En México, la debilidad del orden jurídico ha provocado que la clase política y los diversos grupos sociales tengan una mayor autonomía y control sobre una variedad de recursos en un contexto donde el Estado mexicano es incapaz de detener, de un modo u otro, las acciones de ambos actores de un drama que, para algunos analistas, nos sigue manteniendo dentro de la órbita de los países atrasados: el clientelismo y su personificación a través del gestor, líder, caudillo, cacique, etcétera.

Los rasgos de fidelidad y lealtad son importantes para el individuo que controla la distribución de las fuentes necesarias para la reproducción socioeconómica de las familias. Pero las familias recurren al protector porque su condición así se los demanda: son pobres y, al mismo tiempo, el poder público no tiene los mecanismos para suplir la función que cumple de manera eficiente el líder o cacique. Esta situación, según los teóricos de la modernización, es más común en el ámbito rural. Por tal motivo, al campo en América Latina, en términos generales, se le atribuyen los defectos de una tradición marcada por el autoritarismo patriarcal.

Sin embargo, ese punto de vista olvida que cuando un Estado es débil facilita la existencia de una multiplicidad de poderes locales –recuérdese el periodo feudal en Europa– indispensables para asegurar no solamente lo mínimo para la existencia humana, sino la seguridad física ante los peligros originados por las rivalidades o ambiciones de los otros señores o de los mismos criminales o ladrones. Además, el clientelismo se ha reproducido en las ciudades no solamente de México sino del resto de la América Latina. A pesar de que las urbes fueron consideradas como centros de la modernidad basada en la rápida industrialización y el consumo de amplias capas sociales.

De esta manera, el criterio rígido asumido para identificar el clientelismo como parte de las sociedades agrarias y las relaciones impersonales, resultado de la división del trabajo industrial, desarrolladas en el medio urbano, se dejó de lado para establecer que la sociedad mexicana es híbrida, recordando al antropólogo universitario Néstor García Canclini. En otras palabras, lo tradicional convive con lo moderno, la pobreza con la opulencia, el misticismo religioso con la racionalidad basada en el cálculo y en la ciencia. No se acaba por ser moderno del todo, pero lo importante es preguntarse si esto ha sido un obstáculo para solucionar el problema de la debilidad del orden jurídico o es su consecuencia. La presencia del clientelismo en la vida pública favorece la corrupción, la discrecionalidad, la impunidad, o es la forma que, tanto la clase política como la sociedad, encontró a mediados del siglo XX para convivir mientras el auge industrial no mostraba los signos de agotamiento y crisis como al finalizar el milenio.

Debilidad institucional

La clase política mexicana, en el periodo que siguió a la revolución de 1910, se agrupó gracias a la creación de una institución: el Partido Revolucionario Institucional (PRI); en los años 20 fue el Partido Nacional Revolucionario (PNR) y, en los años 30, Partido Revolucionario Mexicano (PRM). Un partido que amplió su campo de acción no solamente hacia los poderes locales o caciquiles, como sucedió en un primer momento sino que abarcó también a los grupos sociales, en un segundo momento, que fueron actores principales de la urbanización e industrialización del país: obreros, campesinos y clases medias. Esto, sin embargo, no borró el autoritarismo ni el clientelismo sino que se convirtió en un mecanismo de suma utilidad para administrar los conflictos sociales. Esta organización partidista de la clase política fue posible también por la ausencia de competencia electoral, la corrupción y el mantenimiento del clientelismo para establecer una relación de dependencia entre las autoridades y los beneficiados con los bienes y servicios, producidos con recursos del erario público, para conservar una reserva de votos o de apoyo masivo cuando los actos de la clase política lo demandaban.

La debilidad del orden legal, así como de los aparatos del Estado, fue ocultada por el poder "extraordinario" que adquirió la Presidencia del país. Esto fue resultado de la derrota de la "sombra, de carne y hueso, del caudillo" llamado Plutarco Elías Calles, en los años 30, por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Un poder que se caracterizó rápidamente por su autoritarismo, lo que reproduce ciertas actitudes del hombre fuerte y la discrecionalidad ejercida tanto en el manejo de los recursos públicos como en la forma de mantener sus gustos o preferencias, con respecto a la elección de los medios, para solucionar o controlar los problemas desprendidos de la disidencia política o social.

Las crisis económicas, síntoma del agotamiento del modelo de industrialización vía sustitución de importaciones, junto con la pérdida de control para mantener a la oposición partidista, sobre todo después del movimiento estudiantil de 1968, en un sistema electoral manejado por el Presidente y, de este modo, asegurar la mayoría absoluta del PRI en las cámaras de Diputados y Senadores, mostraron los límites del poder "extraordinario" de la Presidencia. Ante una realidad no rural sino urbana donde el voto se volvió un objeto de lucha que colocaba en otra posición a las prácticas de manipulación y clientelismo, sin extirparlas, pero moderando sus abusos. La exigencia de transparencia en los comicios fue una bandera de lucha de la oposición social, local y luego nacional, que confluyó, a mediados de los años 80, en los partidos políticos para hacerlos protagonistas de la transición democrática: el Partido Acción Nacional (PAN), y una alianza entre partidos de izquierda unificados por la figura del disidente del PRI Cuauhtémoc Cárdenas finalmente hicieron más disputadas las elecciones presidenciales. La pax priista llegaba a su fin en un México urbano descontento con la forma como la crisis económica le había afectado sin que el poder presidencial pudiera asegurarle alguna compensación.

