1. Imágenes sociales. Me parece insuficiente invocar la impericia, la maldad o el empecinamiento de los protagonistas del conflicto universitario para explicar el callejón sin salida en el cual se encuentra. Supongo, en cambio, que los actores se han visto sorprendidos por los acontecimientos y presumo que en una buena medida fallaron sus cálculos: las imágenes sociales con las que definieron la situación se desvanecieron o resultaron inadecuadas. Me propongo ofrecer al amable lector algunos ejemplos de dichas imágenes sociales que ayudan, si no a entender, al menos sí a formular el enigma. Por desgracia no tengo el espacio requerido para explicar la relación que se instaura, a mi juicio, entre imágenes sociales, espacio humano y conducta individual. Acaso el lector me agradezca no intentarlo.

La reforma corrió. La propuesta de un nuevo Reglamento General de Pagos se presentó el 11 de febrero, por cierto ya corregida para suavizar las cuotas; los consejos técnicos opinaron, y la Comisión de Presupuesto del Consejo Universitario emitió dictamen favorable el 23 de febrero. El 15 de marzo el Consejo Universitario, obligado por la movilización de diversos grupos de activistas para impedir la sesión, se instaló formalmente en el Instituto Nacional de la Nutrición. Ese día fue aprobado el nuevo reglamento, aunque con reformas sustanciales. El 8 de abril, ante la enconada oposición de los activistas y la amenaza de cerrar la UNAM, el Consejo Universitario decidió mantener en vigor el nuevo reglamento, en tanto recibía propuestas para modificarlo, en una plazo abierto hasta el 15 de mayo.

Para contener la resistencia al nuevo reglamento las autoridades adoptaron una estrategia variada. No debe olvidarse que el rector buscó el apoyo del jefe de gobierno del DF. No lo obtuvo, pero a cambio recibió la promesa de respeto a la autonomía y de no intervención. En su última fase, la estrategia consistió, en lo fundamental, en cerciorarse de la voluntad firme de las comunidades de mantenerse abiertas, en registrar y certificar la oposición mayoritaria a la huelga, poner en juego un plan para conservar trabajando a la mayoría de las escuelas, por decisión interna, aun en caso de que algunas dependencias, bien localizadas, apoyaran el paro; en fin, mantener un canal abierto para atender las demandas de otros grupos y aislar a los paristas.

La mañana en que la huelga estalló, aunque diversas escuelas ya habían sido cerradas, la mayoría siguieron trabajando. Además, una marcha-manifestación se pronunció contra la huelga. ¿Funcionó la estrategia? ¡Para nada! Al concluir el día, las facultades fueron asaltadas una tras otra. Surgió una variable imprevista. La imposición decidida de los activistas. En teoría, Derecho sería el baluarte inexpugnable. Al caer la noche, sin embargo, una columna de activistas desconocidos asaltó en flecha la valla de maestros. Esta resistió. Los atacantes se reagruparon. Al segundo asalto se abrió la punta de la cuña, y un grupo de mujeres del Frente Popular "Pancho Villa", experimentadas en invasiones, lucha de callejones, y resistencia a los desalojos, carimarcó a los profesores, penetró la línea y deshizo la valla. Al día siguiente toda resistencia había sido vencida en el resto de las facultades. La estrategia había muerto.

¿Y la libertad? ¿Y la democracia? La universidad se vio sumida en la perplejidad. La racionalidad había sido atropellada y las reglas del diálogo estaban hechas trizas. Reinaba abiertamente, sin matices, un expediente de imposición, de sometimiento forzado. Sencillamente se había desvanecido la imagen del espacio humano en donde se libraría la lucha. No se respetó la libertad; tampoco el derecho. Había que buscar otra cosa.

Los acontecimientos se precipitaron: el 10 de marzo, la Asamblea Estudiantil Universitaria llamó a un paro general para el día siguiente y conminó al rector a retirar su propuesta. El 11 de marzo menudearon los enfrentamientos pero la universidad no paró. Objetivamente, no se veía cómo podrían cerrarla. Sin embargo, el movimiento sintió que había cobrado fuerza, incluso para impedir la sesión del Consejo Universitario. ¿Por qué? Porque los grupos de activistas aislados y enfrentados recibieron un impulso inesperado: la decisión de Cuauhtémoc Cárdenas de oponerse a la reforma y la decisión del PRD de rescatar la bandera de la gratuidad de la enseñanza. El PRD se encargó entonces de patrocinar un segundo paro, el 24 de marzo, y de promover un referéndum contra el Reglamento General de Pagos.

