El contralor del IFE se excedió absurdamente en sus atribuciones, lo que no significa que los consejeros electorales del IFE estén exentos de ser juzgados por posibles responsabilidades administrativas. El exceso del contralor no estuvo en aceptar la demanda de los partidos, en declararse competente y en iniciar la investigación correspondiente. En términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se encontraba facultado para todo eso y aun para algo más: si era el caso, podía imponer sanciones de carácter económico. Lo que bajo ninguna circunstancia, podía hacer era determinar la destitución de un consejero electoral ni la amonestación de otros dos consejeros por participar en la adopción de actos colegiados. Ambas decisiones violentan la Constitución y, al hacerlo, atentan contra los principios que deben regir la función electoral.

Los consejeros electorales, le pese a quien le pese, al igual que el consejero presidente y el secretario ejecutivo del IFE, están contemplados en la lista de funcionarios que, según consta en el artículo 110 constitucional, sólo pueden ser destituidos o inhabilitados a través de un juicio político llevado a cabo en el ámbito del Congreso de la Unión. Esta situación de protección constitucional en favor de los funcionarios electorales fue fruto de la reforma de 1996 y tenía como finalidad proteger a esta clase de servidores de los posibles embates que, por razones políticas, pudieran emprender los diferentes partidos políticos.

Lo que importa no es determinar si el conflicto actual entre el PRI y algunos consejeros es o no de naturaleza política, lo importante es reconocer que la Constitución otorga a estos últimos un estatus especial que debe respetarse. De hecho, cabe recordar que antes de 1996 el código electoral (Art. 272) establecía un procedimiento de destitución de los consejeros (en ese momento "ciudadanos") en el que el presidente del propio consejo (en ese entonces el secretario de Gobernación), a través de una Comisión de Justicia conformada por miembros del Trife y del propio Consejo General del IFE podía operar una remoción. Hoy en día eso no existe: ni una comisión con esas características, ni la contraloría interna, ni el propio Consejo General pueden remover a un consejero. Si a un partido no le gusta, que reforme la Constitución.

Así las cosas, el contralor del IFE no podía determinar la destitución del consejero Jesús Cantú, como tampoco podía censurar a Jaime Cárdenas y Emilio Zebadúa por sus votos y participaciones en el Consejo General. Lo que hizo fue desconocer el sistema de control jurisdiccional que existe para revisar la legalidad de los actos del Consejo General y, de paso, se erigió en censor de la actuación de los señores consejeros. De plumazo y a la luz de su real saber y entender alteró las reglas del sistema electoral mexicano y desconoció su responsabilidad como encargado de la disciplina institucional. Lo triste es que al hacerlo nulificó los mecanismos de control de cuentas en el IFE y sentó las bases para satanizar a los servidores del instituto que, como él, pertenecían a administraciones anteriores. Para colmo, lo hizo desconociendo las instrucciones que le dio el consejero presidente (que no suponían una intromisión en su autonomía ni una pretensión de influir en el fondo de su resolución sino de precisar los alcances de la misma) olvidando todo principio de profesionalismo e institucionalidad.