El descontento social encontró su canal en los partidos políticos de oposición y las sucesivas reformas electorales se encaminaron, a fin de cuentas, a reactivar la competencia electoral. Se terminó el control presidencial sobre las instancias encargadas de celebrar los comicios. De este modo, el PAN y el PRD, este último producto de la disolución de la alianza de los partidos de izquierda y demás grupos que formaron el Frente Democrático Nacional en las elecciones presidenciales de 1988, se consolidaron como partidos ganadores en los diferentes municipios y estados. Y, posteriormente, en los años 90, su mayor presencia en la Cámara de Diputados acabó con el dominio absoluto del PRI. Por fin, el voto tenía su valor y confirmó la tendencia registrada en la caída en el número de votos en favor del PRI. Los comicios se hicieron más transparentes porque la vigilancia de la oposición y de otras organizaciones civiles fue aceptada.

No obstante, frente a la crisis institucional, expresada como debilidad del orden jurídico, a pesar de las expectativas positivas que generó la competencia electoral entre la opinión pública, lo anterior se olvidó. Ahora que la clase política sufre una crisis de representatividad y de incapacidad para gestionar los conflictos de una sociedad compleja marcada por la urbanización y el auge de los medios de comunicación, algunos grupos sociales demandan una mayor presencia del Estado y, en consecuencia, de la legalidad. En otras palabras, una mayor autonomía de los aparatos burocráticos del Estado.

Pero también se creyó que con una clase política renovada –no por los tecnócratas, que han mostrado sus deficiencias para impulsar de nuevo el desarrollo económico y el bienestar colectivo– concretada en los gobernantes o representantes populares que vienen de las filas de los partidos políticos de oposición, en mayor o menor medida, las demandas originadas por la falta de instituciones se resolverían. No fue así porque los mismos partidos de oposición sufren un mal derivado de la lucha de grupos en su seno, lo que indica, como en el caso del PRD, una disputa por los privilegios originados por el ejercicio del poder o control sobre los recursos que los avala.

Redentores y carismáticos

La imposibilidad para que la clase política se amplíe y se construya una nueva representatividad que permita, por ejemplo, fortalecer la presencia del Estado para hacer del cuplimiento efectivo de la ley un mecanismo de manejo de la conflictividad social, es una tarea pendiente. Antes los partidos de oposición tienen que arreglar sus problemas organizativos internos relacionados no solamente con el relevo de sus respectivas dirigencias, como el caso del PAN y del PRD, lo que ha desatado ambiciones de todas las fracciones, sino cómo consolidar la vida institucional en México. Una exigencia problemática, porque el PAN y el PRD siguen apostando por la figura, el carisma, los dotes individuales del salvador o redentor, el líder natural o moral, que en este caso se llaman Vicente Fox Quezada y Cuauhtémoc Cárdenas.

La lucha interna de grupos o facciones que invalidan los credos ideológicos, aunque en el PAN existen disputas entre los doctrinarios y pragmáticos, se basa en un capital político acumulado por la vía clientelar. Recordando que el gobierno priista solamente estableció acciones de ayuda permanente y restringida de bienestar social a los sectores organizados y vinculados a la economía formal, como los obreros, campesinos, algunos sectores de la clase media, por ejemplo, con la construcción de grandes unidades habitacionales en la década de los 50, ahora los recortes en el gasto público impiden cumplir con esa tarea, la cual buscaba un intercambio de apoyo a través de la satisfacción de requerimientos que el mercado no podía garantizar para dichos grupos sociales. Pero la informalidad, tanto de actividades económicas propias del desempleo o subempleo, como de ocupación "irregular" de predios o lotes en la periferia urbana de parte de los sectores pobres, lo que abarca a obreros y capas de la clase media baja, ha mantenido la vigencia del clientelismo en tiempos de globalización económica.

La organización social de la informalidad en las ciudades ha seguido el esquema clientelar promovido por el PRI. El orden convencional, es decir, las prácticas sociales que se regulan por normas no escritas o particulares, pero con demasiada fuerza para anular el orden legal, sigue siendo la base del clientelismo en México. Un monopolio que tenía el PRI, pero ahora se ha roto, entre otras razones porque los partidos de oposición tienen acceso a los escasos recursos de la administración pública al transformar a sus candidatos en gobierno o representantes populares. Esto ha abierto la posibilidad de que, ante la ausencia de una política social para atender los rezagos, se recurra al mismo para acumular un potencial que deberá manifestarse en las urnas. En otras palabras, para seguir ganando elecciones. Así, tenemos escenas donde los diputados locales de oposición –en este caso del PRD, como sucedió en la ciudad de México– con recursos públicos, se ponen a repartir alimentos o leche de baja calidad, a veces de manera gratuita o en otras ocasiones los venden a precios populares, a las familias pobres a cambio de su afiliación al partido. Esto, a la larga, representa el acceso a las posiciones de poder.