La estrategia del PRD quedó así transparentemente delineada. El objetivo fue enarbolar una causa popular inobjetable: la defensa de la educación pública y gratuita. Para lograrlo se decidió a movilizar a la opinión pública y a los grupos estudiantiles. El éxito conquistaría teóricamente la simpatía de los votantes populares. Sería posible también hacerse con la representación estudiantil e imponerle la retirada al rector. No sonaba nada mal, sobre todo en el contexto de la crisis del PRD por sus fallidas elecciones internas. La maniobra era oportuna, además, ante el lanzamiento de la precandidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y el clímax de las campañas políticas en el Estado de México, donde reside más de la mitad de los estudiantes de la UNAM.

El PRD había encontrado el quid, no pestañeó al violar la ley, desviar recursos e intervenir en una institución autónoma. Incluso mintió. Calificó al Reglamento General de Pagos de medida "privatizadora" y denunció su inconstitucionalidad e ilegalidad. Tan sabía que no es así, que ha propuesto recientemente una iniciativa de Ley Orgánica de la UNAM en la que se priva a la universidad del financiamiento autónomo, vía las cuotas y se cancela la atribución de reglamentarlas.

El PRD es la formación política que recibe los votos de izquierda. Es la expresión de una alianza que congrega, en principio, a las fracciones y corrientes progresistas; es una alianza construida a lo largo de décadas de trabajo. Levanta las banderas populares. La ocasión era única para preparar un golpe magistral, imponer a la universidad una rectificación y satisfacer una aspiración mayoritaria de los mexicanos. El pretexto sería esta última. Por eso era necesario organizar un plebiscito, por magro que fuera, que acreditara al menos la voluntad de los universitarios. Al concluirlo, el PRD se sintió autorizado a pretender que "más de 70% de más de 90 mil alumnos" (después habría de decir que eran más de 107 mil) estaban en contra de los pagos.

Pero hubo un pelo en la sopa: la Asamblea Estudiantil Universitaria ya había cobrado para entonces un impulso insospechado. Y lo que es más grave, estaba en control de las asambleas de activistas y ya había decidido, desde el 7 de abril, estallar la huelga general para el martes 20 de ese mes. Con la carta del referéndum en la mano, los "ultras" tenían libre la vía para terciar con credenciales democráticas. El PRD se encontró así con la inquietante sorpresa de que le "robaron" su referéndum. Los activistas de los diversos grupos, subgrupos y fracciones interpretaron la supuesta inconformidad con los pagos como la inequívoca señal de aprobación a la huelga.

Las maniobras en las asambleas fueron inútiles. El PRD fue rebasado. No sólo tuvo que consentir la huelga, debió asegurarse de que ésta se hiciera realidad. Las divisiones internas estaban desatadas. Era el momento de elección de dirigentes nacionales y capitalinos del PRD. Nadie se arriesgaba a perder el voto universitario. Además, la tramoya montada se vendría abajo con un movimiento popular que culminara en fiasco. El PRD le echó gasolina al fuego. Ahí estaban los representantes perredistas del Movimiento Urbano Popular para llevar colonos, convertidos en "padres de familia", a cerrar por la fuerza las facultades recalcitrantes. Ahí estaban las colonas para injuriar, carimarcar y golpear a los profesores que resistieran. Ni modo que los ceuístas recularan. Y mientras el PRD maniobraba, los ultras se apresuraron a comandar los cierres y a controlar a las asambleas y a los delegados. Le enseñaron latines a Ovidio. La ultra impuso la huelga. El partido democrático, organizado, gobernante, clientelar, se vio rebasado en la maniobra, sobrepujado en el golpe, desbordado por la izquierda. Otra imagen hecha añicos.

Hoy, con la huelga, la ultra se ha hecho con el espacio de la UNAM. El PRD ha empujado la pérdida de un territorio vital. No fue un acto voluntario. Estuvo aculado por sus propias paradojas. El Movimiento Urbano Popular perredista se construyó sobre la ocupación especulativa de las tierras y la creación de intereses materiales. Las complicidades van más allá de todo discurso. Esa es la tierra del licenciado Bejarano y de la señora Padierna, los archirrivales de Carlos Imaz, líder del CEU y aliado de Cárdenas. Ese es territorio de las fracciones rivales del cardenismo, en el Distrito Federal y en la Asamblea Legislativa. Ahora quieren ampliar su base. Con la huelga metieron la mano en la universidad.

