El vencedor en la disputa por el centro será quien logre demostrar o haga creer al electorado que puede conciliar los conceptos de equidad y eficiencia. La tercera vía ha sido adjudicada a la izquierda y, por ello, no sorprenden sus victorias recientes en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y, muy pronto, Francia. Pero nada es para siempre y los tradicionales partidos de derecha en estos países están renovando su oferta política.

En los próximos años, el discurso en la derecha y en la izquierda por igual será inevitablemente en favor de la equidad pero con eficiencia: hay que crecer con equidad; el desarrollo debe ser compartido; bienestar para la familia y reforma estructural_ No obstante, la meta es muy ambiciosa, requiere de un mínimo de consenso en la sociedad y mucha creatividad en el diseño institucional. Más aún, no queda del todo claro que estos dos conceptos sean conciliables.

La eficiencia puede definirse como la obtención del mayor beneficio posible a partir de los recursos disponibles. Ello supone, en principio, no desperdiciar recursos, y requiere de la instrumentación tecnológica que optimice el rendimiento de los insumos (físicos, humanos, naturales) empleados.

La eficiencia puede ser estática, cuando se refiere a la asignación de recursos en un momento determinado; o dinámica, si incluye una administración dosificada de los recursos a lo largo del tiempo, de tal forma que se optimice el beneficio obtenido durante todo un periodo de tiempo. Así, por ejemplo, el concepto de desarrollo sustentable (aquel en el que las generaciones presentes no reducen las posibilidades de las futuras para acceder a una vida digna) implica eficiencia dinámica que se extiende de manera intergeneracional.

La equidad es un concepto más complejo; se relaciona con el de igualdad y, en cuanto fin del Estado o valor social, se ha definido de muy distintas formas. Aun así, podemos distinguir tres grandes grupos, de tal forma que una sociedad idealmente equitativa puede ser:

1. Aquella que exige de cada quien según sus posibilidades y da a cada uno según sus necesidades.

2. Una en la que todos los individuos tienen exactamente los mismos derechos y obligaciones ante la ley.

3. Una sociedad cuyo sistema jurídico y económico garantiza a todos los individuos igualdad en el acceso a oportunidades políticas, sociales y económicas, así como la libertad de emplear estas oportunidades en su propio beneficio.

La primera definición no concilia eficiencia y equidad puesto que se requiere un mínimo de garantías sobre derechos de propiedad para que los individuos estén dispuestos a esforzarse para generar riqueza.

La segunda, en una sociedad tan desigual como la mexicana, tampoco es compatible con la meta de eficiencia por el simple hecho de que no considera ningún mecanismo para que las personas que viven en la pobreza extrema puedan desarrollarse plenamente e incorporarse dignamente a la actividad productiva. Por lo tanto, implica desperdicio de recursos (en este caso, humanos) extremadamente valiosos.

La tercera definición tampoco asegura la eficiencia. Muchos intentos de crear una sociedad con igual acceso a oportunidades entre sus habitantes han generado instituciones ineficientes que se convierten en una carga para la sociedad. Esto sucedió en México (como en muchos otros países) durante varias décadas; hoy llevamos dos sexenios en el extremo opuesto. No obstante, poco hemos avanzado en la promoción de las garantías sociales mínimas que la propia Constitución reconoce.

Esta última definición, es decir, la igualdad de oportunidades, es la única que nos asegura que el recurso más valioso, el recurso humano, sea incorporado al proceso productivo. El igual acceso a oportunidades implica, como mínimo, que todos los individuos satisfagan aquellas necesidades que les permitan alcanzar el pleno desarrollo de sus capacidades físicas e intelectuales. En una sociedad democrática como la que aspiramos construir, ésta es la única definición válida de equidad. Las democracias modernas presuponen un mínimo de garantías sociales, por un lado, así como un Estado de derecho que garantice y defina los derechos de propiedad entre los ciudadanos, lo cual es indispensable para que los individuos decidan invertir en actividades productivas que generen empleo y riqueza.

Ahora bien, tanto los procesos de redefinición de los derechos de propiedad como la construcción de instituciones capaces de dar vigencia a las garantías sociales del discurso político, engendran costos políticos y se enfrentan a grupos de interés que obstaculizan el cambio.

Así, por ejemplo, si Fox quiere cumplir con su promesa de campaña y elevar la calidad y el acceso a educación, tendrá que elevar las tasas impositivas o implementar medidas para reducir la evasión. Ello, inevitablemente, afectará los intereses de los empresarios a quienes tanto ha defendido el precandidato del blanquiazul en su discurso. En las décadas de los años 60 y 70, los gobiernos resolvían este conflicto (en el corto plazo) imprimiendo billetes, sin embargo, en el mediano plazo, la inflación erosionó el poder adquisitivo de los trabajadores y generó incertidumbre entre los inversionistas. De ahí la popularidad del brasileño Cardoso en su compromiso con el combate a la inflación, a pesar de los costos inmediatos de las medidas de ajuste estructural como los recortes presupuestales y las restricciones monetarias.

En resumen, el enfrentamiento a los distintos grupos de interés es lo que subyace a la disputa por el centro. Los partidos políticos pueden optar por el puro discurso y resignarse a la alternancia del poder, desgastando paulatinamente la credibilidad de las instituciones democráticas, con todos los riesgos que ello implica. También pueden optar por generar nuevos consensos en la sociedad en favor de la equidad. Ello implica corresponsabilizar a todos los sectores en la tarea de dar vigencia a las garantías sociales. Significa buscar la equidad como sinónimo de inclusión y de igual acceso a oportunidades (económicas, políticas y sociales). Implica, también, que tenemos que buscar la manera de asegurar que el pastel crezca en forma sustentable y que los mecanismos distributivos no inhiban la voluntad de invertir e innovar. En este sentido, la equidad es, sin duda alguna, compatible con la eficiencia.

El discurso es claro y contundente. En todo caso, el reto es metodológico y ético. Los políticos deberán ser creativos para diseñar instituciones sólidas y mecanismos transparentes. La tentación de enarbolar promesas populistas y contradictorias será enorme. Los ciudadanos tenemos la obligación de ser críticos para descubrir discursos demagógicos e incongruentes, por el bien de nuestras democracias.

En la contienda electoral del 2000 será la disputa por el centro la piedra angular. Estemos alertas para descubrir las falacias y orillemos a nuestros políticos a actuar con responsabilidad

Mara Hernández estudió Economía en el ITAM.