Son muchos los casos en los que, a la luz del discurso justiciero, la aplicación del derecho parece una medida tímida o, en sentido inverso, reaccionaria. Cuando se sanciona a un grupo de estudiantes por realizar actos vandálicos, el Estado aparece como un monstruo autoritario que se prepara para el banquete de la represión; cuando se libera a un delincuente porque fue consignado de manera deficiente, la juez es el prototipo de la complicidad. No ha terminado de arraigar entre nosotros la idea, fundamental para la democracia, de que el derecho no es un mecanismo para satisfacer los deseos individuales sino un instrumento para garantizar la convivencia pacífica y ordenada. En términos formales la justicia no necesariamente se desprende del contenido de las normas sino de su existencia y de la garantía de que serán aplicadas con toda imparcialidad. La seguridad jurídica no está en el resultado de las controversias sino en la legalidad y objetividad con que son resueltas.

Las declaraciones de Cabal Peniche sobre un supuesto donativo multimillonario para financiar las campañas del PRI en 1994 son ideales para ilustrar esta situación. El personaje tiene una fama pública deplorable, aparece en todos los escándalos financieros del sexenio y está siendo procesado por la presunta comisión de múltiples delitos. Todo lo que provenga de él es, a los ojos de un pueblo indignado, sucio de toda suciedad. Una vez sentada la premisa, la condena popular es inmediata: más allá de lo que establezca la ley y de lo que resuelvan las autoridades, Zedillo y su partido son culpables. La sociedad civil merece una sentencia que los condene y aquella autoridad que diga lo contrario es el taparrabos de lo inmundo, la artífice de la impunidad. Es un razonamiento simplón, aparentemente contundente y popular. No importan la certeza y seguridad jurídicas, lo único que cuenta es el sentimiento colectivo, la desconfianza histórica, la conjetura de los puros.

Nada más peligroso para la democracia. Si queremos un Estado de derecho tenemos que empezar por aceptar sus consecuencias. La PGR ya recibió una denuncia sobre estos hechos (presentada por el PRD) y aún no emite su fallo, pero lo cierto es que el actor principal de la novela, Cabal Peniche, está detenido y en vías de extradición a petición del gobierno encabezado por el partido al que apoyó: ¿dónde está la impunidad? Por su parte, el IFE recibió, atendió, analizó y resolvió una queja interpuesta por el propio PRD sobre los mismos hechos. Su veredicto es impopular pero contundente: no hay elementos que prueben la existencia de irregularidades de naturaleza electoral. Lejos de una autoridad electoral sumisa, demostró ser una institución confiable que argumenta jurídicamente, en la que caben posicionamientos e interpretaciones diversas y que hace oídos sordos a los gritos amenazantes de acusadores y acusados. La vocación democrática del IFE no dependía del sentido de su fallo sino del respeto al principio de legalidad. Además su polémica resolución está siendo revisada por el Tribunal Electoral: ¿dónde encaja la falaz acusación del PRD que denuncia pérdida de confianza y credibilidad?, ¿no es éste el mismo partido que hace algunas semanas acusaba al PRI de emprender una campaña de desprestigio contra las instancias electorales federales?

Pero además de la vía penal y de la electoral existe un tercer camino jurídicamente abierto para analizar el caso. A propuesta del PAN (que indiscutiblemente es el partido con mayor visión del derecho) en la Ley de Protección al Ahorro Bancario se estableció un transitorio específico para estos casos: "Si de las auditorías realizadas aparecen operaciones de mutuo o préstamo otorgados por las instituciones auditadas (Grupo Financiero Cremi-Unión entre ellas), cuyos recursos se hayan donado o aportado por los acreditados, directamente o por interpósita persona (supuesto que denuncia el PRD) a entidades de interés público que reciban financiamiento público (partidos políticos) y que por tal motivo hayan generado quebrantos financieros a las instituciones acreditantes, dichas entidades devolverán el monto de las aportaciones de crédito involucradas...". Si los donativos de Cabal encuadran en este supuesto habrá que probarlo y, si es el caso, el PRI tendrá que devolver el dinero. Lo importante es que la declaración de culpabilidad o de inocencia se encuentren fundadas en derecho y sea emitida por la instancia competente. Crear fiscalías especiales y procedimientos ad hoc es una aberración legal.