En cierto sentido, los precandidatos necesitan que la competencia sea álgida, pues si hubiera una contienda propositiva, se les acusaría de estar poniendo en escena un nuevo simulacro democrático. Es irónico que nadie objete que Fox sea el único precandidato en el PAN y nadie dude que en una elección interna del PRD Cárdenas arrasaría a Porfirio Muñoz Ledo; pero si existiendo dos probables vencedores se acusa a Labastida de ser el "candidato oficial", si el PRI tuviera un precandidato único como el PAN o indiscutible como el PRD, se le estigmatizaría con furia.

En esta etapa del proceso, cada uno de los dos precandidatos –Bartlett y Roque no parecen tener posibilidades– tiene como primera prioridad ganar la elección interna y, a partir de entonces, sumar a los militantes y simpatizantes que haya apoyado a sus oponentes. Esto último es uno de los retos mayores que tiene el proceso interno del PRI.

El método de la elección abierta para la selección del candidato ha abonado la credibilidad, pero ofrece serios riegos para la unidad del partido. Si los ataques entre Labastida y Madrazo continúan en escalada como hasta ahora, es probable que haya una ruptura priista incluso antes de que concluya el proceso interno. En el mejor de los casos, será muy difícil para el vencedor integrar a sus adversarios para enfrentar la elección constitucional, pues hay heridas que tardan mucho tiempo en cicatrizar.

No es ésta la primera vez que dos o más grupos luchan por la candidatura presidencial priista. Esto ha ocurrido siempre, pero con dos modalidades: la lucha era soterrada y la selección del candidato era decisión personal del Presidente de la República. Hoy la contienda es abierta y la selección dependerá de los votos que reciba cada uno de los precandidatos. Esto, claro, en el supuesto de que el proceso será limpio y transparente, porque cualquier maniobra que pueda falsificarlo provocaría la inmediata ruptura, ya que en ambos grupos hay políticos con suficiente experiencia para detectar toda posible irregularidad.

El PRI está dando sus primeros pasos democráticos en el acto más delicado de cada sexenio: la selección de su candidato presidencial. Con algunas excepciones, las luchas internas por esa candidatura terminaban con un triunfador y varios derrotados y con un grupo que llegaba al gobierno pero dejaba espacios de participación y poder al resto de los grupos, tanto en la administración pública como en las cámaras legislativas. La autoridad de última y quizá de única instancia, era el Presidente de la República y de buen o mal grado, todos terminaban por aceptarla. El propio Manuel Camacho aceptó ser secretario de Relaciones Exteriores y, de no haber emergido el EZLN, quizá hubiera terminado por admitir el triunfo de Colosio y resignarse, como en su tiempo lo hicieron muchos otros.

La diferencia –enorme diferencia– es que esta vez el Presidente no será ni el fiel de la balanza ni la última instancia. Este es un cambio fundamental, no sólo para el PRI sino para el país, porque disuelve uno de los ejes del viejo sistema político. Pero también entraña el riesgo de que, en ausencia de la decisión presidencial, uno o varios de los precandidatos perdedores y sus grupos no admitan su derrota, como lo hicieron en el pasado.

El gran peligro para el PRI es la ruptura. Esta puede derivarse de la eventual acumulación de agravios o de la descalificación del proceso por parte del perdedor. ¿Qué opciones tendrían el o los precandidatos que a estas alturas abandonaran el PRI? Me parece que ninguna. Lo que sí tendrían es la suficiente fuerza política para impedir que el candidato de su partido ganara la elección constitucional.