Al igual que los spots de Madrazo, los de Cuauhtémoc se mueven en una zona de matices no reglamentada. En sentido estricto, se trata de promocionales de gobierno; en términos reales, tienen un alto contenido de propaganda personal.

A falta de normas han llovido acusaciones que no tienen otro efecto que el de dar la impresión de una guerra política desatada. En tanto, no se resuelve el dilema: ¿hasta qué punto es válido aprovechar el puesto de elección popular para utilizar el dinero público, que paga la ciudadanía, en labores de propaganda política? Tal vez podamos encontrar algunas claves para la difícil respuesta en otros lugares.

Por ejemplo, en Italia, la falta de regulación al respecto causó, en las pasadas elecciones europeas, municipales y provinciales, un notabilísimo desequilibrio entre la propaganda televisiva de Forza Italia y la de las demás formaciones políticas. El cabecilla de Forza Italia, el magnate mediático Silvio Berlusconi, utilizó con total desvergüenza sus canales de televisión para promover tanto a su partido como a la labor de los alcaldes de su organización que habían triunfado en elecciones anteriores. Los otros partidos políticos italianos, incluido el PDS del primer ministro Massimo D’Alema, tuvieron que conformarse con los minutos de tiempo oficial destinados por la ley para la propaganda electoral. Las encuestas posteriores al voto dan cuenta de que la televisión fue un factor que influyó en la baja de la coalición gobernante y el ascenso del partido berlusconiano.

Dinero privado más propiedad del medio más trato preferencial a las administraciones locales para su propaganda dieron como resultado elecciones inequitativas. El dinero público y el espacio garantizado en televisión fueron insuficientes para compensar la diferencia. Esta hubiera desaparecido sólo si el dinero público se hubiera multiplicado o si se hubieran puesto barreras legales férreas.

En México, por tradición política, la publicidad de los gobiernos locales y federal en la televisión es un hecho consuetudinario. Y, desde hace años, esa publicidad tiene fines políticos: promover la aceptación popular de las acciones de gobierno (y, por lo tanto, de las personas y el partidazo que las llevan a cabo). Por eso, tanto Madrazo como Cárdenas, aunque hayan torcido sus anuncios hacia lo personal, lo único que hacen es continuar con una práctica santificada.

La pregunta que empieza a hacerse la sociedad es si esa práctica es sana. Muñoz Ledo ya señaló que es incongruente con el discurso del PRD. Lo que más debe importarnos es si es congruente con un proceso democrático equitativo y si hay peligro de caer en una sobrerreglamentación.

Ya no es posible regresar a la época cuando las campañas eran ideológicas, dominadas por la militancia y en donde importaban discursos y actos masivos. La tele ya ganó.

Tampoco es posible pasar a una etapa puramente mediática en la que las condiciones de un acceso extremadamente desigual a la televisión (por disposición de recursos financieros o por facilidades para la obtención de tiempos no oficiales de transmisión) puedan convertirse en factor determinante para guiar la voluntad del electorado.

Pero no es deseable que leyes draconianas o instituciones caprichosas acoten, con múltiples candados, las posibilidades de comunicación política a través de los medios electrónicos.