La decisión del contralor interno del IFE –hoy desempleado– de destituir y amonestar a algunos consejeros desatará una discusión legal que no debe hacernos perder de vista lo básico: los fuertes cuestionamientos que existen por los gastos de Cantú y las giras aéreas del imponderable Zebadúa, por decir lo menos.

No sé quién tenga la razón legal, pero es evidente que se deben poner candados más sólidos a la actividad de los consejeros para evitar que puedan actuar con tanta discrecionalidad.

Recordemos que los motivos de la queja, presentada por el PRI ante la Contraloría Interna del IFE, son los viajes que el consejero Jesús Cantú realizó a su tierra por cuenta del instituto; el nombramiento de Carlos Silva Suárez como presidente del consejo local electoral de Quintana Roo, cuando éste había sido representante del PRD en la casilla número 001 del municipio de Benito Juárez, en Cozumel; el nombramiento de la directora ejecutiva de organización electoral, quien a decir del PRI no reunía los requisitos para ocupar el puesto.

Pero las cosas no quedan ahí, pues en las elecciones de 1997 los consejeros Emilio Zebadúa y Jaime Cárdenas pretendieron que el consejo distrital número 3 del estado de Chiapas, en el municipio de Ocosingo, declarara la nulidad de la elección para diputado.

Los consejeros chiapanecos escribieron, quejándose ante la "intromisión": "El presidente de este consejo recibió una llamada del consejero electoral Dr. Emilio Zebadúa, para que ‘aguantara un poco’ la entrega de la constancia y declaratoria de validez de la elección a diputado de mayoría relativa, así como hacerle saber su opinión sobre la invalidez de la elección que debería hacer el consejo distrital".

Hay que recordar que Ocosingo es un lugar emblemático para las buenas causas de la sociedad civil y donde un triunfo priista no era sólo mal visto sino inexplicable. Los tribunales, conviene decirlo, declararon válida la elección.

A lo anterior hay que sumar los llamados de Jaime Cárdenas para construir una gran coalición que pudiera sacar al PRI de Los Pinos. La propuesta, hoy de moda, no tiene nada de malo y, en efecto, puede significar la derrota del PRI, pero es dudoso que deba promoverla quien tiene que mantenerse en una posición de objetividad y certeza frente a las disputas electorales.

Pero lo que en su momento escandalizó a la opinión pública fue el gasto de 145 mil pesos en bebidas alcohólicas durante una reunión de consejeros electorales en la Hacienda Jurica, en Querétaro. La que no se puede decir que haya sido ilegal, pero el gasto es por lo menos cuestionable.

A esto hay que sumarle, como ya apuntábamos, los 40 viajes del consejero Cantú a la ciudad de Monterrey, con un costo aproximado de 100 mil pesos.

El doctor Zebadúa, en estos desplantes de despilfarro, rentó una avioneta para sobrevolar el estado de Chiapas, por aquello de realizar una vigilancia de largo alcance de las fechorías priistas en zonas de conflicto.

La lista podría continuar y creo que da una idea de cómo están las cosas. Otro asunto es determinar si el ex contralor contaba con la facultad legal para sancionar a Jesús Cantú y si esto no es una maniobra del PRI.

Lo cierto es que todo esto daña al IFE, a la dignidad que debe representar y a la garantía que su consejo significa para el comportamiento imparcial de los órganos electorales.