de entrada a muchos, que provoquen reacciones negativas, que escandalicen a la gente de espíritu miserable y provinciano. No importa, ya se acostumbrarán a tratar como iguales a quienes se reconocerá legalmente. El deber de los responsables políticos es favorecer el lado bueno de la gente, no la parte mala o tonta. Sin olvidar que un principio democrático elemental es, como dice el profesor Eliseo Aja citando a Kelsen y refiriéndose a este tema: "Todos los que viven sometidos a las mismas leyes deben tener los mismos derechos", y por encima de territorios, razas, culturas o naciones, hay valores más trascendentes que no niegan identidades ni diferencias sino que permiten su convivencia. Como dice el escritor portugués Manuel Torga: "Lo universal es lo local sin muros separadores". Jordi Borja es investigador catalán. Autor de numerosos libros y ensayos sobre política urbana. |
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