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En 1983, ediciones Gallimard sacó a la venta en París la edición francesa original de un libro que, al año siguiente, se publicó en inglés con el título I, Rigoberta Menchú: An indian woman in Guatemala.* I, Rigoberta es la historia narrada en primera persona de Rigoberta Menchú Tum, una joven maya cuya familia y cuyo pueblo quedaron virtualmente destruidos por la violencia que entonces asolaba a Guatemala. El libro pronto se tradujo a 12 lenguas y desde entonces se han vendido más de medio millón de ejemplares.

Guatemala es un país de 11 millones de personas en donde existía una guerra civil intermitente desde 1954, cuando el gobierno electo de Jacobo Arbenz fue derrocado por un golpe militar de derecha. Durante este periodo, se calcula que 200 mil guatemaltecos fueron asesinados a causa de la violencia política. Al contar su historia con fuerza y en primera persona, Rigoberta Menchú (conocida en todo el mundo como Rigoberta) hizo mucho por dar a conocer la violencia en Guatemala, sobre todo a finales de la década de los 70 y a principios de los 80, cuando dicha violencia se dirigió en gran parte contra la población maya del país. Finalmente, en diciembre de 1996, el gobierno y cuatro grupos guerrilleros de oposición (que para entonces ya se habían unido en la organización conocida como la URNG) firmaron un acuerdo de paz. El libro de Rigoberta y la atención internacional que atrajo contribuyeron en gran medida a provocar este resultado.

Lo que le dio tanta importancia al mensaje de Rigoberta fue que ella era una india maya. La mitad de la población guatemalteca es maya y, a finales de los 70 y a principios de los 80 (el periodo que sirve de marco para el libro de Rigoberta) los mayas fueron víctimas de una violencia inaudita. Como parte de los acuerdos de paz, el gobierno y los guerrilleros establecieron una Comisión de Aclaración Histórica, comúnmente llamada comisión de la verdad, la cual entregó su informe hace unos meses. Compilado bajo la supervisión de un distinguido jurista alemán, el informe, presentado en febrero, describió la política gubernamental de contrainsurgencia como "genocida", así como "racista", y señaló que "las matanzas, las operaciones de tierra arrasada, las desapariciones forzadas y las ejecuciones de las autoridades, los líderes y los guías espirituales mayas no sólo fueron un intento por destruir la base social de los guerrilleros sino, sobre todo, por destruir los valores culturales que aseguraban la cohesión y la acción colectiva en las comunidades mayas".

La mayor parte de los mayas de Guatemala viven en las tierras altas y montañosas del país, en donde hablan varias lenguas, íntimamente relacionadas entre sí pero mutuamente ininteligibles; los mayas dependen de una economía agrícola desesperadamente pobre, basada en el maíz, el frijol y la calabaza. A finales de los 70, muchos mayas se volvieron activistas sociales -fundaron cooperativas, crearon sindicatos, exigieron tierras-. El gobierno se sintió lo suficientemente amenazado por estos movimientos como para comenzar a asesinar de manera sistemática a los líderes. Al mismo tiempo, varios grupos guerrilleros antigubernamentales se establecieron en las montañas y, cuando grandes cantidades de mayas empezaron a unirse a los guerrilleros (con frecuencia, esta adhesión se debió menos a la simpatía política, aunque muchos congeniaban con los guerrilleros, que a la necesidad de salvar la vida), el gobierno incrementó aún más su violencia.

A principios de 1980 el gobierno puso en marcha una política para "drenar el mar en donde nadan los guerrilleros", sacando a la gente de extensas regiones de las montañas de los mayas, matando a decenas de miles de indios, desplazando a cientos de miles más y erradicando por completo varios cientos de pueblos -incluyendo el de Rigoberta-. Todo esto acabó por separar a los guerrilleros de su base social y, así, por debilitarlos tanto a nivel político como militar. Mas el costo que esto representó para los mayas fue inimaginable y, debido a la lejanía de las regiones afectadas con mayor brutalidad, pocos, fuera de Guatemala, se enteraron de esta política despiadada. Rigoberta, quien entonces tenía 23 años de edad, fue uno de los pocos indios que estuvieron dispuestos a hablar de la violencia sufrida en carne propia y de pronto se convirtió en la vocera de las víctimas.

En su libro, Rigoberta se describió a sí misma como una mujer que había crecido en un pueblo lejano, que no tenía ninguna educación formal y que hacía poco tiempo había aprendido a hablar el español. Sin embargo, resultó ser una oradora asombrosamente eficaz. Marcia Mersky, quien hoy forma parte de la comisión de la verdad de Guatemala y quien alguna vez ayudó a organizar las primeras giras de conferencias que Rigoberta llevó a cabo en Estados Unidos, recuerda que "Rigoberta tenía una capacidad sobrenatural para pararse en un estrado y deducir quién era su público. Daba su testimonio como si lo estuviera viviendo. Hacía que todos acabaran llorando, se echaba a todos a la bolsa".

