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No son, sin embargo, los spots publicitarios del candidato a la Presidencia, sino del jefe de gobierno del Distrito Federal, de manera que el dinero invertido en los anuncios salió de las arcas de la ciudad, es decir, de los capitalinos por vía de sus contribuciones fiscales, o bien de la partida presupuestal que la Federación dispone para la capital del país, que para el caso es lo mismo: son los ciudadanos quienes pagan la publicidad de los gobernantes.

Ahora bien, es natural y hasta razonable que un gobierno legítimamente constituido y en pleno uso de sus facultades, difunda por diversos medios, incluyendo por supuesto los pagados, las acciones que realiza, no sólo con el afán implícito de promocionarse, sino también con el más generoso proposito de mantener informada a la población a la que gobiernan, la que votó por ellos y la que no lo hizo. Si el recurso de la publicidad pagada de paso beneficia a las aspiraciones de permanencia de quienes gobiernan, sería ingenuo o necio esperar que ello no sucediera, pues llegar al poder y aspirar a mantenerse en él es también un deseo legítimo en la lógica de la acción política democrática.

El problema en todo caso es que carecemos de legislación que regule el uso de dichos recursos, a todos los niveles de gobierno y sin importar la filiación partidaria del gobierno en turno. No hay tampoco bases normativas para la contratación de los tiempos publicitarios, de las agencias especializadas que se encargan de su elaboración, los calendarios para su difusión, y en general es un reino donde, como en muchas otras comarcas de la realidad nacional, reina el desconcierto, la arbitrariedad y la anarquía.

Hay casos, como el de Roberto Madrazo siendo gobernador en Tabasco, donde al parecer se hicieron inversiones multimillonarias en publicidad, en una forma desproporcionada si pensamos en los índices de probreza y atraso de la entidad. Pero lo mismo podríamos decir en otros casos, y esto nos llevaría a una parálisis absurda por imposible: ni un peso en publicidad, mientras haya una calle sin pavimentar o un niño desnutrido.

El poder de la televisión quedó más que claro con el caso de Roberto Madrazo, su ascenso en la popularidad se lo debe en buena medida a la pantalla chica. Esto lo saben el resto de los contendientes y por ello todos -o mejor, todos los que tienen recursos para hacerlo- han contratado espacios en la televisión y despachos de publicidad en pos de mejorar su imagen y de conquistar a ese gran elector potencial que cobra cuerpo en los televidentes.

Hasta aquí, no hay nada nuevo bajo el sol: la Presidencia de la República, Fox, Labastida, Bartlett, Madrazo, González Torres y Cárdenas están gastando una buena cantidad de sus recursos en la televisión y la radio de cobertura nacional. Muchos habrá, por otra parte, que hagan lo mismo en los estados y municipios que gobiernan. Sólo hay entonces un problema: que hace apenas dos años, en 1997, Cuauhtémoc Cárdenas condenó públicamente esta práctica y lo dejó por sentado en el volumen de un libro. En efecto, durante una entrevista con el periodista James Fortson en 1997, en los días previos a las elecciones del 6 de julio, Cuauhtémoc Cárdenas, entonces candidato del PRD a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, declaró:

"El recurso público no debe utilizarse para comprar conciencias; no debe utilizarse para la alabanza del funcionario en turno; no debe utilizarse para ninguna finalidad que represente promoción política de quien está ocupando un cargo y utilice entonces el dinero ajeno para una autopromoción" (Cuauhtémoc Cárdenas, un perfil humano, Grijalbo, p. 124).

Una de dos, o Cuauhtémoc Cárdenas no creía realmente en lo que le dijo al periodista en 1997, o se vio obligado a traicionar sus principios ante los apremios políticos de este año preelectoral. En cualquier caso, hay un amplio margen de incongruencia entre lo dicho en aquel entonces y lo practicado ahora.

Edgardo Bermejo Mora es escritor y periodista. Correo: edbeme@prodigy.net.mex