El cortoplacismo del gobierno de Cárdenas ha puesto en riesgo el territorio natural de sus aliados ilustrados. El CEU, el órgano estudiantil perredista, está arrinconado, convertido en catecúmeno. Recibe la lección cotidiana de la ultra universitaria. Sus partidarios son "asamblea en el exilio", como en Ciencias Políticas, o minorías discretas en otras partes, o "vende huelgas" o "hijos del PRD", en el Consejo General de Huelga. Así les gritan los ultras, cuando guardan la compostura.

Por su parte, el gobierno local es objeto de escarnio todos los días. La impunidad de los activistas ha desbordado incluso la pretendida territorialidad de la autonomía universitaria; se ha instalado en los autobuses secuestrados, en las sedes alternas asaltadas, en los módulos públicos destruidos, en las clases extramuros y en las actividades escolares que han debido refugiarse en el Estado de México. Todos los días la radio urbana, que ha reducido la huelga a evento de nota roja, rinde un testimonio sangriento y humillante de que el principio según el cual "sobrevivir es triunfar", ha sido una consigna ruinosa para Cárdenas, para el PRD y para el CEU. Después de la apoteosis del 97, el PRD obtuvo en 1999 el tercer lugar electoral en el Estado de México con la mitad de los votos obtenidos por el PRI.

El pasado 25 de junio fue citada a mediodía la sesión del Consejo General de Huelga, en la ENEP-Iztacala. Asisten 346 personas. Está previsto, al fin, un "encuentro" con las autoridades, días después, en la Cámara de Diputados. La sesión es entonces crucial. Se inicia tarde, casi a las cuatro de la tarde. Dura cerca de 17 horas. Participan los representantes de las escuelas y facultades... y algunos más. Está presente el sindicato de la UNAM. Participará, según dice su representante, en la Convención Nacional contra las Privatizaciones en Chiapas. Anuncia también que el sindicato evalúa "nuevas" aportaciones económicas al movimiento estudiantil. Pero exige estar en la reunión con las autoridades. El que paga manda. Los brigadistas dan cuenta de sus planes para invadir sedes del examen de ingreso a bachillerato. Se discute la organización del precongreso. Cada facultad fija su posición. A las nueve de la noche se hace un recuento de posiciones. El cómputo se interrumpe por un enfrentamiento entre los representantes de la Facultad de Ingeniería. Pasa el tiempo, inexorable. Ahora van a dar las diez de la noche. Se discuten: el formato del próximo encuentro con las autoridades, en la Cámara; la agenda y, desde entonces, las circunstancias de un hipotético segundo encuentro. Después de un debate caótico para precisar si se discute el plan de acción o el diálogo con las autoridades, a las 23:50 se determinó, al fin, el Orden del Día. Se acordó asistir a la Cámara de Diputados, a la reunión con las autoridades, pero sólo para abordar el formato del diálogo y no para negociar ningún punto. Se debatió entonces si habría un diálogo posterior y si su realización se condicionaría. Por mayoría de votos se decidió no condicionarlo. El acuerdo fue impugnado por razones de procedimiento. Las diferencias condujeron a otra larguísima y enconada discusión. Los enfrentamientos fueron estridentes y prolongados. Finalmente se llegó a un acuerdo. El diálogo no se condicionaría, pero este acuerdo sería indicativo y no resolutivo. Los seis puntos del pliego petitorio fueron declarados una vez más "no negociables". Se añadieron tres: la cancelación de los cursos extramuros, el "alargamiento" del semestre y el "levantamiento" de las denuncias y sanciones contra los activistas. No habría condiciones, pero estos puntos se aprobarían ¡antes! Nadie entiende; o más bien, todos entienden que no habrá negociación. La sesión concluyó a las 10:28 del 26 de junio, 22horas y media después de la hora en que fue citada. Al concluir, un activista irritado por el ¡dialoguismo! prevaleciente, indicó que si la universidad no aceptaba los tres nuevos puntos, antes de discutir el pliego petitorio, su corriente acudiría a "acciones de tipo guerrillero". Nadie repara en él.