La vivienda, al ser un bien caro y escaso, cuyo apoyo financiero es de vital importancia para el demandante, sobre todo para los de bajos ingresos, además de requerir suelo para su edificación, se ha resuelto mediante una acción de gobierno que, de manera resumida, transforma al invasor o "ilegal" en propietario del suelo donde, de manera provisional, ha construido su casa-habitación. La política en ese campo hace el "milagro" por medio de la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett). Antes, las organizaciones afiliadas al PRI, PRD, Partido del Trabajo (PT), para citar algunos, han apoyado a los invasores en su tarea, la ocupación "ilegal" de terrenos o predios, y en la gestoría para alcanzar el sueño dorado de tener un patrimonio familiar. Todo por incrementar sus huestes y asegurar votos o contingentes numerosos de manifestantes, como el caso de la organización Antorcha Campesina, para obstaculizar la administración del PRD que no les asegura las prebendas obtenidas bajo el régimen priista.

Mal de muchos

La negociación de intereses regulados por las normas no escritas depende de la voluntad de los negociantes pero más de la decisión de las autoridades, sin distinguir su filiación partidaria, para desviar recursos económicos y humanos para atender sus peticiones. Esto no implica que esas autoridades no lo hagan en favor de las organizaciones o simpatizantes del partido político al que pertenecen. La fuerza que respalda al líder que negocia depende, en este caso, del número o cantidad de individuos movilizados y de su capacidad para presionar usando medios "ilegales", como la obstrucción de avenidas o la ocupación de oficinas públicas. La ocupación "ilegal" también se extiende hacia los predios de propiedad privada sin construcción o de reserva ecológica o, en su defecto, de inmuebles abandonados a la especulación del mercado inmobiliario.

Los gobiernos del PAN –de acuerdo con su principio de subsidiaria, o sea, que no todo venga del gobierno para eliminar supuestamente el paternalismo y la dependencia gubernamental de los sectores más desprotegidos por la economía de mercado– individualizan la ayuda a los pobres, creyendo que su situación se corrige una vez que se les coloque en el circuito de la producción o en el de la distribución. Por ejemplo, el gobernador panista de Guanajuato, Vicente Fox Quezada, argumenta que nadie puede quedarse al margen de las oportunidades orientadas por el mercado. A los pobres guanajuatenses que quieren mostrar su capacidad empresarial se les apoya con créditos de bajo monto, por 650 pesos, lo que se ha llamado la "Revolución del crédito", para que pongan un puesto de quesadillas o de tamales en las calles, cuando dichas actividades pertenecen al mundo del desempleo. Otras veces, a los estudiantes de escasos recursos les otorga una beca para que terminen sus estudios. Una visión economicista del asunto que le sirve para promover su figura redentora entre los pobres. Otro mal que es resultado de la ausencia de una política social integral que ha sido sustituida por acciones de gobierno de corte individual y coyuntural: hoy los lentes, mañana la leche, pasado la colegiatura…, pero con claros dividendos para el funcionario público que quiere seguir conservando su puesto o acceder a la Presidencia del país. Desde esta perspectiva, los pobres también cuentan como votos y mejor si son para el PAN.

El poder de convocatoria de un partido político es reducido en México porque su representatividad es baja entre la sociedad. Por tal motivo, el diputado capitalino panista Arne aus den Ruthen utilizó los "remedios" clientelares para disminuir el efecto numérico de los afiliados y simpatizantes, a quienes les gusta más expresarse en las urnas o en las campañas políticas. Por eso, para atraer a los necesitados, durante su informe de actividades en su respectivo distrito, usó como "gancho" la rifa de despensas acompañada de una fiesta popular.

Por otro lado, el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), hecho a la medida de su líder vitalicio, el empresario Jorge González Torres, es manejado como patrimonio personal. En el PVEM lo verde se identifica no con la vida sino con la nostalgia propia de las clases medias altas por la naturaleza víctima de la modernidad salvaje promovida por el afán de lucro de los mismos empresarios. González Torres no duda en utilizar métodos de presión cuando los intereses económicos de la familia peligran; por ejemplo, su hermana Virginia González Torres, beneficiada con el manejo discrecional del dinero que circula entre la asistencia privada por ejercer el control sobre el Nacional Monte de Piedad, contó con el apoyo del PVEM para que en la Asamblea Legislativa de la ciudad de México votaran en contra de la aprobación de la nueva Ley de Asistencia Privada.