Las aterradoras experiencias que Rigoberta relataba se volvían más vívidas por su pequeña estatura, su sonrisa abierta y el hecho de que siempre se vestía con el colorido traje típico de su región. Describió la muerte de su padre, un organizador campesino muy conocido que fue quemado vivo cuando las fuerzas de seguridad guatemaltecas irrumpieron en la embajada española que él y otras 26 personas habían ocupado a modo de protesta por la militarización de las regiones montañosas indias. Contó cómo después su madre fue arrestada por el ejército, torturada, violada y abandonada en la sierra para que muriera. "La dejaron allí, moribunda, durante cuatro o cinco días", escribió, "soportando el sol, la lluvia y la noche. Mi madre estaba cubierta de gusanos porque en las montañas hay una mosca que se mete adentro de cualquier herida".

Finalmente, habló del secuestro de Petrocinio, su hermano de 16 años de edad, atrapado por el ejército cuando se dirigía al mercado a comprar azúcar, acusado injustamente de ser un guerrillero, luego torturado, bañado en gasolina y quemado vivo junto con otros prisioneros del ejército frente a un grupo de indios a quienes se había obligado a presenciar la escena. ("Esto es lo que hemos hecho con todos los subversivos que atrapamos", escribió Rigoberta citando las palabras de un soldado, "porque tienen que morir por la violencia".) Paul Goepfert, un periodista estadounidense, recuerda a Rigoberta conmoviendo hasta las lágrimas a un auditorio en California al narrar la muerte de Petrocinio. Después de escucharla, Goepfert viajó a Guatemala a hacer reportajes sobre la violencia, se casó con una guatemalteca y hoy sigue viviendo allá. "Eso cambió mi vida", me dijo. "Toda una generación vinimos aquí por Rigoberta".

En 1992, el año del quinto centenario de la llegada de Colón al Nuevo Mundo, a Rigoberta se le dio el Premio Nobel de la Paz. Fue la segunda guatemalteca en recibir un Premio Nobel (el primero, de literatura, le fue otorgado al novelista Miguel Angel Asturias en 1967) y convirtió a Rigoberta en una figura poderosa y controvertida dentro de Guatemala. Este ha sido un país en donde desde hace mucho tiempo los indios mayas son tratados con desprecio por la población no india del país. Así, el hecho de que Rigoberta alcanzara dicho reconocimiento internacional fue algo que avergonzó a muchos guatemaltecos. Al principio, el Presidente se negó a reunirse con ella y de inmediato comenzaron a circular bromas racistas por la Ciudad de Guatemala. (Por ejemplo: Un día, Rigoberta va al cielo y llama a la puerta. "Oye, Jesús -grita San Pedro-, ¡ya llegaron las tortillas!".)

Dina Fernández, columnista de Prensa Libre, uno de los principales diarios de Guatemala, me dijo que piensa que Guatemala está cambiando poco a poco su actitud hacia los indios. Cuando le mencioné que yo había visto el nombre de Rigoberta en los periódicos por una u otra razón casi todos los días que he estado en Guatemala, me contestó: "Mi madre está a cargo de la sección de modas y sociales de Prensa Libre. Hace uno o dos años, pidió que se llevara a cabo una encuesta que mostró que Rigoberta era la mujer más reconocida en Guatemala. En las clases medias la gente está empezando a aceptar que Rigoberta tiene derecho a reunirse con los líderes y los miembros de la realeza europeos. Uno no podía decir lo mismo de la gente de las clases altas pero, poco a poco, los mayas están empezando a integrarse".

Sin embargo, a raíz de los acuerdos de paz, lo que Guatemala parece estar viviendo no es tanto una integración sino una extraña especie de explosión de postguerra -económica, psicológica, política, una sucesión de cambios que parecen ser simultáneamente emocionantes y aterradores-. Alvaro Arzú, el actual Presidente, fue electo en 1996 y es el líder del PAN, el partido de los grandes negocios. Bajo su gobierno, Guatemala ha experimentado no sólo inversiones extranjeras considerables sino también lo que la gente llama con nerviosismo una apertura del "espacio político". No obstante, como conviene a un país en donde se considera que fue inventado el concepto de "desaparecer" personas con fines políticos y en donde hasta hace poco tiempo los escuadrones de la muerte, patrocinados por el gobierno, cometían asesinatos con total impunidad, esto parece ser algo tentativo y es muy posible que sea temporal, algo así como una flor que sólo se abre una vez en varias décadas.

Además, resulta irónico que muchos guatemaltecos estén exigiendo aquello que al parecer estrecharía ese espacio político -una rendición de cuentas que muestre quién provocó las muertes y de qué manera-. Quizá un extranjero se pregunte por qué los guatemaltecos no pueden olvidar el pasado; en Guatemala, a muchos les queda claro que examinar el pasado es la única forma de dejarlo atrás. Como me lo explicó un activista de derechos humanos: "La guerra creó miedo, una falta de comunicación, una falta de confianza, una incapacidad para resolver los conflictos. No puedes reconciliarte con los vivos si no puedes reconciliarte con los muertos".