Pienso en los "establecimientos sociales", en los espacios donde se definen las fronteras, las identidades, las reglas del intercambio social. Pienso en la universidad abierta, compleja, libre, plural. Pienso en esos planteles abandonados, donde hombres y mujeres de 20 años cuidan su territorio, libran la lucha "popular y democrática", cohabitan, acechan el signo de la intrusión. Pienso en esos puñados de jóvenes repartidos en decenas de dependencias aisladas; ahora enregimentados, después congregados en batallas interminables de oratoria. Pienso en esos jóvenes vigilados, dominados por el temor a la descalificación, el pánico a perder la representación, el terror a la expulsión, prestos a demostrar que están listos. En estos jóvenes está la decisión de mantener cerrada la universidad. De estos jóvenes pende el sistema de investigación de México.

Los miembros del FZLN decidieron no asistir como delegados con voto al CGH. Entiendo la decisión del Frente Zapatista. Explican que decidieron "suspender las alianzas colectivas e individuales porque la voz de los de abajo no está expresada...". Entiendo su llamado a "escuchar a la base estudiantil a todos los compañeros y compañeras que están en las cocinas, guardias, brigadas y asambleas". Entiendo también "a la asamblea en el exilio" de Ciencias Políticas, a los estudiantes expulsados por los ultras del paraíso desolado y hostil de sus planteles y a los activistas de Acatlán, resueltos a abandonar la salvaguarda del plantel, hostigados por los ultras y paralizados de miedo ante los porros. Hoy en la universidad han encontrado refugio y domicilio movimientos, bandas, redentores, parias. Es la tierra abandonada de que hablaba Vargas Llosa. La realidad está ahí: es la querella por el voto, la lucha interna, la puja maximalista. Los jóvenes son los reclutas del Claustro.

En este cuadro se han producido propuestas insólitas. El 2 de julio, el presidente de Coparmex, Alberto Fernández Garza, propuso cerrar la universidad. El 7 de julio reiteró su propuesta. Dijo que en Venezuela, en el pasado, la universidad se cerró dos años "y no pasó nada". Después se reabrió "sobre bases nuevas, sanas". Propuso que la universidad se cerrara "de dos a cinco años" y que, mientras tanto, el Estado becara a los estudiantes para que asistan a instituciones privadas. "Será más provechoso", concluyó.

El mismo 7 de julio, la prensa reprodujo las declaraciones de Pablo Gómez, presidente del PRD y líder interino de la bancada perredista en la Cámara de Diputados. Informó que su partido ha propuesto la derogación de la Ley Orgánica de la universidad y la aprobación de una nueva, que establezca la autonomía, y deje a un Consejo (o Congreso) Universitario Constituyente la organización de la universidad, según un esquema que el PRD ha propuesto desde hace años. Es sorprendente, los intereses de las cúpulas empresariales y los intereses de los dirigentes perredistas son idénticos: derogar la Ley Orgánica de la UNAM; unos en favor de la universidad privada, otros en apoyo a la universidad democrática y popular.

Las instalaciones de la universidad han sido asaltadas repetidamente. Hace mes y medio algunos institutos de investigación en el área social fueron asolados por asaltantes activistas. Vejaron por igual a hombres y mujeres. Sustrajeron equipos, bienes y hasta dinero. Produjeron destrozos. Una semana más tarde repitieron la dosis; esta vez en otro instituto. A lo largo de cuatro semanas aterrorizaron a los centros educativos extramuros. Algunos fueron saqueados. En todos ellos fueron humillados docentes y estudiantes, sin importar ni género ni edad. Fue pasmoso: la policía se constituyó en testigo marginal. Ni se despeinó. Las bandas demoledoras llegaban y se retiraban con escolta policiaca. El despojo continúa. ¿Los mexicanos asaltados, saqueados, humillados por la acción de los activistas y la omisión de las autoridades no merecen la defensa de sus derechos humanos? La imagen del derecho es publicitaria. En los hechos, el principio es "una ley para unos, otra ley para los demás".

Lo correcto no es una extensión de lo jurídico ni se identifica necesariamente con lo "legal". Puede incluso ser a la inversa. A menudo se circunscribe a un cierto estrato social: los letrados, los enterados, por ejemplo. Se trata más bien de un conjunto de expectativas, de un estado de ánimo, de una imagen social asociada a una situación. Es la respuesta del buen gusto.

Las cosas andan mal cuando es políticamente correcto violar la ley y políticamente incorrecto hacerla cumplir.

