Tal vez con menos salvajismo pero con mayor frecuencia acontecimientos como el anterior han ido cobrando fuerza. Lo que antes eran hechos aislados ocurridos en pequeñas poblaciones perdidas en el interior del país, ahora es un fenómeno creciente y generalizado que ha llegado a las grandes ciudades. El pretexto de la ignorancia y del atraso ha quedado desfondado. En los últimos meses diversas colonias de la ciudad de México han sido el marco para varios intentos de linchamiento, organizados por transeúntes y por vecinos agraviados y agobiados por la delincuencia. El dato no es menor: en plena capital del país, grupos de ciudadanos han optado, frente a los actos delictivos, por hacerse justicia al margen de las leyes y del Estado. Ante la creciente ola de asaltos, vejaciones y abusos, muchos capitalinos han decidido jugar con las reglas de la jungla. El caso de Tulyehualco, donde los vecinos decidieron reemplazar a la fuerza pública, o el de Santa Rosa Xochiac en Alvaro Obregón, donde van al hilo cinco intentos de linchamientos en el asta bandera de la localidad, son un aviso que reclama acciones y anuncia riesgos.

Es un lugar común afirmar que los mexicanos no confiamos en los cuerpos de seguridad. El fenómeno ha llegado al extremo de la burla: no hay nada que incremente más nuestro sentimiento de inseguridad que la presencia de un policía. No es ni exageración ni mito: eventos como el de la Buenos Aires en donde un grupo de "Jaguares" desapareció y ejecutó a tres presuntos delincuentes, o la violación y secuestro de tres jovencitas por un destacamento de la policía montada de Tláhuac son casos prototípicos de la descomposición de nuestros cuerpos de "seguridad". El fenómeno está ahí y el miedo ciudadano es su efecto, no su causa. La esquizofrenia ladrón-policía de los guardianes del orden es otra cara de la misma moneda. Durante su turno, los policías persiguen a los ladrones; durante el descanso, escapan de sus compañeros. Es escalofriante el número de casos en donde el asesino, el violador o el asaltante recién capturado se acredita como miembro activo de alguna corporación policiaca. He aquí la primera causa de la reivindicación de la justicia por propia mano.

El complemento que explica la medida se encuentra en el sistema de impartición de justicia. Es otro hecho constatable y lacerante la facilidad con que un delincuente obtiene su libertad a cambio de dinero. Si no se arregló con el policía que lo detuvo en el trayecto a la delegación, tendrá otro par de oportunidades antes de llegar al reclusorio: "convencer" al agente del Ministerio Público o "mocharse" con el juez al que le toque el caso. Frente a los ojos cansados de una sociedad agraviada, los funcionarios encargados de la aplicación del derecho se equivocan en la integración de un expediente o expiden autos de libertad a cambio de un fajo de billetes. De esta forma, el osado ciudadano que denunció y se atrevió a señalar al delincuente tendrá que vivir con el temor de encontrarlo a la vuelta de la esquina y a pocas horas de haber recurrido a la "justicia". Otro motivo contundente para juzgar por cuenta propia, ejecutar la sentencia con los vecinos y mandar por un tubo a la autoridad. En caliente.

No se ve fácil la solución a esta nueva moda de vendetta ciudadana. Cómo jugar el papel de autoridad para meter al orden a quienes decidieron violar la ley en pro de la justicia, cuando el origen de la decisión se encuentra, precisamente, en la incapacidad gubernamental para ser autoridad frente a la delincuencia. Está naciendo una nueva casta de delincuentes vestidos de vecinos que se encuentran investidos con la legitimidad del agravio, la desesperación y la impotencia. Frente al policía abusivo, corrupto, pero autorizado para usar la fuerza, aparece el ciudadano común, indignado y limitado legalmente para autodefenderse pero que empuña una pistola. Hay que decirlo con claridad: todos los que participan, de una u otra forma, en un linchamiento son cómplices de un delito y deben ser castigados pero, para hacerlo, la autoridad necesita una legitimidad que ya no tiene. Sí, estamos llegando al absurdo: delitos para acabar con los delitos.

Una vez más: cuidado. No son pocas las voces que están dispuestas a cantar la mano dura y a vitorear el orden a cualquier precio. Cuando el Estado no hace su trabajo se corre el riesgo de aterrizar en los extremos: caos o mano dura. Recordemos el discurso golpista del señor Salinas Pliego el día de la muerte de Paco Stanley o al incinerado del kiosco. He ahí las dos caras de este riesgo

Pedro Salazar Ugarte, licenciado en Derecho, es coautor del libro La reforma electoral de 1996 (FCE). Correo: pedsalug@ife.org.mx