El asesinato del obispo Juan Gerardi Conedera, cometido durante la primavera del año pasado, demuestra cuán peligrosa puede ser semejante empresa. El obispo Gerardi era el principal patrocinador del informe de derechos humanos que contaba con el apoyo de la Iglesia católica y que fue elaborado por un grupo llamado Remhi o Recuperación de la Memoria Histórica. Remhi recopiló el testimonio de alrededor de 55 mil víctimas de la violencia política, tres cuartas partes de las cuales eran mayas. Muchas de estas declaraciones fueron recogidas por los entrevistadores mayas en sus lenguas nativas; los organizadores esperaban que la experiencia catártica del recuerdo ayudara a restablecer la unidad en las comunidades destrozadas.

No obstante, por el simple hecho de ofrecer un foro en donde las víctimas del pasado tuvieran una oportunidad de hablar, Remhi se adentró en un terreno peligroso. Presentó su informe el 24 de abril de 1998. Dos días más tarde, el obispo Gerardi sufrió una emboscada en la cochera de la casa parroquial y fue asesinado al ser golpeado repetidas veces con un bloque de concreto. "Nunca esperamos una reacción tan fuerte", me dijo Edgar Gutiérrez, un antiguo economista, quien es el actual coordinador del proyecto de Remhi. "Esperábamos que hubiera un esfuerzo por desacreditar el informe a nivel psicológico, pero nunca esto. Esto tuvo un gran impacto, fue un golpe muy duro para nosotros. Pero también nos hizo darnos cuenta de que el informe era importante para el país, que nosotros teníamos que seguir adelante aun si el costo de ello fuera la vida humana".

La idea del informe de Remhi surgió en 1994, durante una de las primeras etapas de las negociaciones entre el ejército y la guerrilla. Cuando las organizaciones de derechos humanos en Guatemala propusieron que se estableciera una comisión de la verdad para investigar la violencia, se enfrentaron a la oposición tanto del ejército como de los guerrilleros. "Observamos las negociaciones y no nos mostramos optimistas respecto de la comisión de la verdad", me dijo Edgar Gutiérrez. "Ninguna de las partes quería eso. Nosotros queríamos abrir el camino". Ante la insistencia de las organizaciones de derechos humanos, la comisión de la verdad quedó establecida. No obstante, el gobierno consintió a ello sólo con la condición de que su informe incluyera una amnistía general (salvo en los casos en donde quedara legalmente establecido el genocidio) y de que no incluyera nombres específicos. En otras palabras, como me dijo Marcie Mersky, el contenido del informe no podía usarse para procesar crímenes individuales.

Por el contrario, Remhi no estaba atada por semejantes restricciones. Aunque su informe menciona sólo algunos de los nombres de los responsables de los crímenes, sus archivos están abiertos. En efecto, una de las razones que se adelantaron para explicar el asesinato del obispo es que, al regresar a su casa, él descubrió a alguien buscando los archivos de computadora no publicados del proyecto. De haberlos encontrado, el esfuerzo habría sido en vano. "Nosotros ya habíamos enviado el material más delicado al extranjero -me dijo Edgar Gutiérrez-. Pero si la gente quiere abrir juicios, Remhi abrirá sus archivos".

A pesar de la investigación casi cómicamente inepta que llevó a cabo el gobierno sobre el asesinato del obispo, la mayor parte de la gente en Guatemala cree que el ejército fue responsable de ello. Gutiérrez concuerda con esto y siente que el mensaje que el ejército envió fue que los militares sólo estaban dispuestos a aceptar la comisión de la verdad, con todas sus restricciones sobre el procesamiento de los crímenes. "El ejército estaba diciendo que ya se ha negociado el modelo en el cual se basa la paz", me dijo. "La comisión de la verdad era el límite. Si quieren ir más allá de ese límite, el castigo es la muerte".1

De ser así, el ejército estaba a punto de recibir una gran sorpresa. Cuando la comisión de la verdad presentó su informe a finales de febrero, concluyó que las "numerosas matanzas y otras violaciones a los derechos humanos", cometidas en contra de la población maya entre 1981 y 1983, constituyeron una política gubernamental deliberada de genocidio tal y como lo define una convención de las Naciones Unidas, organización a la que el gobierno guatemalteco ingresó en 1949. (También concluía que Estados Unidos apoyó a las fuerzas guatemaltecas que habían cometido los actos de genocidio.) Esto, en esencia, cancelaba la amnistía no sólo para los soldados sino también para los miembros del alto comando guatemalteco y para los colaboradores civiles y dejaba abierta en el caso de todos ellos la posibilidad de ser enjuiciados en el futuro.