En la actualidad, algunos movimientos pretenden que es políticamente correcto expresar intereses, reivindicar demandas, presionar a las autoridades y a la sociedad para obtener ganancias, aunque ello implique atropellar los derechos de los demás. Es políticamente correcto que una docena y media de ciudadanos cierren la lateral del Periférico durante horas, con costos formidables, para defender sus posiciones; y es políticamente incorrecto ejecutar una sentencia patrimonial, cualesquiera que sean las circunstancias.

Los activistas han reivindicado en la UNAM esta inversión, este enfrentamiento entre lo legal y lo apropiado. Es políticamente correcto imponerle a una mayoría indefensa el paro de actividades y el desalojo de la universidad, cerrar los accesos, hostilizar a los recalcitrantes, vejar a los oponentes, reducir a los discrepantes, uniformar la opinión y excluir el derecho a disentir; es políticamente correcto tomar autobuses por la fuerza, conducirlos arbitrariamente por la ciudad, asaltar instalaciones universitarias, transitorias o efímeras, golpear, vejar, robar, en nombre de la educación popular. Es apropiado y es correcto que un movimiento popular impida a los órganos legislativos sesionar, o bloquee el funcionamiento de las instituciones, injurie, constriña. ¿Para qué hablar de expropiar materiales y equipo, tomar locales y muebles, recurrir a autopréstamos de vehículos? En cambio, es políticamente incorrecto persistir desde una posición legal en la sesión de un órgano legítimamente convocado, ejercer atribuciones estatutarias, aplicar los reglamentos, buscar alternativas para cumplir fines institucionales, impedir el avasallamiento, resistir las agresiones, oponerse al asalto. Esta es una imagen sorprendente, excéntrica. Han cambiado los bandos, en efecto. Corremos el riesgo de que, ahora, quienes defienden la ley sean perdedores; y quienes la violan ganen.

En enero de 1973, el doctor Guillermo Soberón se hizo cargo de la rectoría de la universidad. La casa de estudios llevaba meses cerrada por una huelga. Era un hecho insólito. La UNAM contaba con estatutos del personal que, se pensaba entonces, hacían innecesaria una huelga. El paro sindical rompió con la imagen de la autonomía como un capullo protector de las realidades y los conflictos laborales. Las autoridades titubearon. No sabían si negociar o no hacerlo. Por lo pronto, decidieron seguir pagando los salarios. De hecho, financiaron la huelga del personal administrativo. La negociación fue difícil. La renuncia del rector no cambió las cosas. La comisión negociadora, designada por la Junta de Gobierno, obtuvo avances sorprendentes pero la universidad siguió cerrada. El doctor Soberón decidió modificar los términos del experimento. Dejó de pagar. Antes de vencerse la siguiente quincena se había logrado un acuerdo y la UNAM reabrió sus puertas. Cambió la imagen.

Después de meses de amedrentar, asaltar y humillar, estos pintorescos personajes desaparecieron, tan inexplicablemente como habían surgido. El debate fue absurdo. ¿Qué hacía en la universidad un comando armado apoderado de la rectoría, paseándose por el campus, expropiando bienes? La transgresión era in fraganti. Mediaban denuncias. La autonomía no implica, como todos sabemos, extraterritorialidad. Correspondía a las autoridades civiles desalojarlos. Fue infructuoso el alegato de la universidad. Las autoridades civiles exigieron el requerimiento expreso de las autoridades universitarias de echar mano de la fuerza pública en el campus.

Nunca, nadie se refirió al problema de fondo. El gobierno federal no quería otro 68. Intervenir con la fuerza pública implicaba correr riesgos que decidió no asumir. El rector no quería prestarse a un juego malvado. Es difícil saber qué era peor: si desnudar una interpretación abusiva de la autonomía, o hacerse rehén de la evasión de las responsabilidades legales del Estado. Los aparatos de seguridad estaban detrás, ¿quién más? Inventaron una especie de "coco". Terminaron por asustarse con él. No era para menos. Los crímenes de Derecho e Ingeniería fueron terribles. La universidad quedó desgarrada.

