Por eso, ahora que contra las predicciones de múltiples analistas dentro de los cuales me cuento, parece que la coalición opositora avanza y podría consolidarse, el instructivo que acaba de aprobar el Consejo General del IFE resulta oportuno y adecuado. La legislación en materia de coaliciones, como todos sabemos, es oscura y complicada, por lo que el acuerdo de la autoridad electoral es afortunado. Desde la silla del árbitro se previene a los partidos de la dimensión jurídica del pacto que empujaría a una coalición. Ante la complejidad normativa del Cofipe, el IFE adopta unos lineamientos que ordenan, aclaran y, de esta forma, otorgan certeza y seguridad jurídica a los partidos políticos interesados, directa o indirectamente, en el asunto. Sin alterar los extremos definidos por la ley, el Consejo General delimitó con precisión las reglas de un juego políticamente azaroso y jurídicamente nublado.

El gesto del IFE debe valorarse por partida doble. En primer lugar se adelanta a los tiempos de cocción de un eventual acuerdo entre los partidos y, al hacerlo, sale al paso a las especulaciones en torno de los alcances e implicaciones de la legislación en la materia. Inyecta certeza y, al hacerlo, pone sobre la mesa una lectura clara de un cuerpo legal desordenado y desafortunado. Despeja el tablero y saca las manos. Pero ahí no terminan las bondades del acuerdo.

Pocos saben que la materia de coaliciones es la única en la que, según lo señala la ley, el Consejo General del IFE resuelve de manera "definitiva e inatacable". Es decir, ante la solicitud de registro de una coalición, los ocho consejeros electorales y el consejero presidente de la autoridad electoral podrían decidir discrecionalmente. Su decisión, en esta delicada y polémica materia, es la única que no puede ser impugnada por los partidos políticos ante el Tribunal Electoral. Aun cuando existe una legislación prolija en la materia y sabemos que el Consejo General actuaría con apego a la ley, cualquier diferendo de interpretación en este asunto quedaría zanjado, al otorgar o negar el registro, por el IFE; los partidos no podrían recurrir ante el órgano jurisdiccional. El origen de esta situación es un equívoco legislativo que trastoca el sentido de la Constitución pero que, dado que no fue impugnado en su momento, tiene plena vigencia legal.

De ahí lo valioso del instructivo que acaba de aprobar el IFE. De manera unilateral el Instituto Federal Electoral decidió limitar el margen de discrecionalidad que tiene para interpretar la ley en este tema. Ahora todos sabemos cuáles serán los criterios que seguirá la autoridad al evaluar una eventual solicitud de registro de coalición y los alcances que dará a la normatividad en la materia. Además, su lectura de la ley fue expuesta y debatida con los partidos políticos que son, indudablemente, los directamente interesados. Por si fuera poco, al adoptar un acuerdo en esta materia el Consejo General brindó a todos los institutos políticos la oportunidad de recurrir ante el Tribunal Electoral, una postura legal que, de otra forma, sería incuestionable. Convirtió en impugnable el único tema que podía manejar de manera totalmente discrecional. Se trató sin duda de un gesto inteligente y acertado.

Es cierto que la decisión que al final adopte el IFE, otorgando o negando el registro de una eventual coalición, seguirá siendo definitiva e inatacable, pero las reglas para adoptarla habrán pasado por el filtro de la discusión y del control de la legalidad. Los partidos pudieron exponer sus puntos de vista, exigir aclaraciones, demandar rectificaciones y hasta impugnar un tema frente al que se encontraban totalmente indefensos. La autoridad electoral hizo de la certeza una máxima de actuación.