Meses después de su nombramiento, el doctor Soberón enfrentó el mismo problema. Pretendieron secuestrarlo. El mismo esquema de 1971 estaba por reproducirse. Incluso, algunos veteranos se hicieron presentes. El rector denunció los hechos y pidió que se actuara conforme a derecho, donde quiera que fuera necesario, incluso en los locales universitarios. Los provocadores huyeron oportunamente. Como por encanto se restableció el orden. Claro, las secuelas fueron difíciles. Los activistas, algunos estudiantes, y no pocos académicos, expresaron su desaprobación. La manifestación fue nutrida. Pero la cosa no pasó a mayores. Nadie quería vivir de nuevo la pesadilla del 71 y menos la del 68. Otra imagen quedó hecha cisco.

En este mismo esquema se apoya la rasgadura de vestimentas porque las autoridades "se niegan a dialogar". En su documento primigenio, en todas, absolutamente en todas las sesiones del CGH, y en las sesiones con la Comisión de Encuentro (CE) de la universidad, los activistas han dicho que sus seis puntos "son innegociables". Han añadido que el formato y la agenda del diálogo tienen que acomodarse puntualmente a sus requerimientos. La negativa de la CE a perpetuar el desencuentro les pareció un acto autoritario intolerable. La CE pidió un pronunciamiento escrito. Los activistas contestaron con su lema: "Disposición al diálogo y rechazo a la negociación". Hoy denuncian la cerrazón de las autoridades. Acaso el argumento será de nuevo convincente.

Los paristas así lo quieren. Piensan que si pudieran exponer sus razones al "pueblo de México" todos los mexicanos seríamos conversos. Se piensan como predicadores. Pero necesitan feligreses. Dialogar sin negociar es predicar; hacerlo públicamente es descubrir el sermón de masas. El diálogo tiene que ser público, "en vivo y en directo (sic)". Todas las sesiones del CGH han acordado el mismo punto sobre el "formato", la "agenda" y el "pliego petitorio". Claro, en esas condiciones, el diálogo no es diálogo, es un monólogo frente al espejo.

Sin embargo, no se pudo precisar la sustancia. Apenas se convino "estudiar" la inclusión de nuevas demandas: impunidad para los activistas e inmovilidad para la universidad, "desvanecimiento" de los costos académicos del paro. Para las autoridades, "estudiar" implicaba posponer el punto; para los demás implicaba aceptarlo. Al día siguiente, el martes 6, el encanto se evaporó. La reunión se tensó por la pretensión de incluir en la mesa de trabajo a un representante de la preparatoria popular. La CE se rehusó a aceptarlo. Se había desvanecido la ilusión de un acuerdo. La CE propuso integrar "la agenda de un debate amplio y participativo para llevar al Consejo Universitario un proceso de transformación de la universidad". Hacerlo requería, argumentó, recibir nuevamente a todos los universitarios en las instalaciones abiertas. Los paristas se negaron a devolver las instalaciones y levantar la huelga, y explicaron que debían realizar una reunión plenaria del CGH para analizar la propuesta de las autoridades. Afirmaron deber consultar a las asambleas y a la plenaria del CGH, y no poder reanudar la sesión sino hasta el lunes 12.

Era cierto. La reacción ulterior del CGH demostró que la comisión de estudiantes se jugaba la cabeza, no podía aceptar absolutamente nada sin consultar. De hecho, los acuerdos firmados implicaban ya un ejercicio excesivo de sus funciones. Además, surgió un obstáculo infranqueable: la CE exigió la devolución de la universidad. La discusión de la agenda, subrayó, sólo podía ser ulterior. Los activistas exigieron la aprobación de su pliego petitorio y de los puntos previos, como la condición para proceder, después, a discutir la entrega de las instalaciones. ¡Un abismo!

1) Despojar de toda capacidad de acuerdo a los delegados, salvo en cuestiones operativas, como fijar hora y día de otras reuniones; 2) defender las propuestas de formato y de agenda del diálogo del CGH, "hasta imponerlas"; 3) expulsar a quienes no cumplieran estos acuerdos; 4) formar una comisión de enlace, entre los delegados y los estudiantes que se encontraran fuera; y 5) rechazar cualquier "asesoramiento al movimiento".

Estos acuerdos son inequívocos. Una vez más quedó claro que el movimiento no admitía fisuras, que los disidentes serían expulsados, excluidos. Era claro que pensaban en el diálogo como un mecanismo para imponer; que "lo mío es mío, y es innegociable"; y que dialogar "es negociar lo tuyo".

Conviene, sin embargo, subrayar una clave; la clave de la reunión. Los activistas habían alegado frente a las autoridades que no podían pronunciarse sobre la propuesta de éstas, que necesitaban consultar a las asambleas, que el CGH debía pronunciarse. Ahora bien, en la plenaria del CGH nunca se hizo referencia a la propuesta de las autoridades. Esta no se expuso ni se discutió. Menos fue objeto de acuerdo. Los activistas no han tenido a la universidad como interlocutor. Hablan con el espejo, consigo mismos.

¿Tenían razón las autoridades? Desde luego. Los activistas habían exigido un encuentro "resolutivo". ¡Que resolvieran entonces! Y, sin embargo, también se equivocaron. Ya se sabía que la comisión del CGH no podía negociar ni resolver nada; que su línea era imponer el formato, los acuerdos y el pliego "innegociable". Inútil pedirle peras al olmo.

Los activistas reiteraron pura y simplemente que los seis puntos del pliego petitorio eran innegociables y que debían aprobarse previamente la propuesta de formato y los tres puntos ya presentados.

La discusión se trabó, además, en el intento por acordar el rechazo recíproco a la violencia. La sesión fue infructuosa.

Nuevamente la reunión fue infructuosa. Los representantes del CGH repitieron invariablemente la misma posición: adopción del formato propuesto, consentimiento a la agenda propuesta y acuerdo con el pliego petitorio.

El CGH, por su parte, lanzó el 19 de julio un "Manifiesto por el diálogo". Rechazó la posición de la CE, la acusó de reiterar "una agenda para la negociación y no para el diálogo" y repitió que su posición es "innegociable". Destaca en el manifiesto una expresión que permite interpretar la posición del CGH: "La negociación, a partir del marco institucional, no posibilita resolver este conflicto". Propuso en consecuencia impulsar un "Congreso Universitario Democrático y Resolutivo (...) construyendo el proyecto de universidad que verdaderamente requiere la sociedad mexicana".

El mismo 19 de julio, en el Foro de Discusión sobre el Balance y Perspectivas del Movimiento Estudiantil, los tres maestros participantes expusieron ante un auditorio de cinco docenas de personas su propuesta de universidad. El primero exigió una universidad crítica, la autogestión académico-pedagógica, el autogobierno universitario y la "eliminación de jerarquías académicas". Otro ponente propuso gobernar a la universidad con un rector que sea únicamente su representante, un Consejo Académico General, que debe elegir al rector, y una administración general. La conducción de la universidad debe quedar, por lo demás, en manos de la comunidad. El último de los ponentes propuso "ir por todo con el movimiento estudiantil". A lo largo de la semana sesionó el Precongreso. Las ocho mesas se redujeron a una. Las grandes exposiciones concluyeron en minutos. Un centenar de participantes reprodujo un ejercicio de autismo.

El PRD ha perdido. Y Cárdenas también. Los costos electorales en el Estado de México fueron muy altos. Seguirán incrementándose. El PRD había construido en el electorado la ilusión de que representa una alternativa seria de gobierno nacional. Parece empeñarse en demostrar lo contrario. Después de todo, es inimaginable iniciar el siglo XXI con un partido que vive de la perturbación de los espacios académicos y la interferencia en las instituciones autónomas.

La "ultra" piensa vivir sus días de gloria y haber comprado el futuro. Creo que su apreciación es equivocada. La universidad académica y sólida del siglo XXI es incompatible con la mezcla premoderna de rebeldía primitiva, autoritarismo galopante y radicalismo populista que la caracteriza. Su triunfo será la señal de un éxodo, más que la llamada de un futuro promisorio. Históricamente, las posiciones "todo o nada" han concluido más cerca de la nada que del todo. La ultra es portadora de un espejismo. La lucha en la UNAM conducirá, afirman, a la construcción de un Frente Metropolitano, de un Frente Nacional y, por qué no, con el tiempo, de un Frente Cósmico para la liberación y la democracia. Han creado, piensan, un espacio libre. No están dispuestos a negociarlo. Se preparan para extenderlo. Hacen inevitable la confrontación. Imponen el restablecimiento de la realidad. Toda la propuesta del CGH descansa sobre la verdad de una conjetura: contra la fuerza de los activistas es imposible la fuerza del derecho, del orden coactivo. Es una apuesta grave. Es una apuesta improbable. Es inconcebible el cruce gradual de todos los umbrales sin una respuesta del Estado. Así han concluido inexorablemente los maximalismos.